13/12/13

Denuncia PUDEE hostigamiento por parte de la CFE en El Limar. Chiapas


Fuente: Sipaz

El 7 de diciembre, el Pueblo Unido en Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) publicó una denuncia sobre hostigamiento hacia integrantes de este movimiento en El Limar, municipio de Tila, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los y las integrantes del PUDEE están inconformes con las altas tarifas de la energía eléctrica -les llegan recibos de entre 500 e incluso 10.000 pesos mensuales- por lo cual resisten a pagar los recibos. La denuncia pública menciona: “LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NOS HA PRECIONADO PARA PAGAR EL ALTO COSTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CUANDO HAY PROBLEMAS DE SUMINISTROS DE LA ENERGIA ELECTRICA NOS CULPAN A NOSOTROS. NO ATIENDE LOS DESPERFECTOS DE SUMINISTROS, CAMBIO DE TRANSFORMADORES DESPERFECTOS, OFRECEN MAL SERVICIO. EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2013, EL PERSONAL DE LA CFE. LLEGO EN LA COMUNIDAD A COLOCAR LOS NUEVOS MEDIDORES SIN CONSENTIMIENTOS ALGUNO, LLEGARON CON MIEDO, SOLICITARON APOYO CON EL COMISARIADO EJIDAL Y QUERIAN QUE LOS ACOMPAÑA LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE SE ENCONTRABAN EN LA COMUNIDAD, PARA COLOCAR LOS MEDIDORES. PERO LAS AUTORIDADES SE ABSTUVIERON HICIERON CASO OMISO. HAN CAUSANDO INCONFORMIDADES LOS QUE ESTAMOS EN RESISTENCIA DE NO PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA Y LOS QUE PAGAN SUS CONSUMOS”.

Para más información:

Denuncia pública del PUDEE (7 de diciembre de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: PUDEE denuncia “clima de violencia” generado por la CFE en la zona baja de Tila (11 de abril de 2013)

Chiapas: Denuncia PUDEE amenazas y hostigamiento de la CFE (27 de marzo de 2013)

Chiapas: Denuncia PUDEE cortes de luz por parte de CFE y hostigamiento (14 de marzo de 2012)

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12/12/13

Movilización de 56 comunidades en Tapachula contra represas y minas. Chiapas


Fuente: Sipaz

El 10 de diciembre, 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán marcharon en Tapachula para declarar sus territorios libres de megaproyectos mineros e hidroeléctricos. Exigieron a los tres niveles de gobierno respeten su decisión. Demandaron se les proporcione la información que tengan acerca de los avances e intenciones por parte de cualquier empresa o entidad gubernamental, interesadas en intervenir en su territorio.

A través de la Declaración de Rios y Territorios Libres de Represas y Explotación Minera de la Sierra Madre Sur y Llanura Costera de Chiapas afirmaron: declaramos nuestros Ríos y Territorios Libres de Explotación Minera y Presas Hidroeléctricas y hacemos responsable a las autoridades correspondientes de cualquier conflicto que se pueda generar por continuar con la intención de implementar estos proyectos de despojo.” 


Municipios de Chiapas se manifiestan contra represas y mineras (Chiapas Paralelo, 11 de diciembre de 2013)

56 comunidades de 17 municipios de Chiapas se declaran libres de minería y represas (Centro de Medios Libres, 10 de diciembre de 2013)

Para más información de SIPAZ:



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9/12/13

La cifra de niños que emigran solos a Estados Unidos se multiplica en tres años

El tránsito de menores sin acompañante en el corredor entre Centroamérica y Estados Unidos es el mayor del continente
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Un inmigrante viaja sobre el lomo de la Bestia hacia EE UU. / REUTERS

Eran tres. Tenían entre siete y 10 años y venían de Honduras. La policía los halló en Acayucan, Veracruz (este de México), después de que unos coyotes (traficantes de inmigrantes) los abandonaran a su suerte. El mayor contó que sus padres habían emigrado a EE UU unos meses atrás y que su abuela lo había enviado hacia allá con un hombre al que dijo desconocer. Su historia la publicó el periódico La Tribuna en septiembre. Ellos eran tres, pero son muchísimos más. México es uno de los principales puntos de tránsito de miles de menores que viajan solos para intentar llegar a Estados Unidos. Solo el año pasado detuvieron a 6.000.

