21 de ene. de 2012

Los estados mexicanos deben acabar con la impunidad ante desapariciones forzadas

Los estados mexicanos deben acabar con la impunidad ante desapariciones forzadas
Ha habido un incremento de desapariciones forzadas en todo México con la lucha contra las redes de crimen organizado por parte de las fuerzas armadas.

Amnistía Internacional (AI)

Las autoridades de México deben aprobar y aplicar leyes que tipifiquen como delito las desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional a raíz de que un estado esté planteando un proyecto de ley para prohibir esta práctica.

Nuevo León, próximo a la frontera con Estados Unidos, es uno de los estados mexicanos que han experimentado una oleada de violencia en los últimos años, que incluye secuestros y desapariciones forzadas en las que están implicados miembros de bandas criminales, las fuerzas armadas y la policía.

El 19 de enero, las autoridades estatales llevarán a debate un proyecto de ley para tipificar como delito las desapariciones forzadas. De aprobarse esta ley, Nuevo León se sumaría a los otros ocho estados mexicanos que ya cuentan con una legislación similar.

“En muchas de las desapariciones forzadas que se producen en México está implicada la policía municipal o estatal, lo que significa que la jurisdicción federal y la legislación federal actual pueden no tener competencia sobre ello”, ha explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“La aprobación de esta ley clave en Nuevo León reforzaría los esfuerzos de todo el país por introducir una legislación al respecto y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de casos presentes y futuros de desapariciones forzadas.”

Los casos de detenciones y secuestros ilegales de México en los que están implicados funcionarios públicos normalmente no se investigan, ya que las autoridades prefieren que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre las organizaciones criminales.

“Según el derecho internacional, los Estados deben evitar las desapariciones forzadas y llevar a los responsables ante los tribunales”, ha dicho Javier Zúñiga.

“Las autoridades no deben esperar a que se apruebe la nueva legislación para actuar de forma inmediata en los numerosos casos en los que existen indicios evidentes de la implicación del ejército, la armada o la policía.”

Casi 50.000 personas han sido asesinadas y miles de ciudadanos continúan desaparecidos en todo México desde diciembre de 2006, fecha en la que el presidente Calderón ocupó su cargo y comenzó a hacer uso de las fuerzas armadas para luchar contra las redes de crimen organizado.

El conflicto entre los cárteles de la droga se ha extendido a muchos estados y ciudades como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.

Existen numerosas denuncias por connivencia de funcionarios públicos. La respuesta militar a las bandas criminales está teniendo como resultado graves violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen actos de tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. La respuesta general a todos estos delitos es la impunidad.

Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado cientos de casos de secuestros y desapariciones en el estado. Afirman que la policía estatal y municipal, con frecuencia acusada de connivencia con bandas criminales, ha estado implicada directa o indirectamente en el 40 por ciento de estos casos.

De acuerdo con el sistema de gobierno federal de México, cada uno de los 31 estados que componen el país, junto con el Distrito Federal de Ciudad de México, tiene su propia jurisdicción penal. Esto significa que la responsabilidad de investigar y enjuiciar delitos como desapariciones forzadas, detenciones ilegales y secuestros generalmente recae en los estados y no en las autoridades federales.

Las víctimas de estos delitos y las ONG se encuentran con innumerables obstáculos para lograr que estos casos se investiguen de forma efectiva y para aclarar el papel desempeñado por los funcionarios estatales.

México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar los informes presentados por las víctimas u otros Estados Parte en la Convención.

“Al no contar con leyes adecuadas que garantizan la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas de forma efectiva como un tipo de delito, México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales”, ha afirmado Javier Zúñiga.

“Pedimos a los legisladores de Nuevo León y de otros estados mexicanos que cambien esta situación.”

(English versión)

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Hambre de rarámuris

Los de abajo

Gloria Muñoz Ramírez / La Jornada 21/01/2012

Las infundadas afirmaciones sobre suicidios colectivos de los rarámuris en Chihuahua por no tener nada que comer, y las ahora masivas campañas de acopio para llevar algo al estómago de estos pueblos, pueden transformar una emergencia real, dramática y no necesariamente nueva, en actos de caridad que trastocan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los colocan nuevamente como objetos de derechos, no como sujetos de los mismos, dejando de lado las responsabilidades del Estado no sólo en el cambio climático, sino en las consecuencias que ha tenido la invasión de diversos proyectos trasnacionales en los territorios indios.

Hace 18 años, la insurrección zapatista puso en el debate nacional e internacional el reconocimiento de los indígenas de este país como sujetos de derechos colectivos, dejando fuera las políticas paternalistas y las imágenes folclóricas de más de 60 pueblos excluidos y condenados a la pobreza extrema. En los primeros meses de 1994 ese debate se ganó, independientemente de que en 2001 se elaboró una contrarreforma que desconoció oficialmente los derechos y la cultura indígenas y, con esto, el derecho a la autonomía.

