7/12/13

Presos en Chiapas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

06 de diciembre de 2013 - CHIAPAS, México
FUENTE: Centro de Medios Libres (CML)

5 Presos en Chiapas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona al 6 de diciembre de 2013:

1.- Alejandro Díaz Sántiz, Solidario de La Voz del Amate, preso injusto. Penal No. 5 San Cristóbal de Las Casas. Detenido el 10 de mayo de 1999.

2.- Antonio Estrada Estrada, Ejido San Sebastián Bachajón, preso político. CERSS No. 17 de Playas de Catazajá. Detenido el 7 agosto de 2011.

3.- Miguel Demeza Jiménez, Ejido San Sebastián Bachajón, preso político. CERSS N°14 El Amate, en Cintalapa de Figueroa. Detenido el 7 de octubre de 2010.

4.- Elías Sánchez Gómez, hijo, Ejido Busiljá, preso político. CERSS No. 17 de Playas de Catazajá. Detenido el 7 de diciembre de 2011.

5.- Amilcar Méndez Nuñez, Ejido Cintalapa, preso político. CERSS No. 17 de Playas de Catazajá. Detenido el 16 de diciembre de 2008.

Los 4 últimos presos de la lista han sido encarcelados dentro de procesos para despojarles de tierras colectivas, en los que han sido utilizados paramilitares para golpear a sus comunidades.

Cabe destacar que del mismo caso de Busiljá continúan desaparecida la niña de 8 años Gabriela Sánchez Morales.

Además de estos casos de presos adherentes hay innumerables órdenes de aprehensión contra adherentes de La Sexta a lo largo y ancho del territorio chiapaneco, desde la costa hasta la zona norte pasando por la Selva y Los Altos

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El Salvador: La reparación a la víctimas de la guerra civil

Niñas guerrilleras en Los Ranchos durante el conflicto armado en El Salvador
Foto: Archivo
Juan José Dalton
6 de diciembre de 2013
Prisma Internacional / proceso

SAN SALVADOR (apro).- Gracias a una iniciativa del actual gobierno salvadoreño que preside Mauricio Funes, calificado de izquierda moderada, las víctimas de la pasada guerra civil comenzarán a obtener ciertos beneficios económicos y sociales, que en cierta media significarán una reparación por el dolor sufrido en carne propia o por la pérdida de sus familiares durante la confrontación bélica.

La reparación ha tardado más de 20 años desde que se terminó la guerra civil por medio de una negociación entre el gobierno y la guerrilla, indican los expertos, pero en algún momento había que comenzar a sanar una herida que nunca se ha cerrado.

Rolando González, víctima de una detención arbitraria y de torturas, será beneficiario del llamado Programa de reparaciones a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, en el que están inscritas miles de personas.
Rolando recuerda bien el mes en que cayó preso.

“No fue un enero cualquiera”, dice con resignación. Era el año de 1981 en El Salvador, cuando desde hacía un año se desarrollaba un conflicto bélico entre la Fuerza Armada y la entonces incipiente guerrilla.

Rolando ahora tiene 52 años. En aquel entonces tenía sólo 20 y estaba organizado al interior del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), guerrilla izquierdista que se enfrentaba a la dictadura militar imperante.

Han pasado 32 años desde aquel “episodio” que constantemente vuelve a recordar. Él fue víctima de tortura después de hacer sido prisionero, acusado de tener afiliación con lo que llamaban “grupos terroristas y comunistas”.

Ese enero de 1981 fue capturado por miembros del Ejército y llevado al Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA), ubicado al sur de la capital y que, en época de la guerra, funcionó como cuartel militar.

“Las torturas iban desde choques eléctricos, simulacros de ahogamiento en una pila con agua, golpizas, amenazas, hasta la colocación en la cabeza de una bolsa plástica con cal (la llamada capucha) que provocaba asfixia. Era una combinación de dolor y amenazas”, recordó González.

En aquel tiempo los retratos cotidianos en El Salvador eran personas torturadas, masacradas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, y todas tenían un común denominador: el irrespeto y violación a los derechos humanos más elementales.

Los cuarteles de policía y del Ejército –fuerza militar– eran centros donde imperaban los actos de tortura, recuerdan las víctimas del conflicto.

González además señala que entre los vejámenes que recibían por parte de la Fuerza Armada estaba el introducir objetos en el cuerpo, como palos de madera de las escobas en el ano. Los militares también se daban el gusto de apagar los cigarrillos en la piel de las víctimas.

Ahora Rolando es parte del Comité de exPresos Políticos de El Salvador (Coppes), organización que aglutina a un sector que sufrió el trauma del conflicto bélico y quienes con sus propias demandas esperan que el Estado salvadoreño provea a las víctimas de un programa integral de reparación.

Historias como la de Rolando hay muchas, pero también de otro tipo, como la expuesta el martes 3 por la Asociación Probúsqueda de la Niñez perdida en el conflicto. Se propició el reencuentro de una madre e hija que, tras 29 años de estar perdidas a consecuencia de la guerra civil, volvieron a abrazarse.

Es el caso de Josefina Osorio, una salvadoreña que en 1984, en un operativo militar, huyó de su lugar de origen en el cantón San Jacinto de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente.

Sin embargo, ella y otros pobladores fueron alcanzados por miembros del batallón de la Fuerza Armada y llevados a una unidad de la policía de San Vicente.

“Aquí se van a morir todos ustedes y, en lugar de que tu niña vaya a ser muerta, mejor regálamela”, fueron las palabras que un sargento de la policía espetó a Josefina.

La angustiada madre aceptó y dio a su pequeña, Xiomara Patricia Flores Osorio, a aquel sargento, quien la llevaría con su esposa que tenía supuestamente impedimentos para tener hijos.

Desde ese día Josefina no había vuelto a ver a su hija. La guerra las separó. A 29 años de aquel suceso, madre e hija volvieron a reencontrarse y lo único que quieren es recuperar ese tiempo perdido.

Las víctimas que dejó la guerra sólo deploran que el Estado no haya promovido una política de reparación a víctimas que incluya atención en salud, psicosocial, educación y repare el trauma de posguerra.

La ley de reparaciones  

A 21 años de la Firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, el presidente Mauricio Funes anunció a finales de noviembre el Programa de reparaciones a las víctimas. El decreto fue emitido por el mandatario salvadoreño el 9 de octubre y publicado en el Diario Oficial el 23 de ese mes.