Pese a que también hay niños inmigrantes de origen mexicano, la mayoría son centroamericanos. Ocho de cada 10 supera los 12 años de edad y dos de cada tres viajan solos. Huyen de la violencia (Centroamérica es una de las regiones más mortíferas del mundo), la pobreza y en muchos casos para seguir a los padres, que dejan atrás a sus hijos para partir hacia Estados Unidos. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se calcula que hay por lo menos 900.000 niños que viven sin madre, sin padre o sin los dos. Y que la mayoría son hijos de emigrantes.

Y en EE UU las cifras no dejan de aumentar: según el departamento de Seguridad Nacional, la cantidad de menores sin acompañante que han emigrado se ha triplicado en los últimos cinco años. La patrulla fronteriza detuvo en 2012 a más de 24.000 niños sin acompañante, una cifra considerablemente mayor a los 8.000 de 2008.

Grant Mitchell, director de la organización ID Coalition que vigila el tránsito de niños inmigrantes en todo el mundo, afirma que México tiene uno de los problemas más serios en cuanto a la detención de menores en su territorio. “Es un caso que solo se puede comparar a países como Turquía y Grecia, por ejemplo, que son la puerta de entrada de muchos países asiáticos y africanos hacia la Unión Europea”. ID Coalition organiza en la capital mexicana el coloquio Dibujando el Futuro: Alternativas de Atención y Cuidados para la Niñez y Adolescencia Migrante, que se celebrará el próximo 4 de diciembre en el Museo Memoria y Tolerancia de México DF.

Mitchell alerta, además, de que la edad de estos chicos causa que caigan en un vacío legal y que permanezcan detenidos por un gran lapso de tiempo, aun cuando va en contra de una ley aprobada en 2011 por el Gobierno de Felipe Calderón, que indica que ningún menor puede ser retenido por las autoridades y que debe de ser conducido a estancias infantiles o juveniles. “Se les trata como criminales”, explica. La situación es tan grave que la directora de Sin Fronteras, Nancy García, afirmó hace unas semanas que los niños retenidos en centros de detención en México tenían menos garantías que “personas mayores que cumplen penas de cárcel”.

El corredor entre Centroamérica, México y Estados Unidos es el más transitado por inmigrantes en el continente, según datos de ID Coalition. Williams subraya que la solución para el problema debe de incluir a Estados Unidos. “Es imposible de hablar de una solución real si no existe una cooperación de todos los países involucrados. La inmigración no es un problema exclusivo de México, es también de Estados Unidos”.

Información relacionada:
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Documenta el TPP la guerra de baja intensidad en Chiapas

Se presentó en las tierras bajas de Tila

Margarita Martínez Álvarez, catequista de la comunidad El Limar, participa en el
Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual sesionó este sábado en la comunidad
Susuclumil, municipio chiapaneco de Tila, donde el grupo paramilitar Desarrollo,
Paz y Justicia presuntamente perpetró delitos contra indígenas choles.
Foto Moysés Zúñiga Santiago
Hermann Bellinghausen
La Jornada 08/12/2013

Susuclumil, Chis., 8 de diciembre.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) acudió a las tierras bajas de Tila, en la zona norte del estado, a escuchar y recoger los testimonios y denuncias de los indígenas víctimas de la guerra de baja intensidad. La escalada bélica encubierta, organizada por el gobierno federal desde 1995, por años corrió a cargo del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, con respaldo de todo el aparato gubernamental, militar y policiaco, y un silencio mediático ensordecedor. Sus efectos resultaron de largo alcance y llegan hasta hoy.

