Hace unos minutos se acaba de consumar la farsa: el presidente del
Paraguay Fernando Lugo fue destituído de su cargo en un juicio
sumarísimo en donde el Senado más corrupto de las Américas -¡y eso es
mucho decir!- lo halló culpable de "mal desempeño" de sus funciones
debido a las muertes ocurridas en el desalojo de una finca en Curuguaty.
Es difícil saber lo que puede ocurrir de aquí en más. Lo cierto es que,
como lo dice el artículo de Idilio Méndez que acompaña esta nota, la matanza de Curuguaty fue una trampa montada por una derecha que
desde que Lugo asumiera el poder estaba esperando el momento propicio
para acabar con un régimen que pese a no haber afectado a sus intereses
abría un espacio para la protesta social y la organización popular
incompatible con su dominación de clase. Pese a las múltiples
advertencias de numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay Lugo no se
abocó a la tarea de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza
social que con gran entusiasmo lo elevó a la presidencia en Agosto del
2008. Su gravitación en el Congreso era absolutamente mínima, uno o dos
senadores a lo máximo, y sólo la capacidad de movilización que pudiera
demostrar en las calles era lo único que podía conferirle gobernabilidad
a su gestión. Pero no lo entendió así y a lo largo de su mandato se
sucedieron múltiples concesiones a una derecha ignorando que por más que
se la favoreciera ésta jamás iría a aceptar su presidencia como
legítima. Gestos concesivos hacia la derecha lo único que hacen es
envalentonarla, no apaciguarla. Pese a estas concesiones Lugo siempre
fue considerado como un intruso molesto, por más que promulgara en vez
de vetarlas las leyes antiterroristas que, a pedido de "la Embajada",
aprobaba el Congreso, el más corrupto de las Américas. Una derecha que,
por supuesto, siempre actuó hermanada con Washington para impedir, entre
otras cosas, el ingreso de Venezuela al Mercosur. Tarde se dio cuenta
Lugo de lo "democrática" que era la institucionalidad del estado
capitalista, que lo destituye en un tragicómico simulacro de juicio
político violando todas las normas del debido proceso. Una lección para
el pueblo paraguayo y para todos los pueblos de América Latina y el
Caribe: sólo la MOVILIZACIÓN y ORGANIZACIÓN POPULAR sostiene gobiernos
que quieran impulsar un proyecto de transformación social, por más
moderado que sea, como ha sido el caso de Lugo. La oligarquía y el
imperialismo jamás cesan de conspirar y actuar, y si parece que están
resignados esta apariencia es enteramente engañosa, como lo acabamos de
comprobar hace unos minutos en Asunción.
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Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty
y el juicio político a Lugo
Quienes están detrás
de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el
máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en
el futuro.
El viernes 15 de
junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en
el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por
francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para
sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un
latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y
decenas de heridos graves.
Las consecuencias:
El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y
extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por
un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las
organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente
de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de
las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y
el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea
para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de
2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo
Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la
compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en
Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se
dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus
Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como
las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil.
El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE,
otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió
dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los
dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como
exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses
posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP,
estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color,
arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica
de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva
decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una
seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de
junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a
través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante
técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente
adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas
socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas:
“Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos
fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del
ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se
desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo
escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la
India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en
Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se
trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de
Curuguaty.
En el marco de esta
exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto
presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente
al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de
la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla
transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos
hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de
corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del
Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a
Monsanto.
Monsanto facturó el
año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta
parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas
transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta
de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una
extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno
a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la
Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad,
que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de
Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial
de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y
algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la
Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios
técnicos del Estado paraguayo.
En tanto
transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de
protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio
próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando
medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las
reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera
del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para
su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida
por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien
tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las
transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas
del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director
propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de
Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de
Prensa, SIP.
El Grupo Zuccolillo
es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más
grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos
graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros
de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río
Paraguay, sin ninguna restricción.
Las transnacionales
del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la
férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La
presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del
impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado,
IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa
apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un
estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno
al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay es uno de
los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30
millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que
se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a
la especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y
tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que
guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan
inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están
ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias
influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las
transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una
ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de
Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la
estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil
hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de
Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al
general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al
dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por
muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y
establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas
2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue
ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de
Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de
los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía
Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia,
bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje
interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad
de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se
comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia,
pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como
quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas
reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50
heridos.
Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven
Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del
presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones
campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso
exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización
del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria,
la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores
y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía
Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados
mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los
Estados Unidos.
El asesinato del
hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un
mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo,
probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno
tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos
Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén
Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo
derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada,
incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro
de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó
como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue
reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo.
Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de
organizaciones campesinas y de movimientos populares.
Su nominación a Fiscal
General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los
Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por
parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su
gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del
gobierno.
Tras asumir como el
ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del
protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es
que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que
significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días después de
asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor
Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron
garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo
dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales
favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de
Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el
gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es
precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno
del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en
el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico,
según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del
Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que
aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas
horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del
Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical
Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno,
amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente
de la República del Paraguay.
Lugo depende del
humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de
sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad
buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido
Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la
mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan
“las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la
patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario,
se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este
gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como
conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus
haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista,
propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en
2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la
instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la
Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar
actividades a favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra
unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis
del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados
por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración
del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del
neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten
en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos
del derechista Partido Colorado.
Curuguaty también
engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera
se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la
guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia,
Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a
Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en
su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje
comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de
contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington
sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al
gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y
militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos
años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico
Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión
diplomática.
Y Paraguay es un
país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por
USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el
sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el
desarrollo del suroeste del Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del
gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la
vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el
desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a
estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad
y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.
(*) Periodista,
investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del
Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.
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