El hecho ocasionó que las organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos en El Salvador se sientan esperanzadas de que el programa suponga, por fin, una reparación a las víctimas del conflicto.

El programa será aplicable a las personas que sufrieron vulneraciones en el contexto de la guerra civil salvadoreña, explicó el jefe de Estado.

Para efectos del programa se consideran como “graves violaciones a derechos humanos” todos los hechos constitutivos de masacres o actos de exterminio colectivo de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y tortura. Dentro de esta última se incluyen los delitos graves contra la libertad sexual que hayan ocurrido entre 1980 y 1992, periodo que se conoce como de guerra civil.

Por ejemplo, durante el conflicto armado salvadoreño se realizaron una serie de actos atroces, como la masacre del Mozote, que se ejecutó en el departamento de Morazán por un batallón elite del Ejército. Fueron exterminadas casi mil personas, especialmente mujeres, niños y ancianos, entre los días 10 y 12 de diciembre de 1981. La Comisión de la Verdad, organismo creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encargó de investigar y confirmar tal hecho.

En el conflicto armado que vivió El Salvador por un periodo de 12 años (1980-1992) murieron 75 mil personas, en su mayoría civiles; 8 mil fueron desaparecidas y un millón se refugió en el extranjero.

El programa plantea, en su artículo tercero, la creación del “registro de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”. Ese registro estará organizado en tres áreas: administración del padrón de víctimas, atención a usuarios y soporte informático.

El alcance de las reparaciones establecidas en el programa tiene cuatro finalidades: rehabilitación, indemnización, medidas de dignificación y garantías de no repetición de los hechos, según se establece en su artículo sexto.

Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de El Salvador, expresó que el programa debe ser implementado con el cuidado debido para no generar más dolor a las víctimas. “Hay que ver cuál es el contenido para que en campaña electoral no sea algo que revictimice a la gente que ya sufrió tanto”, advirtió.

Por su parte, Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), calificó la medida como “algo positivo”, pero aseguró que más que sea anunciado el programa, esperan que se concretice y se convierta en una realidad para las víctimas.

El silencio de las armas  

Para María Sol Yánez, experta en atención psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en El Salvador la reparación a víctimas debió hacerse en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.

La especialista considera que se debe restaurar el tejido social con un programa que integre al individuo, la comunidad y sociedad.

Lo importante, destacó, es que las víctimas reciban atención psicosocial. “Distinguimos atención psicosocial de una atención meramente individual o clínica. Lo psicosocial tiene en cuenta la relación entre el individuo, la comunidad y la sociedad.

“El individuo no es un sujeto en el aire, sino que el individuo está inserto en una sociedad, por tanto los impactos que una víctima de violaciones de derechos humanos tiene no sólo son individuales, sino que también se rompió el tejido social de su comunidad y la sociedad quedó impactada por el dolor, por el trauma, pero también por la falta de verdad que han tenido las víctimas en El Salvador”, acota.

Al preguntarle sobre los factores para una verdadera reparación, sostiene que ésta debe ser integral. “Esto tiene casi los mismos niveles de la atención psicosocial que es la individual, la comunitaria y la social. Si sólo reparamos un aspecto, no estamos dándole la reparación que la víctima necesita”.

A nivel social, abunda, “se necesita ver que hay justicia, que hay verdad, que se reconoce el dolor de las víctimas y que se visibilizan todos los impactos y efectos que tuvo la guerra y las violaciones de derechos humanos”.

Enseguida advierte que deben desplegarse medidas de no repetición, es decir, crear una estructura que esté sin impunidad y que esté por la verdad. “A nivel comunitario se tiene que restablecer todo lo que se rompió, tiene que ver con las formas positivas de afrontamiento”.

Y a nivel individual todos los impactos que eso tiene en lo psicosocial. “Hay muchas madres de desaparecidos que no han podido enterrar a sus seres queridos, hay un duelo alterado, complicado, nadie ha dicho dónde están, y los que dijeron que habían muerto tampoco vieron los cuerpos. Tiene que haber una política para ayudar al duelo, tiene que ver con exhumaciones, con reconocimiento, tiene que desmantelarse todo aquello que hace dolor, son los signos externos de un pasado que fue traumático para las víctimas”.

Sobre el impacto que deja en una persona el que haya sufrido graves violaciones a derechos humanos y cómo se manifiesta ello en su vida, María Sol Yánez responde que no se puede hablar en general de impactos.

“Va a depender del tipo de impacto. No es lo mismo una persona que tiene a sus hijos desaparecidos que alguien que le han torturado o que han asesinado a sus seres queridos delante de él. Viendo la naturaleza de la violación de derechos humanos, hay una serie de impactos que son diferenciados”, aclara.

Por ejemplo, continúa, “la desaparición forzada deja a la persona pensando si está viva o si está muerta, aunque haya pasado mucho tiempo. La decisión de si está vivo o muerto recae en la decisión personal porque no ha visto el cadáver”.

Además, prosigue la experta, “la gente torturada tiene otro tipo de impacto muy fuerte y es importante atender eso. También están las víctimas que vieron tanta violencia. No tuvieron hijos desaparecidos, pero el impacto de ver cómo asesinan a alguien, cómo queman las casas. Todo eso tiene un impacto importante que tiene que ver con las nuevas violencias que se están dando ahora”.

Es por ello que insiste que la reparación tiene que ir a todos los niveles: al individual, al comunitario y al social. “Tiene que haber reparación moral, lugares de recuerdo, lugares de memoria. Hay que dignificar a las víctimas, es una reparación moral, tiene que haber calles con nombres de personas que tuvieron graves violaciones de derechos humanos y tiene que haber honorabilidad de las víctimas”.

Además, advierte, “tiene que haber una reparación que investigue y juzgue y que busque la verdad. Esas son las medidas de no reparación, sentar las bases para que en este país no vuelva a pasar algo así y eso tiene que ver con justicia y verdad.

“Tiene que haber voluntad del Estado de que sean las víctimas ciudadanos de primera, no de segunda, que realmente se reconstruya un país, que se reconstruyan las bases sociales y la paz. La paz no es ausencia de arma, la paz no es el silencio de las armas. La paz tiene que ver con que las personas no sean excluidas, que la gente sea bien atendida en salud, educación, que la gente pueda ser feliz”, acota.

También señala que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han estado pidiendo un programa integral de reparación y “es algo que yo también pedí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trabajó todo eso viendo cómo se podría reparar el país”.