Emiliano Martínez Pérez fue emboscado en su milpa en Masojá Grande el 10 de septiembre de 1996, se sabe que por vecinos priístas de Paz y Justicia. Su viuda Faustina Torres, quien afirma seguir en la resistencia, educó cinco hijos ella sola, y 17 años después no sólo ve impune el asesinato de Emiliano, sino que nunca le ha sido devuelta la parcela que los asesinos se apropiaron desde entonces. Siendo mujer, ni la consideran las autoridades ejidales. En conjunto, es un crimen perfecto, y más si la intención era desarticular al entorno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a pesar de existir una Ley de Paz para el diálogo y la Reconciliación que el gobierno violó sistemáticamente en la zona chol desde el día que la firmó.

La escalada de la guerra contrainsurgente en Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto del Agua contrapunteó sospechosamente los diálogos de paz en San Andrés de 1995 y 1996. Las masacres y depredaciones a mano armada contradecían la verdadera intención negociadora del gobierno de Ernesto Zedillo. El incumplimiento de los acuerdos lo confirmaría.

Durante la conmovedora reunión en poblado de Susuclumil, sobrevivientes de la zona norte presentaron decenas de casos individuales, las Abejas documentaron la escalada en Chenalhó en 1997 hasta la masacre de Acteal, y hablaron testigos de la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006 en la selva Lacandona. Pedro Faro, del Frayba, entregó a los jueces del TPP un amplio informe de la guerra de baja intensidad en Chiapas: “Después de 19 años del levantamiento del EZLN, todo parece cumplirse conforme a lo establecido en los manuales para el combate a la insurgencia. Los manuales desarrollados por la Sedena, ‘Plan de Campaña Chiapas 94’ y ‘Chiapas 2000’, se siguen aplicando”.

Faro expuso que archivos desclasificados en Washington "corraboran lo sostenido por víctimas y sobrevivientes sobre la creación de grupos paramilitares". En 2009, la investigadora Kate Doyle dio a conocer documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos "en los que se describe el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas". Los cables secretos "confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades simpatizantes del EZLN".

En un telegrama enviado a la DIA el 4 de mayo de 1999, "la Oficina del Agregado de Defensa de EU en México señala el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas". Los documentos desclasificados describen “una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia (Humint)’ creados a mediados de 1994 con la aprobación del presidente, Carlos Salinas de Gortari, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para promover grupos armados anti zapatistas”; eran capitanes y sargentos que los entrenaban y protegían de los arrestos de la policía o las "unidades militares que patrullan la región".

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05/12/2013 Nosotros los desplazados de de Banavil, estamos viviendo condiciones inhumanas
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04/12/2013 Aborda el TPP en Chiapas secuelas de la guerra sucia, según la experiencia de sobrevivientes
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02/12/2013 Preaudiencia TPP: reunión para la verdad y la justicia, en Susuclumil, Tila Chiapas
23/11/2013 Preaudiencia “Reunión para la justicia y verdad” en Susuclumil, Tila, Chiapas.

 
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Nos faltarán muros para trazar tanta memoria, tanta dignidad, tanto futuro: FPDT


Atenco vive, Zapata sigue…

Nos faltarán muros para trazar tanta memoria, tanta dignidad, tanto futuro: FPDT

Llaman a multiplicar murales con la memoria de la lucha, en respuesta al vandalismo priista

Zapateando



“Volveremos a pintar muchos Zapatas, muchas Dignas, muchas raíces y nos faltarán muros para trazar tanta memoria, tanta dignidad, tanto futuro”, expresaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en rueda de prensa para expresar su postura ante el acto de provocación organizado por el gobierno priista al borrar, el sábado 7 de diciembre, mediante un grupo de choque apoyado por policías municipales, el mural que desde 2001 ha simbolizado la lucha del pueblo de Atenco. 

Con la participación de María Trinidad Rivera, Bernardino Cruz, Ignacio del Valle (sentado entre el público) del FPDT, Eduardo Pérez del Sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo, Julieta Egurrola, actriz, y Víctor Hugo Carlos del Centro Prodh, los luchadores sociales del San Salvador Atenco dieron a conocer su postura ante la agresión. Tienen claro que fue una provocación porque trataban de provocar un enfrentamiento para poder criminalizarlos como siempre lo han hecho, pero ellos no cayeron en la provocación.