Esta semana empezaron a proliferar en todo el país centros de acopio a los que gente de buena voluntad llega a donar agua, arroz, frijol y leche enlatada. Por supuesto que todo esto y más se necesita para enfrentar la emergencia, pero el discurso no puede ser el de ayudar a los pobres tarahumaras que se están muriendo de hambre. Sostener el apoyo con este horizonte es dejar a un lado una conquista ganada a pulso por el movimiento indígena nacional.

Es obvio que el envío de un paquete especial de 100 mil despensas, así como cobijas y agua a la sierra Tarahumara por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en atención a los casos de hambruna generados por la sequía y las heladas que han afectado la región, no resolverá un problema mayúsculo que tiene que ver con la falta de reconocimiento y las políticas de exclusión de los rarámuris y el resto de los pueblos indios del país.

En estos momentos qué falta hacen la presencia y las palabras de Ricardo Robles, El Ronco, acompañante jesuita de los rarámuris desde siempre y conocedor como pocos de la sierra. Cito el extracto de uno de sus artículos: “…Y regresando a lo de los caníbales, hay que preguntarnos quiénes resultan serlo hoy, el turismo o los invadidos, las mineras o los envenenados, las represas o los desalojados, las guarderías o los niños, los partidos o los ciudadanos, el narco o sus cautivos, las policías o los contestatarios, el Ejército o los muertos, los gobiernos o los de abajo… y en fin, la avaricia o los depauperados”.

La resistencia está en saber escuchar a la tierra.

John Berger

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Información relacionada:

Escasez permanente en la Tarahumara La Jornada 20/01/2012

La Jornada 21/01/2012

Conmemoran aniversario luctuoso de Samuel Ruiz

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas falleció el 24 de enero del año pasado a los 86 años por complicaciones cardiacas

Óscar Gutiérrez / El Universal

La diócesis de San Cristóbal conmemora con misas y jornada de oraciones comunitarias el primer aniversario luctuoso del obispo emérito de aquella región de los Altos de Chiapas, Samuel Ruiz García.

Los oficios religiosos a la memoria de El "Tatic" (padre en lengua tzotzil ) como fue llamado por las comunidades indígenas, se extienden a las 54 parroquias de aquella demarcación religiosa.

El obispo diocesano Felipe Arizmendi Esquivel informó que las actividades religiosas a la memoria concluirán el próximo 25 de este mes. En las celebraciones participan la parroquia de San Juan Diego, la Coordinadora Diocesana de Mujeres, los grupos de Catequesis Infantil.

Lo hacen también la Pastoral Familiar, el Pueblo Creyente, la Pastoral Juvenil, el Seminario Diocesano, las Comunidades Eclesiales de Base y organismos que fueron cercanos a Ruiz García.

El cierre del primer aniversario del fallecimiento del obispo emérito se realizará con la presentación de testimonios y una misa concelebrada en la catedral de San Cristóbal de las Casas.

El " Tatic" será recordado asimismo, con una exposición fotográfica y textos alusivos a su vida religiosa, que se exhibirán en los corredores de la Curia Diocesana.

Don Samuel Ruiz García murió el 24 de enero del año pasado en la Ciudad de México a los 86 años, por complicaciones cardíacas.

Luego de sentidos homenajes de grupos indígenas, organizaciones sociales y de derechos humanos, el religioso fue sepultado en una cripta del altar de la Catedral , donde ofició por 40 años.

Don Samuel es reconocido por su defensa a los grupos indígenas de Chiapas y de Latinoamérica.

Por iniciativa suya, en 1989, se creó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas

El obispo medió en el conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal.

Los pueblos de Morelos contra Casas Geo o Jaulas Feo

Fuente: Proyecto Ambulante

En la permanente lucha por los territorios y sus recursos entre los pueblos y las corporaciones que buscan la ganancia privada, no hay quien pueda ser neutral. Así, el conflicto del pueblo de Tetelpa, en Zacatepec, Morelos, contra el proyecto de Casas Geo, que pretende construir 7 mil casas-gallinero en una superficie de 101 mil 169 metros cuadrados ocupando las faldas del cerro de la Tortuga, se inicia cuando algunos habitantes de esta comunidad, actuando en beneficio propio y violentando los requisitos legales que norman el traspaso de tierras ejidales a particulares, como es la aprobación expresa contenida en un orden del día de la asamblea de ejidatarios, venden terrenos comunitarios a diferentes personas y empresas, para que finalmente el 23 de junio del 2011 Casas Geo adquiera la superficie referida.