Sin embargo, puntualiza, las condiciones tienen que ver con la voluntad política de hacerlo. “Hasta ahora no ha habido. Ahora hay un decreto del presidente que lo ha dicho. Ahí están las condiciones legales para empezar a hacerlo. Que se dé o no tiene que ver con la voluntad política de hacerlo. Lo bueno es que ya hay un marco en el cual insertar este tipo de reparación”.

Finalmente, María Sol Yánez resalta que la reparación se tenía que haber dado en 1992, al acabar la guerra. “Llevamos 21 años de retraso. Por un lado esto es muy buena noticia y hay que impulsar eso. Las condiciones legales están. Ahora falta que haya la voluntad política de que haya verdad, justicia y reparación”.

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Nueva agresión priista hacia los compañerxs de San Salvador Atenco

Así quedó el mural del Zapata en Atenco, ¡Zapata vive, la lucha sigue! ¡Atenco vive, la lucha sigue!

¡¡¡ALERTA EN ATENCO!!!

¡Podrán borrar las paredes, pero nos queda mucha lucha, y razones para trazar la defensa de nuestra madre tierra, memoria e historia!

Aproximadamente a las diez de la mañana de este dia los priistas en Atenco iniciaron una aviesa provocación al borrar el mural de Zapata que se encuentra afuera del Auditorio Municipal y que ha sido emblemático de nuestra lucha, provocación que desencadenó la reacción natural de nuestra gente y pudo derivar en enfrentamiento de graves consecuencias. Hasta el momento las cosas se mantienen en tensa calma, encontrandose unos setenta priistas con la intención de consumar su provocación Por cuanto hace al FPDT intentamos mantener la serenidad y no caer en la maniobra pero no permitiremos que consumen su injustificada agresión. Recordemos que ya en noviembre el ejército mexicano incursionó en Atenco con el pretexto de montar una exposición con motivo del "bicentenario" de esa cuestionada Institución, sostén del dominio de la oligarquia entreguista en el poder politico economico. No sería remoto que con esta y otras acciones el Estado mexicano pretenda justificar el ingreso de la Policia Federal o cualquier otro ente represor "para evitar la confrontación entre la comunidad". El objetivo declarado sigue siendo el despojo de nuestras tierras defendidas y conservadas gracias a la dignidad solidaria nacional e internacional.

Llamamos a las organizaciones democráticas e independientes, progresistas, nacionales e internacionales a mantenerse alertas ante los acontecimientos para evitar un desenlace funesto y la inminente agresión contra nuestra organización por la vía de la criminalización, la cooptación, el crimen selectivo o cualquier otra forma de represión.

Como Organización siempre hemos estado dispuestos al dialogo encaminado a resolver nuestras demandas legítimas y lo seguimos estando.

Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal de cualquier desenlace violento por su confesa intención de despojarnos de la tierra, aniquilar a nuestra organización e implantar su proyecto "Ciudad Futura", que representa ingentes ganancias para sus bolsillos y mas miseria y daño ecológico para nuestro pueblo.

Con todo nuestro coraje que ha de templarse en fortaleza y moral, siguiendo el ejemplo y como aprendices de nuestros hermanos de Taniperla, Chiapas, llamamos a sus corazones para replicar el Mural DEL COLOR DE LA SANGRE DE NUESTROS ABUELOS, en sus trincheras, en las calles, en sus escuelas, en una manta, en otros murales, en otras murallas dignas de memoria y lucha.

ANTE EL DESPOJO Y MAQUINARIA ASESINA DE MEMORIAS, NUESTRO ATENCO SE MULTIPLICARÁ EN CADA HOMBRE Y MUJER QUE LUCHA POR LA PATRIA, JUSTICIA Y LA LIBERTAD!


Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-ATENCO
Diciembre, 07 de 2013.

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Víctimas y sobrevivientes dan testimonio de los peores años de la guerra en Chiapas

Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Chiapas. Foto Moysés Zúñiga
Hermann Bellinghausen
La Jornada 07/12/2013
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Susuclumil, Chis. En pocos lugares de la atribulada geografía nacional resulta más fundado y pertinente un "juicio al Estado Mexicano" por crímenes deliberados y de lesa humanidad, que la zona Norte de Chiapas.

Este fin de semana, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizó en esta comunidad chol en la zona baja de Tila una pre audiencia, en la cual recibió testimonios de decenas de víctimas y sobrevivientes de los peores años de la guerra encubierta que se desató en las montañas del sureste luego del levantamiento armado del EZLN en 1994.

La operación de guerra desplegada por el gobierno mexicano en la zona chol entre 1995 y 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, ha servir de caso ejemplar en las academias militares donde se estudian las guerras encubiertas causó 85 muertes de campesinos civiles y la desaparición de 37. Se destruyeron aldeas, se quemaron ermitas, se trajeron burdeles, tal como enseñan los manuales. Se expulsó a los nativos. (En la zona norte hubo tres mil 500 desplazados en esos años). Se estableció un régimen de terror sin matices ni fisuras a cargo de un grupo paramilitar bien identificado (la organización priísta Desarrollo Paz y Justicia), que operó siempre de la mano de las policías federal, estatal y municipal. Juntos realizaban "patrullajes" que para las comunidades de Tila, Sabanilla y Tumbalá se fueron volviendo terroríficos. Quien no se desplazaba permanecía encerrado en sus casas. Militarizada la región desde el tercer mes del gobierno de Zedillo, fue inmediata y en cierta medida pública la vinculación entre los dirigente de Paz y Justicia y los altos mandos castrenses.

Violaciones, descuartizamientos, ejecuciones, emboscadas, tortura, asaltos a mano armada. Nunca combate, siempre ataques a población civil indefensa y pacífica. La impunidad que hasta la fecha gozan todos los involucrados en los crímenes -incluso los pocos que, por otros delitos, han pisado prisión- significa la cereza del pastel para el llamado "Plan de Campaña Chiapas 94", cuya existencia nunca ha sido aceptada por el gobierno a pesar de que está bien documentado, y que sus frutos bañaron de sangre estas serranías el último lustro del siglo XX. De hecho, hoy se conoce la existencia de una red clandestina de oficiales del Ejército que operaron "en campo".