Denunciaron que no se trata de un grupo o de un enfrentamiento entre grupos (quienes lo hicieron “están equivocados, pero son nuestros hermanos”), sino que es responsabilidad de Estado mexicano, porque hay un acuerdo político firmado entre el FPDT el gobierno del Estado de México y el federal el 18 de agosto de 2003, por el cual el gobierno mexiquense se compromete a “preservar el mural que se encuentra en la fachada del auditorio municipal y en un costado de las oficinas del comisariado ejidal”. En este caso no solamente hubo omisión sino complicidad, ya que los policías municipales no impidieron la agresión al mural, pero formaron valla para proteger a los agresores e impedir que los pobladores de Atenco evitaran el vandalismo del grupo encabezado por el nuevo comisariado ejidal priista.

A pregunta Julieta Egurrola acerca de cómo un priista es comisariado ejidal en Atenco, cómo fue que ganó las elecciones, Bernardino Cruz respondió: repartiendo tarjetas Soriana, es decir comprando votos.

Con base en ese acuerdo firmado, los atenquenses exigieron: reposición y preservación del mural; castigo a los responsables de la agresión (incluso hubo defensores del mural que resultaron golpeados); sanciones a funcionarios públicos y policías que permitieron la destrucción del mural; que el secretario del gobierno mexiquense reconozca públicamente la responsabilidad de su gobierno por la omisión de su obligación de protegerlo; una comisión de seguimiento para la reposición del mural y que el gobierno mexiquense en un acto público pida disculpas por su responsabilidad.

El representante del sindicato de la universidad de Chapingo dijo que en su próxima reunión en la Casa del Ahuehuete de esa universidad, que está cumpliendo 60 años, plantearán el tema de esta agresión y que trabajarán con el pueblo de Atenco en la producción de alimentos, en el cultivo de la tierra.

Ignacio del Valle se dirigió a él al final para proponerle hacer un mural en la Universidad de Chapingo, pues una de las propuestas es que el mural no solamente se reponga en Atenco, sino que, en respuesta, se multiplique (como ocurrió con el mural destruido en Taniperla) con murales en muchos lugares. Recordó además que en los interiores había un retrato de Zapata que fue borrado igual que el mural.

A nombre del Centro Prodh, Víctor Hugo Carlos expresó la solidaridad del centro de derechos humanos, que ha llevado la representación jurídica de las mujeres que han denunciado tortura sexual ante la CIDH y la defensa de presos políticos de Atenco.

Julieta Egurrola, además de expresar su apoyo al pueblo de Atenco y poner esta agresión en un contexto de políticas de fuerza como la imposición de reformas, dijo que el colectivo de artistas al cual pertenece dará una conferencia de prensa el 12 de diciembre, a las 11 horas en el Museo de la Tolerancia, en la cual darán a conocer su postura respecto a las reformas y otros temas. Asimismo recordó que detrás de la provocación en Atenco está aún el proyecto de Aeropuerto por el que el poder sigue codiciando esas tierras.

Doña Trini al final dijo que un joven que era un niño cuando la lucha victoriosa de 2001, al ver el mural borrado, dijo que es la memoria no sólo de Atenco, sino de la lucha de un pueblo, que lo borraron del muro, pero no de su mente y su corazón. Finalizaron gritando sus consignas: ¡Zapata vive…!
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Comunicado del FPDT 07/12/2013


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MURAL ATENCO 2013


Denuncia y acuerdos a los que se llegaron por el abuso de autoridad del Comisariado ejidal de San Salvador Atenco , 7 de diciembre de 2013



 
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Exigen justicia y verdad para las víctimas de la guerra sucia en Chiapas

El papá de José Tila López, muestra la foto de su hijo que fue asesinado
a los 23 años por ser base de apoyo zapatista.
@martamoli_rr

Durante este viernes y sábado se celebró en Susuclumil, Tila, -Chiapas- la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos -Capítulo México- referente al eje de Guerra Sucia, un tribunal popular que pretende juzgar al Estado Mexicano por crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona Norte Selva y Altos de Chiapas. Durante dos días testigos, sobrevivientes y familiares de comunidades mayas chol dieron sus testimonios como víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Esta guerra, implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, se incubó primero en la zona Norte de Chiapas, particularmente en los municipios de Yajalón, Tumbalá, Tila, Sabanilla y Salto de Agua, y se reprodujo más tarde en la zona Altos.