Una vez consumada esta privación ilegal de tierras ejidales, las autoridades del municipio de Zacatepec, encabezadas por el priísta José Carmen Cabrera, se constituyen en amanuenses-representantes de la empresa para promover en Tetelpa la aceptación del proyecto, aduciendo que no existen irregularidades en la adquisición de los terrenos y afirmando falsamente que la Comisión Estatal del Medio Ambiente (Ceama) ya había otorgado un dictamen de aprobación sobre el impacto ambiental.

Lejos de ello, esta dependencia había ya recibido desde 2009 la solicitud de Tetelpa para que el cerro de la Tortuga sea considerado área natural protegida, realizando el estudio justificativo el investigador Fortunato Solares Arenas, quien entregó sus resultados a mediados de 2010, por lo que se espera se publique el decreto en el periódico oficial Tierra y Libertad.

Ante el anuncio de la construcción de las casas en junio, tienen lugar las primeras reuniones de la comunidad de Tetelpa, que rechaza el proyecto en razón de su historia de resistencia y por su condición de pueblo originario, que se ha distinguido por defender durante siglos sus tierras, sus centros ceremoniales, su cerro de la Tortuga, su pirámide en la cima, su identidad, costumbres, cultura, agua, aire limpio, las especies animales y la gran variedad de plantas medicinales de su entorno natural, todo lo cual será afectado gravemente.

Los pobladores hacen recuento de los constantes despojos por grupos empresariales que, coludidos con autoridades locales y estatales, pretenden ahora imponerles por la fuerza un proyecto que dejaría sin agua no sólo a su comunidad, sino a otras aledañas como Xoxocotla, Zacatepec, Chiverías, Galeana, Benito Juárez y colonias unidas, donde actualmente el líquido vital llega por tandeo cuatro horas máximo, durante tres días a la semana. Se trata de un escenario ya existente de carencia de agua, al que se pretende sumar el desarrollo jaulístico-inmobiliario referido, con requerimientos insustentables. Pero además, los fraccionamientos afectarían por medio de sus desagües al río Apatlaco, ya de por sí contaminado, perjudicando a las comunidades que lo utilizan para uso agrícola y doméstico.

Tetelpa reclama el respeto a su autonomía como pueblo originario en razón de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Ley Agraria, y de acuerdo a la nueva Ley de Protección, Fomento, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, emitida por el Congreso local en fecha reciente, que en su artículo 32 asienta: “Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho a decidir las prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan y utilizan, así como a decidir su desarrollo económico, social y cultural en el contexto del plan estatal y municipal de desarrollo”.

Ante la movilización comunitaria, la reacción de Casas Geo y sus cómplices en los gobiernos ha sido el uso sistemático de las amenazas telefónicas y de otro tipo, la represión judicial contra los dirigentes de la comunidad, e incluso contra el mencionado biólogo Fortunato Solares Arenas, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como la utilización de individuos que actúan como grupos de choque, como el “Nuevo Grupo Sindical”, dirigido por un líder charro de extracción priísta, ahora militante del PAN. Asimismo, en diciembre se publicaron inserciones pagadas en varios periódicos morelenses, firmadas por asociaciones fantasmas como “vecinos de la región” y “trabajadores de los pueblos vecinos”, que delataron por su redacción, contenido y costo un claro origen corporativo. Los desplegados pretendían desvirtuar los resultados del Foro en Defensa del Cerro de la Tortuga, realizado en diciembre pasado, y difamar a los dirigentes comunitarios, a quienes paralelamente se les inician averiguaciones previas por supuestos delitos, en una clara acción judicial que criminaliza el derecho a la movilización política.

El cerro de la Tortuga forma parte de una relevante región con selva baja caducifolia que genera una gran biodiversidad, cuenta con más de 100 diferentes especies de árboles, muchos de ellos con propiedades medicinales, comestibles y de otros usos, nicho de diversas especies faunísticas y uno de los pulmones de la zona centro-sur de Morelos. Constituye a su vez un espacio sagrado, con vestigios arqueológicos reconocidos por el INAH y donde se realizan actos ceremoniales anuales. Por todo ello, el rechazo al proyecto de Casas Geo ha recibido el apoyo de la sociedad civil morelense, de grupos ecologistas y, naturalmente, de los pueblos originarios del estado.

Demandamos la suspensión definitiva de la obra, el respeto irrestricto a la voluntad de los ejidatarios de Tetelpa y al dictamen ambiental ya elaborado, así como la no ejecución de las órdenes de aprehensión.


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YK En defensa del Cerro de la Tortuga



. Tetelpa, muncipio de Zacatepec, Morelos. Convocatoria a Foro en Defensa del Cerro de la Tortuga.

Defenderlo de la invasión de las empresas inmobiliarias como Casas Geo que destruyen los territorios y los tejidos sociales de los pueblos originarios.