En la preaudiencia del TPP se escuchan los nombres de muchos los autores materiales de la cadena de crímenes ocurrida aquí; de los autores intelectuales, o sea sus dirigentes y los funcionarios del gobierno priísta; de los mandos policiales, agentes de ministerio público y batallones del Ejército federal que sistemáticamente encubrieron y apoyaron a estos paramilitares. Entre miembros de Paz y Justicia se repartieron las alcaldías de estos municipios y algunas diputaciones. La zona Norte les pertenecía a Samuel Sánchez, Diego Vázquez, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres Martínez, el edil Carlos Torres López, José Torres Torres y muchos otros.

El gobernador interino Julio César Ruiz Ferro encubrió y financió al grupo contrainsurgente. Sus cabecillas pasaban por líderes magisteriales (algunos eran del SNTE) o representantes agrarios del aparato priísta, y habían establecido una estructura paralela al Ejército federal de ocupación. Se dieron a perseguir indiscriminadamente a pobladores de organizaciones independientes (Abu Xú), diáconos de la diócesis de San Cristóbal a cargo entonces de Samuel Ruiz García, perredistas, simpatizantes y bases de apoyo del EZLN, y en general a todos los que no pertenecieran a su grupo ni participaran en los programas gubernamentales.

Susuclumil ("Tierra Blanca" en chol), la comunidad anfitriona de la preaudiencia "Justicia y verdad" del TPP, también padeció esa ofensiva contrainsurgente durante años y a la fecha se sienten sus efectos. Las mujeres siguen "soñando pesadillas", los hombres no se quitan el espanto. La indignación viene cada que se acuerdan. No han olvidado. Muy cerca se localiza la colonia Miguel Alemán, reputada como sede principal de Paz y Justicia. Fue escenario de atrocidades; de allí salían muchos "patrullajes" no pocas veces letales. En Miguel Alemán, fue secuestrada, vejada, asesinada y "desaparecida" Minerva Guadalupe Pérez López el 20 de junio de 1996. "Hasta el sol de hoy nadie ha sido castigado" dicen sus familiares.

Los indígenas han pasado 18 o 19 años cruzándose en los caminos o en oficinas gubernamentales con los asesinos, expulsores, violadores, asaltantes de sus familiares en Usipá, Masojá Grande y Chico, Jolnixtié, Tila, Sabanilla, Limar, Aguascalientes, Cruz Palenque, Crucero, Calvario y muchas más comunidades: identificados, impunes, prósperos, oficialistas como siempre.
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5/12/13

Nosotros los desplazados de de Banavil, estamos viviendo condiciones inhumanas



A 04 de Diciembre de 2013 San Cristóbal de Las Casas

  • A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
  • Al Congreso Nacional Indígena
  • A los medios de Comunicación Independientes
  • A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
  • A las adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
  • A la Red Contra la Represión
  • A las Juntas de Buen Gobierno
  • A los pueblos indígenas de México y del mundo
  • A la Opinión Publica

Hermanas y hermanos de los pueblos del mundo. Hoy, recordamos los hechos del pasado 04 de diciembre de 2011, ese día fuimos; agredidos con armas de fuego, desplazados, encarcelados, perseguidos por la justicia como criminales, objeto de burla de las autoridades; todo por ser indígenas, nosotros somos personas humildes y tenemos corazón, nuestro corazón se llena de tristeza al recordar estas cosas que nos esta pasando, como si no fuéramos seres humanos.

Los priistas y caciques del paraje Banavil, están en contra de nosotros por ser simpatizantes del EZLN, porque nosotros no creemos en el mal gobierno, nosotros creemos en la lucha. En el 2007 nos empezaron a agredir, desde entonces, pusimos varias denuncias ante la Fiscalía Indígena, ninguna procedió, los agresores pasean en las calles riéndose y burlándose de nosotros, hasta el grado de que trabajan en la presidencia municipal de Tenejapa. 

El 04 de diciembre de 2011, fue la agresión, nuevamente iniciamos varias denuncias ante la Fiscalía Indígena nada mas no procede, hay mucha complicidad de parte del Fiscal Especializado en Justicia Indígena el Lic. Cristóbal Hernandez, no solo lo decimos nosotros si no que hay mas personas que han reclamado, por su mala función de este señor, que tiene no tiene corazón para atender los problemas de los pueblos indígenas, solo esta para ver como se matan los indígenas y esta para recoger los cuerpos de los muertos y también esta para encarcelar a las víctimas como fue encarcelado Lorenzo y Francisco Santiz Base de Apoyo del EZLN, dos de mis hermanos con ordenes de aprehensión y mi papa Alonso, las autoridades lo dan como muerto pero aun así lo sacaron una orden de aprehensión, como es posible que aiga tanta maldad de parte de las autoridades, esto se tiene que terminar.

Hoy se cumplen 2 años de estar desplazados y de la desaparición de mi padre Alonso López Luna. Llevamos 730 días sin ser tomados en cuenta viviendo en condiciones inhumanas. El gobierno federal, estatal y además por que el fiscal especializado en justicia indígena Cristóbal Hernández López, es complice con los agresores y respalda los asesinos exijamos nuevamente al presidente del república Enrique Pena Nieto y al gobernador Manuel Velasco Cuello que nos resuelva nuestro problema porque aun seguimos desplazado y sin respuesta a nuestros escritos que hemos mandado.

También exigimos al gobernador Manuel Velasco Cuello su intervención pronto posible a nuestras tierras y casas que están abandonadas y cosas que robaron y que podemos regresar con brevedad y que nos garantizan nuestro retorno al gobierno.

Exigimos su otra intervención al gobernador Manuel Velasco ya que ha pasado dos años sin resolver nuestras peticiones, además con el pretexto del comandante de policía Judicial Especializado en justicia, es que están saturados de trabajo y no quieren que estamos promoviendo el amparo de homicidio de nuestro padre Alonso López Luna.
Nosotros los desplazados de de Banavil, estamos viviendo los condiciones inhumanas y como lo viven a nuestros hermanos del Ejido Puebla, estar desplazados no es vivir como seres humanos y como seres humanos tenemos derecho a exigir la justicia.
  • Exigimos que nos digan los agresores donde esta el resto del cuerpo de mi papa y que le hicieron a nuestro padre, porque ellos saben donde lo tienen y porque estos agresores y asesinos están libres y no hubo castigo contra ellos no pisaron la cárcel.
  • Exigimos justicia sobre la desaparición forzada a nuestro padre Alonso López Luna.
  • Exigimos justicia por los hechos ocurrido de 04 diciembre de 2011.
  • Exigimos justicia para los hermanos desplazados del Ejido Puebla Exigimos castigo a los asesinos, osea que se aplique la justicia.
Por ultimo, enviamos un saludo a los compañeros desplazados en México y del mundo. Hermanos, todos debemos de condenar los desplazamientos. Porque vivir así, no es vivir como seres humanos.  