La guerra tuvo como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; crímenes de lesa humanidad que aún siguen impunes. Según Pedro Faro, presente en la mesa del Tribunal y representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en la zona chol entre 1995 y 1999 -durante la presidencia de Ernesto Zedillo- el grupo paramilitar Paz y Justicia, desplazó a más de 3,500 personas y cometió al menos 85 ejecuciones y 37 desapariciones forzadas.

“A mi hijo José Tila le mataron por ser base de apoyo zapatista en 1998. Tenía 23 años y dejó 5 hijos. De eso hace más de 15 años y nunca castigaron a los culpables, paramilitares de Paz y Justicia”, 
comenta José Torres López en entrevista durante un breve receso de la preaudiencia. Sostiene la foto de su hijo y le acompaña su nieto Bayardo López, de 18 años, quien revive la historia del asesinato de su papá al que mataron cuando tenía apenas 3 años.

Fue en la zona Norte donde surgió el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, quien actuó fuertemente entre los años 1995 y 1999 en contra de comunidades que se negaban a participar con ellos y opositoras al PRI -Partido Revolucionario Institucional- y al gobierno, particularmente aquellas pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática -PRD- y a las cuales se les vinculaba con el EZLN por aquel entonces.

Según Faro,  el patrón de actuación de Paz y Justicia, se reproduce en los grupos paramilitares del PRI creados en la zona Altos, particularmente en el municipio de Chenalhó entre 1996 y 1997, “en agresiones armadas en el municipio del Bosque y la comunidad de los Platanos, dejó ejecuciones extrajudiciales, desplamiento forzado de 6,332 personas y la Masacre de Acteal en diciembre de 1997″.

Durante otro receso, Emilio Pérez nos cuenta con tristeza la historia de su hijo Héctor Pérez Torres, maestro de preescolar comunitario asesinado el 14 de julio de 1995 a sus 23 años en la comunidad de Chuctieja. Su caso confirma la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas que se profundiza en la acción militar y paramilitar con el objetivo de aniquilar a los simpatizantes del EZLN.

“Él iba con su esposa. Ese día, los de Paz y Justicia de la zona de Crucero hicieron un bloqueo de caminos. Lo calumniaron, decían de él había asesinado a 3 personas en un rancho, pero no era cierto. Le inventaron un delito. Mi hijo iba a Tila y en Chuctiejá ahí estaban todos parados en el camino. Ya nunca llegó a Tila. Su esposa Elia vió cómo empezaban a agarrar a mi hijo e intentó defenderlo. Les tenían odio a los que estaban con el EZLN. Queremos justicia, hasta que todos los culpables sean encarcelados, hasta el último autor material e intelectual, porque por aquí siguen tranquilos”.


La finalidad de la preaudiencia, por la que pasaron más de 20 testigos, fue denunciar y probar las violaciones graves de derechos humanos que el Estado mexicano ha cometido en contra del pueblo de México, en especial de los pueblos originarios en Chiapas. El próximo lunes se hará público el dictamen de esta preaudiencia.
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Emilio es de Masoja Shucja. Su esposa enfermó a raíz del asesinato de su hijo
y murió hace 2 años. Tiene 59 años y vive con su hija. Dice que no tiene miedo
de testificar a pesar de que “aún hay asesinos de esa época que continúan sueltos”.
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05/12/2013 Nosotros los desplazados de de Banavil, estamos viviendo condiciones inhumanas

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Dictamen de la Preaudiencia "Reunión por la justicia y verdad" 6 y 7 de diciembre de 2013

Dictamen de la Preaudiencia "Reunión por la justicia  y verdad"

6 y 7 de diciembre, Susuclumil, Tila, Chiapas


Introducción


El 21 de octubre del 2011, fue admitido el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y a través de siete ejes o audiencias temáticas, cuyo término será en 2014, denunciará y visibilizará, ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.