Atentamente

Los desplazados de Banavil, Municipio de Tenejapa Chiapas
Simpatizantes de EZLN

Lorenzo Lopez Giron
Miguel Lopez Giron
Petrona Lopez Giron





Video de la Conferencia de Prensa a dos años del desplazamiento de cuatro familias de Banavil; 5 de diciembre 2013

“Plan Chiapas 94” Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos-México (TPP-México); Guerra de baja intensidad en Chiapas.

Fuente: Koman Ilel

Con el objetivo de acabar la lucha del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional EZLN, se incrementó la militarización en la zona Selva, Norte y Altos de Chiapas, del año 1995 al año 2000. Dentro de estos años se formaron grupos paramilitares como PAZ Y JUSTICIA, LOS CHINCHULINES, MASCARA ROJA, LOS DEGOLLADORES, ALIANZA SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS, MOVIMIENTO INDIGENA REVOLUCIONARIO ANTIZAPATISTA (MIRA), LOS AGUILARES y otros grupos de priístas armados en Chiapas, apoyados por los tres niveles de gobierno en turno, para usarlos en contra de sus propios hermanos indígenas.

Esta estrategia originó ejecuciones, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, en varias comunidades. Por ejemplo el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia quién provocó 37 desapariciones y alrededor 85 ejecuciones. Esta estrategia toco su mayor logro cuando en Acteal se masacraron a 45 personas, cuatro de ellas embarazadas, en el año de 1997.

La guerra de baja intensidad a ocasionado hasta entonces cerca de 12 mil desplazados tan solo en la zona Norte y Altos. Las ejecuciones y desplazamientos culminan con el robo de casas y cosechas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y torturas, mimas que permanecen en la impunidad.

Todos estos atropellos, serán recordados en Susuclumil, Tila, los días 6 y 7 de diciembre, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, cuando se realice la pre-audiencia sobre el “Plan Chiapas 94”, justamente en el lugar bastión de los paramilitares. Testificarán dando la palabra sobrevivientes y familiares en los casos principales de la Zona Norte, Acteal y Viejo Velasco.

Programa del encuentro: http://www.tppmexico.org/preaudiencia-reunion-justicia-verdad

Los Grupos Paramilitares y Priistas Armados en Chiapas

Para mas información el video de abajo:


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4/12/13

Conferencia de prensa a dos años del desplazamiento forzado de cuatro familias de Banavil

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
a 28 de noviembre de 2013

Compañeras, compañeros:

A dos años del Desplazamiento forzado de cuatro familias de Banavil, simpatizantes del EZLN, a dos años de la desaparición del Señor Alonso López Luna y de la privación arbitraria de la libertad de Francisco Santiz Lopez Base de apoyo del EZLN, recordamos los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2011.

CONVOCAMOS A:

Todos los Medios de Comunicación libres, alternativos, y convencionales, a una Conferencia de Prensa el día 05 de diciembre a las 11:00 hrs. a.m. en la oficina del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Ubicada en la calle Brasil Núm. 14 Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las casas, Chiapas.

Invitamos también a todos nuestros hermanos, hermanas y organizaciones solidarias a acompañarnos.

Agradecemos su asistencia.

ATENTAMENTE,

Desplazados y desplazadas de Banavil

Lorenzo López Luna

Miguel López Luna

Petrona López Giron 

Fotos: Familias desplazas de Banavil, municipio de Tenejapa
 Desplazados Banavil koman ilel

Fuente:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.
Chiapas Denuncia Pública 
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Testificaremos en el Tribunal Permanente de los Pueblos graves violaciones a derechos humanos: Las Abejas


A las organizaciones sociales y políticas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos
A la Prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Buenos días compañeros y compañeras:

Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa.


Antes que nada, queremos recordar el contexto en el que se han dado los casos que se presentarán en la preaudiencia del TPP en la Comunidad de Susuclumil, municipio de Tila, Chiapas.


El 1 de enero de 1994, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en contra del gobierno mexicano y del Ejército federal, a favor de las comunidades indígenas y del pueblo de México. A partir de entonces el Estado puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94’, con el objetivo de acabar al EZLN. Con esta estrategia contrainsurgente se incrementó la militarización en las zonas Selva, Norte y Altos en el estado de Chiapas así como las violaciones de derechos humanos contra la población, principalmente indígena.

Esta estrategia contempló la paramilitarización, que consiste en utilizar a nuestros propios hermanos indígenas para hacer el trabajo sucio del Ejército mexicano y la policía, como cometer ejecuciones, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Así la violencia aumentó entre los años de 1995 a 2000 de la zona Norte de Chiapas con la actuación del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia quienes cometieron, hasta donde se tiene registrado 37 desapariciones y 85 ejecuciones; y en la zona Altos con el grupo paramilitar afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes cometieron desplazamiento forzado de miles de personas, asesinados, y que se visibilizo esta estrategia de muerte con la Masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Estos grupos paramilitares fueron identificados y su actuar lo realizaban con armamento de uso exclusivo del Ejército mexicano, así como con la anuencia y protección de los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

Ante las constantes denuncias dadas a conocer tanto pública como ante las instancias de procuración de justicia, el gobierno mexicano no actuó y las violaciones a derechos humanos cometidas tanto por los grupos paramilitares así como por la policía y el ejército mexicano, aumentó provocando más de 12 mil desplazados tan solo en las zonas Norte y Altos de Chiapas, para proteger sus vidas ante las constantes ejecuciones, desapariciones, quemas de casa, robo de cosechas, saqueos de casas, hostigamientos, intimidación, detenciones arbitrarias, torturas. Hasta el día de hoy estas graves violaciones a los derechos humanos permanecen en la impunidad.

Además se ha sumado a la impunidad el caso Viejo Velasco, pues hasta el momento no se ha dado con el paradero de 2 de los 4 desaparecidos y el asesinato de 6 personas en aquel operativo policiaco realizado el día 13 de noviembre del 2006 en la comunidad, lo que provocó el desplazamiento forzado de sus habitantes en el contexto de la lucha por la reivindicación del derecho al territorio y al resguardo y manejo de los recursos naturales de las comunidades asentadas en la Selva Lacandona.

Es hecho histórico donde nos vamos a juntar los días 6 y 7 de diciembre de 2013, testificaremos en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, en donde la palabra de sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidos en los casos Zona Norte, Acteal y en Viejo Velasco será las voces de exigencia de justicia y verdad. Realizaremos las ceremonias tradicionales para fortalecer nuestro corazón y animarnos a seguir en esta lucha por la memoria y la esperanza. 

Muchas gracias. 

Mesa Directiva de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal

Rosendo Gómez Hernández
Presidente
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Antonio Vásquez Gómez
Vicepresidente
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Juan Gómez Ruíz
Secretario
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Elías Gómez Pérez
Sub secretario
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Lorenzo Pérez Ruiz
Sub tesorero
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Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.
Chiapas Denuncia Pública  

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Aborda el TPP en Chiapas secuelas de la guerra sucia, según la experiencia de sobrevivientes

· Participantes del encuentro se entrevistan con habitantes de la Zona Norte, Selva y Altos.
· Busca probar violaciones graves cometidas por el gobierno contra el pueblo de México.


Hermann Bellinghausen
La Jornada 04/12/2013

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 3 de diciembre

Los próximos días 6 y 7, en la comunidad chol de Susuclumil, en Tila, organizaciones populares, indígenas, de derechos humanos y de víctimas que participan en el Eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sección México, se encontrarán con testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de Zona Norte, Selva y Altos, todos víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contemplada en el Plan de Campaña Chiapas 94, implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

Dicha guerra, según los convocantes del TPP (no confundir con el tratado transpacífico de idénticas siglas), tuvo como consecuencia decenas de desapariciones, asesinatos, desplazamientos, violencia sexual y masacres; todos, crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad. El encuentro busca probar las violaciones graves de derechos humanos que el Estado mexicano ha cometido en contra del pueblo de México, en especial de los pueblos originarios en Chiapas.

Falta de acceso a la justicia

Esta preaudiencia se titula Reunión para la justicia y verdad. Documentará con testimonios directos, muchos de ellos ya conocidos y sin embargo impunes, la situación de las regiones indígenas de la entidad, y se centrará en “la guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia”.

A la reunión acudirán grupos e individuos de los pueblos mayas chiapanecos para decir su verdad y denunciar los asesinatos y masacres en su contra. Convocan el TPP y un total de 59 organizaciones populares, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, con presencia en 20 estados de la República; la Red de Radios Comunitarias, que agrupa a 35 proyectos radiofónicos; la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (42 organizaciones nacionales e internacionales), además de familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas.

El TPP (heredero del célebre Tribunal Rusell) ha realizado numerosas reuniones en nuestro país a partir del clímax de la guerra calderonista. Se presenta como un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si en efecto han sido violados tales derechos, y finalmente denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. Lo conforman personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.

La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, las minorías y los individuos. Su interés se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos, hayan sido perpetradas por los estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas. En Chiapas, la historia reciente ha sido abundante en esta clase de episodios; al cobijo de una militarización intensiva, paramilitares y bandas criminales asolaron a cientos de pueblos choles, tzotziles y tzeltales durante las pasadas dos décadas, y sus brotes se repiten hasta hoy. La guerra no ha cesado y ocurre día a día, como previó siempre el escritor Carlos Montemayor. Puede variar su intensidad, pero es continua.

Los garantes de la sección México del TPP son Magdalena Gómez Rivera, el obispo Raúl Vera López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña, Gilberto López y Rivas y Andrés Barreda Marín.





Tyempä Cha’an Ysacla’tiel Melelä (Chol),
tzoblej ye ́un xcholel chápanel sol ́ jmelelil (tseltal),
Tsomblej yu’un melelil xchi ́uk lekil chapanel (tsotsil);
Miércoles 4 de diciembre de 2013 a las 10:30 hrs. a.m.

02/12/2013 Preaudiencia TPP: reunión para la verdad y la justicia, en Susuclumil, Tila Chiapas
23/11/2013 Preaudiencia “Reunión para la justicia y verdad” en Susuclumil, Tila, Chiapas.


Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.
Chiapas Denuncia Pública
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3/12/13

El indígena Alejandro Díaz Sántiz insiste en que lleva 15 años encerrado "injustamente"

· Denuncia preso que en cárcel chiapaneca se suspendió medicación a reos enfermos


Hermann Bellinghausen
La Jornada 03/12/2013

San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de diciembre.

En el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSSS) número 5, ubicado en Los Llanos, dentro de este municipio, la administración ha dejado de proporcionar medicamentos para los presos enfermos, denunció hoy Alejandro Díaz Sántiz, solidario de la Voz del Amate y último adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona que sigue interno en dicho penal. "El mal sistema que vive el país y sus estados ha ocasionado mucho daño, dolor, angustia y coraje hacia miles de familiares mexicanos", agrega el indígena, quien lleva 15 años preso, "injustamente" según insiste, y no ha dejado de exigir su liberación.

Díaz Sántiz, a quien Alberto Patishtán Gómez, liberado hace un mes, "dejó encargado de defender" a los presos de Los Llanos, relata que, hasta el pasado viernes, un hombre estuvo en huelga de hambre más de una semana. Miguel Antonio López Santiago, "12 años con 11 meses preso injustamente, el 19 de noviembre inició una huelga de hambre en protesta de exigir justicia y libertad pacíficamente, tal como lo ha estado manifestando".

Sin embargo, diez días después López Santiago presuntamente sufrió un desvanecimiento, fue trasladado a un hospital y suspendió su protesta. Las autoridades habrían ofrecido a los familiares acelerar la revisión de su caso en la Mesa de Reconciliación que analiza los procesos impugnados por la población carcelaria de la entidad. No obstante, durante los días que estuvo en huelga de hambre "sólo recibió amenazas y tortura sicológica de parte del grupo Lobo y el jefe de seguridad Juan Gabriel Soberano Pimentel, quienes le dijeron que lo obligarán a comer si no se desistía de su huelga", refiere Díaz Sántiz.

Por cierto, la semana pasada, otro grupo de reos no organizados realizó una breve huelga de hambre demandando mejores condiciones. El vocero de Solidarios de la Voz del Amate pide que se respeten los derechos de "cada preso, pues tiene derecho de manifestarse siempre y cuando sea pacífico".