La Preaudiencia: "Reunión para la justicia y la verdad" Tyempä Cha’an Ysacla’tiel Melelä (Chol),tzoblej ye´un xcholel chápanel sol´ jmelelil (tseltal), Tsomblej yu’un melelil xchi´uk lekil chapanel (tsotsil); fue convocada por alrededor de cincuenta organizaciones populares, así como por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (que agrupa a 72 organismos de DH),  la Red de Radios Comunitarias, A.C. /AMARC- México (que agrupa a 35 proyectos radiofónicos asociados), la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (que agrupa a 42 organizaciones nacionales e internacionales) y 127 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas.

La Preaudiencia tuvo como sede en la comunidad de Susuclumil municipio de Tila, Chiapas, escenario vivo de las injusticias, muerte y persecución. Ahí nos
encontramos jurados, testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de zona Norte en Chiapas: Jolnixtié  Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande, Chuctiejá, del municipio de Tila; y comunidades de Chenalhó integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), todas víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’ e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.

En
la primera parte se vertieron testimonios sobre las Ejecuciones extrajudiciales cometidos durante la segunda mitad de los años noventa en la zona baja de Tila; así también el testimonio sobre las Desapariciones Forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Cándido Vazquez Sanchez; el Desplazamiento Forzado de las comunidades de Chuctiejá, Miguel Alemán, Jolnixtié I Sección, Masojá Shuchá, El Limar, Masojá Grande; como una muestra del horror acontecido en contra de la población simpatizante al EZLN. Estos hechos fueron cometidos directamente por la organización paramilitar Desarrollo Paz y Justicia con la colaboración de la policía municipal y estatal del estado de Chiapas y el Ejército mexicano.

En
la segunda parte se presentó, mediante testimonios directos, los hechos previos a la Masacre de Acteal, relacionados con la violencia generalizada que se vivía en la zona de los Altos de Chiapas y su consecuencia en asesinatos y desplazamientos forzados. Posteriormente testificaron sobre el suceso de la masacre cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, mientras 45 personas en su mayoría mujeres, niños y niñas fueron terroríficamente aniquiladas, hechos cometidos directamente por paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en colaboración con la policía municipal y estatal de Chiapas. Acto seguido se testificó el desarrollo de la búsqueda de la justicia por las comunidades de Chenalhó, asimismo se señaló la persistente impunidad dada como respuesta de los gobiernos de México en todas sus estructuras de impartición y administración de justicia, tanto en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero como en el gobierno de Felipe Calderón, manifestada con la liberación de 51 paramilitares, premiados con tierras, proyectos sociales, resarcimiento dedañosy la continua acción de guerra integral de desgaste con el objetivo de debilitar y acabar con el proceso de Las Abejas y de otros pueblos que luchan y resisten.


La
tercera parte consistió en el testimonio sobre la Masacre de Viejo Velasco, cometida el 13 de noviembre de 2006, a través del operativo por parte de la policía estatal de Chiapas,  con la colaboración de la organización de corte-paramilitar: Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y habitantes de la comunidad Nueva Palestina, con la finalidad de desplazar forzadamente y exterminar a los pobladores de Viejo Velasco. Lugar de alta biodiversidad y de explotación de turismo cultural dado que se encuentra entre las zonas arqueológicas de Palenque y Yaxchilán, por lo tanto de intereses de inversión. De los hechos la situación continúa en la impunidad y con acciones de criminalización hacia las familias desplazadas.