Denunció que el administrador del penal, Jaime López, no ha adquirido medicamentos o ha omitido entregarlos a los reclusos que los requieren. El propio Díaz Sántiz, quien padece de la vista, fue llevado a consulta fuera del penal el 17 de noviembre, y aunque le prescribieron medicamentos, éstos no le han sido proporcionados por las autoridades.

Por último, con respecto a su propia situación, Álex (como lo llaman sus compañeros) demanda al gobernador Manuel Velasco Coello que cumpla el compromiso que adquirió con su caso el pasado 4 de julio de "buscar los medios y enlaces ante las autoridades de Veracruz (donde se realizó su proceso) para obtener mi libertad", pues "hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta".

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Último preso de la organización “Solidarios de La Voz del Amate” denuncia agresiones y pide que el Gobernador de Chiapas cumpla su palabra

30/11/2013 Fuente Koman Ilel

Alejandro Díaz, último preso de la organización Solidarios de La Voz del Amate pide que el Gobernador de Chiapas cumpla su palabra de contactar a las autoridades del estado de Veracruz para agilizar los trámites para hacer posible su pronta liberación.

Así mismo denuncia acciones de intimidación y agresión psicológica por parte del jefe del grupo “lobo” del CERSS No. 5, en contra de Miguel Antonio Lopez Santiago, preso injustamente desde hace más de 12 años, que actualmente se encuentra en huelga de hambre.

Comunicado de Alejandro Díaz Sántiz

A la opinión pública
A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional
A los medios alternativos
A la Sexta
A las organizaciones independientes
A los defensores de los derechos humanos, ONGs

Preso injustamente, solidario de la Voz del Amate adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Recluido en el penal n°5 de San Cristóbal Las Casas, Chiapas.

El mal sistema que vive el País y sus estados ha ocasionado mucho daño, dolor, angustia y coraje hacia miles de familiares mexicanos.

Ejemplo claro es el caso del interno Miguel Antonio Lopez Santiago que lleva 12 años con 11 meses preso injustamente, es por eso que el dia 19 de noviembre de 2013 inicio una huelga de hambre indefinida en protesta de exigir justicia y libertad pacíficamente tal como lo ha estado manifestando.

Pero durante los 10 días que lleva solo ha recibido amenazas y tortura psicológica de parte del grupo Lobo, jefe de seguridad Juan Gabriel Soberano Pimentel en donde le han dicho que lo obligarán a comer si no se desiste de su huelga.

En ello pedimos que se respeten sus derechos porque cada preso tiene derecho de manifestarse siempre y cuando sea pacífico.

Es por eso exijo al gobernador que tome cuenta en el asunto lo mas pronto posible cualquier cosa responsabilizamos al Estado.

Asi también exijo al gobernador Manuel Velasco Coello que fue el 4 de julio se comprometió en buscar los medios y enlaces ante las autoridades de Veracruz para obtener mi libertad pero hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta.

Preso injustamente, Solidario de La Voz del Amate
Adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN

Alejandro Díaz Sántiz

Penal n°5 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
a 28 de Noviembre de 2013

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La Energía Verde, nueva máscara del mercado

Las empresas transnacionales de las energías limpias, como la eólica, hacen negocio con la crisis climática. Los afectados son, nuevamente, los pueblos indígenas.



“El principio de acumulación sin fin que define al capitalismo es sinónimo de crecimiento exponencial, y éste, como el cáncer, lleva en sí a la muerte”

Samir Amin (2009)

Santiago Navarro
Fuente: Desinformémonos

“México ha cumplido con todas las medidas; nuestra Ley General de Cambio Climático es ejemplo a nivel mundial”, afirmó Ramón Sampayo, presidente de la Comisión de Cambio Climático de México. El senador Daniel Ávila Ruiz se comprometió en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 19) -realizada del 11 al 22 de noviembre de 2013 en Varsovia, Polonia,- a reducir en un 30 por ciento sus emisiones de Gas de Efecto Invernadero [1] (GEI) para el año 2020 y en 50 por ciento para 2050. No obstante, en ningún momento se argumentó absolutamente nada sobre los pueblos que afectados por estas medidas implementadas, como las afectaciones hacia los pueblos indígenas zapotecos del sur de México, perjudicados desde el año de 1994, cuando comenzó a construirse uno de los proyectos más grandes  de energía eólica en Latinoamérica.

Los efectos del cambio climático son una preocupación en común de la humanidad, pero en la cumbre de la Cop 19 permeó una posición que en todo momento favorece a las empresas [2], que buscan continuar con un crecimiento económico exponencial que parece no tener fin. La crisis ecológica es un instrumento para legitimar las decisiones políticas y económicas que representan la antesala de la denominada Economía Verde, en pro de la acumulación de capital y de un desarrollo desigual. No se puede hablar de cambios radicales para la regulación de las emisiones de dióxido de carbono (Co2) si no se actúa de forma radical sobre las causas.

Si hablamos en términos económicos, el cambio climático es considerado como una externalidad o bien, una falla negativa del mercado que las empresas no pagan [3]. Es decir, el costo de estos efectos en los diferentes encadenamientos de producción de millones de mercancías no se incluye en el coste final, pero alguien tiene que pagar las consecuencias, y por lo general son los países del sur. Si elegimos una mercancía de entre las miles que se producen a diario, como el automóvil -de máquina de combustión interna o los nuevos automóviles eléctricos-, su composición requiere de más un centenar de metales, entre otros materiales. Esto implica en su mayoría, minería a cielo abierto, devastación de ecosistemas en su totalidad [4], desplazamiento de comunidades, contaminación del oxígeno y del agua, pero sobre todo, la utilización de energía, como el petróleo, carbón, gas o biocombustibles antes y después de su producción. Ya sea un automóvil que es eléctrico o que funciona con alguna energía renovable, implica externalidades negativas con un impacto directo en el medio ambiente.

“El mercado causa continuamente externalidades que hemos de entender no tanto como fallas del mercado, sino como éxitos en transferir costos a los pobres, a las futuras generaciones y a las otras especies”, sostuvo Joan Martínez Alier en su ponencia en el año 2011 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se refirió al uso de la energía: “El mercado no consigue producir la energía ni los materiales que usamos en las economías industriales sino puramente logra su extracción y su pérdida. El mercado no sirve para temas ambientales”.