Ante el escenario actual a la llegada al poder del PRI:

Los
hechos sucedidos en la toma de poder en el gobierno federal por el PRI, ha marcado ya su vocación de violencia y represión, por lo que rechazamos rotundamente los métodos de represión históricamente instalados. Ante esto, convocamos a seguir organizados por el respeto a la dignidad de las luchas de los pueblos y comunidades que hemos sido reprimidos, desplazados, asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados, amenazados y perseguidos.

Los jueces nacionales que participaron en la Preaudiencia fueron: Maria Estela Barco Directora de DESMI Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indigenas A.C., Guillermo Villaseñor miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Fray Tomás Gonzalez Castillo, Comité de Derechos Humanos del Usumacinta y director del Hogar-Refugio para Personas Migrantes La 72, Alejandro Martínez de la organización El Tribuno Popular, Edith Victorino, Eréndira Sandoval y Gloria A. Fernández Maestrantes en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos UACM.  Medios de comunicación alternativos que estuvieron presentes en el evento: Komanilel y La Jornada.

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DICTAMEN
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Hemos escuchado el dolor, el miedo, la injusticia del despojo vivido y sufrido por las victimas sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, despojo de los bienes y territorio a consecuencia de las acciones ejercidas por el gobierno mexicano.El Estado mexicano es culpable en los tres niveles de gobierno, desde los cuerpos de seguridad pública estatales, municipales y el ejército mexicano, quienes dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares, es decir al grupo denominado “Desarrollo, Paz y Justicia”.

El Estado mexicano no ha cumplido su responsabilidad nacional e internacional de garantizar el acceso a la justicia, como son las medidas de reparación integral del daño y garantías de no repetición. En el mismo sentido, de acuerdo a los testimonios presentados, existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos; asimismo a los organismos estatales y nacionales de derechos humanos de su omisión de investigar los hechos denunciados.  

El Estado ha sido responsable de provocar enfrentamientos intercomunitarios para romper el tejido social, contener y controlar a la organización de resistencia.

Conscientes de que todo incumplimiento a las disposiciones del derecho internacional de protección a los derechos humanos y de los pueblos, constituyen una transgresión a las obligaciones para con toda la comunidad internacional y teniendo como referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los archivos de proceso de Nuremberg, los acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y deberes económicos de los Estados, se puede acreditar la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los siguientes derechos:
  • Derecho a la Vida
  • Derecho a la integridad personal
  • Derecho a la salud
  • Derecho a la verdad
  • Derecho a la justicia
  • Derecho a la libertad de tránsito
  • Derechos de los niños y niñas
  • Derecho de las mujeres a la tenencia de la Tierra
  • Derecho al debido proceso
  • A no ser torturado
  • A la reunión y a la asociación
  • A la libertad de creencia
  • A la libertad de expresión y pensamiento
  • El derecho de los pueblos a preservar su identidad y cultura
  • El derecho de los pueblos a la tierra y al territorio
  • El derecho de los pueblos a su autodeterminación. 
Así mismo reconocemos a estas violaciones como una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad en tanto que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común.

De las pruebas y elementos que acreditan las anteriores violaciones a derechos humanos, se desprende la configuración de crímenes de lesa humanidad como lo es la política genocida perpetrada contra los pueblos originarios choles, tzotziles y tzeltales, acciones que continúan hasta el día de la celebración de la preaudiencia.

No es a las instituciones del Estado mexicano al que estamos apostando para lograr justicia, sino a espacios alternativos para construir y exigir nuestra propia justicia, además de ayudar a la convergencia y unión de los pueblos originarios.

Por
último, los jurados de este tribunal dieron su palabra reconociendo a los pueblos por su persistencia en la lucha por la justicia, el no olvido y las acciones de no repetición a partir de la memoria; así también reconocieron la gran aportación en su caminar, por la fortaleza de construcción en generar alternativas de vida.

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ATENTAMENTE
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Jueces nacionales: María Estela Barco, Guillermo Villaseñor, Fray Tomás Gonzalez Castillo, Alejandro Martínez, Edith Victorino, Eréndira Sandoval y Gloria A. Fernández.
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Información relacionada
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Siguen impunes crímenes en Chiapas

Fueron parte de un plan del Estado contra el EZLN, denuncian

Laura Castellanos / El Universal 09/12/2013

En el Tribunal Permanente de los Pueblos, Rosendo Gómez,
integrante de la mesa directiva de la Asociación Civil Las Abejas,
recordó que en Acteal se ejecutó a 19 mujeres, 14 niñas, 4 niños,
4 no nacidos y 8 hombres, el 27 de diciembre de 1997.
(Foto: ESPECIAL )

Siguen impunes 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y 12 mil desplazamientos forzados ocurridos de 1994 a 2000 en la Zona Norte, Selva y Altos en Chiapas, denunciaron testigos, sobrevivientes y familiares ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, los pasados 6 y 7 de diciembre en Susuclumil, Tila, Chiapas. 

En la audiencia del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las 208 organizaciones sociales convocantes del TPP, reveló que dichos crímenes son parte de una estrategia del Estado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que cumple 20 años de existencia el primero de enero de 2014. 

El abogado Pedro Faro, de la organización no gubernamental, asegura que esa estrategia, llamada Plan de Campaña Chiapas 94, contempló en ese periodo la creación de diversos grupos paramilitares como el de Desarrollo Paz y Justicia. 

“El objetivo de esos grupos era parar toda la simpatía al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la cobertura de militares y policías”, asegura Pedro Faro.  

De esta manera, explica, el Estado utilizó a indígenas a los que se armó para cometer decenas de ejecuciones, masacres, violaciones sexuales, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas contra comunidades simpatizantes o bases de apoyo zapatistas. 

El abogado precisa que en las audiencias se testificó en cinco apartados distintos: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada militarización y desplazamiento forzado tras masacre de Acteal, y el caso de la matanza ocurrida en la comunidad Viejo Velasco, en la Selva Lacandona en 2006.  

Narran experiencias

Entre los testimonios expuestos está el de Rosendo Gómez Hernández, de la mesa directiva de la Asociación Civil Las Abejas, que habló sobre la masacre de Acteal en la que se ejecutó a 19 mujeres, 14 niñas, 4 niños, 4 no nacidos y 8 hombres, el 27 de diciembre de 1997. 

Gómez testificó que a pesar de que han sido absueltos 87 autores materiales, estos eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ese día arribaron armados a su comunidad.  

“Ellos iban con armas de fuego, incluyendo armas de uso exclusivo del Ejército, machetes y cuchillos”, precisó.

Otro de los casos que se dio a conocer fue el de la muchacha Minerva Guadalupe Pérez Torres, que de acuerdo con su padre, Sebastián Pérez Torres, el 20 de junio de 1996, Paz y justicia la secuestró en un retén instalado en la comunidad Miguel Alemán, Tila.  

“Se la llevaron y la encerraron secuestrada en la casa ejidal varios días, donde fue golpeada y violada sexualmente por más de 50 personas del mismo grupo que se encontraba en la zona, para luego desaparecerla”, dijo. 

Faro precisa que el objetivo del TPP no es sólo exigir justicia, sino dar a conocer que esos hechos son parte de una estrategia contrainsurgente que se mantiene activa en contra de comunidades zapatistas y afines a éstas.

Señaló que si bien después del año 2000 los grupos paramilitares que asesinaron a mansalva “se han desdibujado” en el escenario chiapaneco, a cambio el Estado creó o mantiene “grupos de choque” de índole agrario o partidista (del PRI, Partido de la Revolución Democrática o del Partido Verde Ecologista de México) que agreden y se disputan las tierras de terratenientes que tomó el EZLN durante la insurrección de 1994.  

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un jurado ético de carácter internacional que reúne a especialistas para analizar crímenes impunes de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales firmados por México y a la legislación nacional que protege los derechos humanos. 

En mayo de 2014 se espera la presencia de defensores de derechos humanos internacionales para que analicen los testimonios y evidencias presentados en el TPP y hagan su dictamen final.

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