La contaminación, un nuevo mercado

Si las empresas y gobiernos buscan internalizar las fallas de mercado, no es por querer resolver el problema, sino más bien para abrir un nuevo mercado para las inversiones de capital con los permisos de contaminación –bonos de carbono- y, sobre todo, con el boom de las tecnologías limpias [5], las cuales han desatado una gran competencia entre los países desarrollados por tener su control. “Veremos una explosión de las tecnologías limpias, lo que va a generar grandes oportunidades de negocio para las empresas y gobiernos que entiendan este hecho. Porque la nación que lidere el mundo en energías limpias liderará la economía mundial del siglo XXI”, sostuvo en el año 2012 Juan Verde Suárez, asesor del presidente estadunidense Barack Obama en Economía y Sostenibilidad.

El estudio “Climascopio 2013” afirma que América Latina y el Caribe representan un atractivo potencial a nivel global [6] para invertir en energías limpias, ya que los gobiernos facilitaron una plataforma legal para fortalecer este mercado. El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización Bloomberg New Energy Finance (BNEF) elaboraron el estudio, un índice interactivo [7] y herramienta virtual de evaluación centrada en mercados de energías limpias, que se lanzó por primera vez en 2012 y cuyo objetivo es la evaluación de la capacidad con la que cuenta cada país para atraer la inversión de capitales en este tipo de energías.

Este estudio sustenta que las inversiones en el sector de energías limpias en México crecieron al 499 por ciento; de 532 millones de dólares en 2011 a 2 mil 900 millones en el 2012. La mayoría de estas inversiones se destinaron a proyecto de energía eólica.

Entre los años 2003 y 2012, México recibió aproximadamente 7 mil 343 millones de dólares [8] de inversión en la industria de energías renovables; dicha inversión se concentró en los estados de Oaxaca y Baja California. Los principales países inversionistas fueron España, Estados Unidos, Dinamarca y Francia.

“Los proyectos eólicos negociaron con el gobernador y no pidieron la opinión de nosotros. Si el gobierno quiere que entre Mareña Renovables primero que nos mate, vamos a morir aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque cuando nos vayamos ellos se quedan en el mar”, lanzó una de las mujeres que viven de la pesca en el mar, y quienes junto a sus esposos, hijos y ancianos, resisten al proyecto eólico impulsado por el BID y la empresa Mareña Renovables en la Barra Santa [9] Teresa del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El proyecto del corredor eólico que inició desde 1994 tiene como objetivo, la construcción de más de 5 mil aerogeneradores, los cuales han avanzado mediante engaños hacia las comunidades indígenas zapotecas de esta región.

El proyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec sigue avanzando con capital transnacional como el de Coca Cola-FEMSA, Iberdrola, Acciona, Endesa, Gamesa, Mitsubishi, Vestas, EDF Electricite de France, Cannon Power Group, Abengoa, Potencia Industrial, Sanyo, Kyocera y Vientek, entre otras. A raíz de esto, las comunidades indígenas se vieron en la necesidad de organizarse y resistir por medio de sus asambleas, la policía comunitaria y las barricadas, pues las empresas y el Estado hace tiempo que empezaron a utilizar otros mecanismos, como los grupos paramilitares o grupos de choque [10] para continuar con este megaproyecto. “No queremos este proyecto porque va a matar la naturaleza y nosotros ni siquiera carro tenemos. Cuando nos hablan de desarrollo, es porque nos van a robar nuestros recursos”, sostiene uno de los inconformes.

Es posible que la estrategia de los grupos de choque sigua la recomendación del general Oscar Naranjo [11] – ex director de la policía colombiana y actual asesor de Enrique Peña Nieto-, quien sugirió al presidente de México que creara grupos de choque mixtos, entre el ejército, la armada y la policía, para contener la violencia que vive este país.

Otro punto de gran inversión de energías renovables es Baja California, donde se pretende instalar 52 aerogeneradores [12] que abarcan las zonas de Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez, en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, para producir 130 megavatios (Mw), hasta llegar a un mil 250 Mw, con una inversión total de cerca de 500 millones de dólares. En ese mismo sentido se tiene contemplada una subestación, con la idea de conectar el campo eólico con la red Powerlink suroeste de su subsidiaria San Diego Gas y Energía, para trasladar el fluido hacia San Diego, Estados Unidos.

Activistas de los Estado Unidos como Donna Tisdale, fundadora de la no gubernamental Fundación para Proteger Nuestras Comunidades, emprenden acciones judiciales para detener este proyecto. Así mismo, denunciaron a Energía Sierra Juárez, filial de la californiana Sempra Energy, transnacional estadunidense, propietaria de Sempra LNG, Sempra Energy México y Energía Costa Azul, de despojo de tierras y pago de sobornos en Estados Unidos para construir y operar su terminal de gas licuado en Ensenada, activa desde 2008.

El gobierno mexicano se jacta de ser un buen receptor del capital transnacional, como lo sostiene en su página oficial “ProMéxico” de la Secretaría de Economía. Ven como un potencial  favorable los bajos salarios que se pagan en este país a los trabajadores -5.02 dólares diarios-, así como el ahorro de hasta un 12 por ciento en costos de manufactura para la industria de baterías avanzadas en el sector de energías verdes, en comparación con Estados Unidos. “Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs (Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica), pues se necesitan solo nueve días y seis trámites”, afirman en su web oficial. La pregunta que queda por hacer es ¿son tan eficientes los trámites burocráticos en México, que en tan sólo nueve días pueden consultar a una comunidad sobre estos proyectos y al mismo tiempo realizar estudios de impacto ambiental?

Regresemos al cambio climático. Sí las empresas son responsables de las externalidades negativas, siguiendo la lógica de mayor ganancia y buscando pagar menos en su proceso de producción, entonces lo que ellos conocen como desarrollo o crecimiento, es lo que provoca a la par un crecimiento de la destrucción y la contaminación en diferentes escalas con los llamados fallos del mercado. Por tanto, los países desarrollados y las empresas son responsables del cambio climático y son ellas mismas quienes quieren ofrecer una solución a este problema, con la misma lógica del mercado. Pero hay pueblos y gobiernos que no esperan nada de sus iniciativas, como lo sostuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, antes de acudir a la Cop 15: “Nuestra propuesta es bien seria. Los países del capitalismo tienen que pagar la deuda ecológica. En vez de que cobren la deuda externa, más bien ellos tienen que pagar”. De esta forma los países pobres exigen que los países ricos paguen por daños causados en nombre del crecimiento económico.

Publicado el 02 de diciembre de 2013
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