No podía faltar la música, el corrido y la danza para recordar los anhelos zapatistas. "Libertad, Justicia y Ley"

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CERRO DE LA TORTUGA, TETELPA, MORELOS


Crece rechazo en la sierra de Chiapas a programa de regularización territorial

· Ejidatarios de diversos municipios recelan de que se pueda usar para despojarlos

· Interés por apoyos para procesos productivos causa disensos entre autoridades y pobladores

Hermann Bellinghausen / La Jornada 21/01/2012

El Porvenir, Chis., 20 de enero. En la sierra de Chiapas crece el rechazo de las comunidades al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). De hecho, en Chiapas es una de las entidades donde menos ha avanzado la titulación de solares a escala nacional. Ahora aparece un nuevo ingrediente: agricultores que entraron al programa y ahora lo quieren dejar. En el ejido Cambil, del municipio El Porvenir, 233 ejidatarios renunciaron al Procede. ¿Qué procede ahora ante este escenario de deserción?

El rechazo de los ejidatarios de Cambil es indicativo de lo que sucede en la sierra de Chiapas, donde crece también el rechazo a la potencial explotación minera, y a los desalojos y despoblamientos como el que se intenta efectuar en Motozintla y otras localidades, con el argumento de que son lugares de alto riesgo para los pobladores por los deslaves e inundaciones que en años recientes han afectado la región. Los campesinos perciben el fantasma de las ciudades rurales (actualmente se construye una en Jaltenango) como opción de futuro.

A pesar de las presiones gubernamentales y del aparato priísta en el campo a partir de 1995, la resistencia al Procede aún es importante. En 2006, al finalizar el periodo programado para estas titulaciones, se reportaba que en Chiapas aún existía un alto porcentaje de tierras sin regularizar. A principios de 2007, el Registro Agrario Nacional (RAN) anunció la regularización de 84 por ciento de los núcleos agrarios, correspondientes a una superficie de 2 millones 427 mil 716 hectáreas (59 por ciento), quedando 41 por ciento, un millón 692 mil 38 hectáreas, pendiente de regularizar.

De acuerdo con la investigadora Dolores Camacho, del Programa de Investigaciones Multidiciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimse) de la UNAM, los núcleos agrarios que se han regularizado son pequeños; en superficie representan apenas la mitad; esto explica la preocupación que los gobiernos tienen al respecto. Con la intención de resolver el contratiempo se creó el Fondo de Apoyo a los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), al que se destinarán abundantes recursos para lograr ese objetivo.

El gobierno del estado preveía regularizar 278 mil hectáreas en 2011, según declaró Ernesto Gutiérrez Coello, delegado del RAN en Chiapas. Aun en ausencia de información concluyente, todo indica que la meta no se logró. El FANAR ofrece apoyos a proyectos productivos. Esto induce a los líderes partidarios y comisariados ejidales a presionar a los campesinos para aceptar, acarreando más conflictos por las diferencias de opinión, pues éstos están cada vez más convencidos de rechazar el programa por temor a perder sus tierras por embargos, apunta Camacho.

Rechazo a mina en Chicomuselo

Habitantes de poblados aledaños al ejido Santa María, en el también serrano municipio de Chicomuselo, denuncian que en noviembre se detectó una veta de barita en un predio de dicho ejido. La eventual extracción, sostienen, es promovida por el ingeniero Pedro Palmas Echeverría y Romeo Aguilar Méndez, quienes pretenden que los ejidatarios se constituyan en asociación civil para poder explotar dicho mineral.

En diciembre se construyó una base de concreto para registro, que textualmente dice: “P.P.D, lote: ‘la pera’ Sup. 2180 hrs. Ag. Tuxtla Gtz. Chiapas. Exp. 109/00258”. Las comunidades de Chicomuselo presumen que se refiere al permiso de exploración. Recuerdan que el gobernador Juan Sabines Guerrero ha manifestado que durante su administración no autorizará más permisos de exploración y explotación de minas en nuestro estado, y le piden que así siga siendo.

Más de una decena de comunidades de los municipios La Concordia, Chicomuselo y Socoltenango demandan la cancelación de cualquier permiso de extracción de minerales. Argumentan que se pondrían en grave riesgo nuestra vida y las de nuestros animales, se contaminaría el medio ambiente y tendríamos mayor escasez de agua, que es grande por falta de manantiales. Nos abastecemos de pozos que también corren riesgo de contaminarse por los residuos tóxicos.

Chiapas. Demanda el Frayba detener las agresiones sistemáticas de priístas contra indígenas

· Encarcelan a comerciante tzeltal acusado de provocar en diciembre una riña en Banavil

Hermann Bellinghausen / La Jornada 20/01/2012

San Cristóbal de las Casas, Chis. 19 de enero. Un comerciante tzeltal, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el municipio oficial de Tenejapa, fue encarcelado en el penal número 5, acusado de ser responsable por los hechos violentos ocurridos en diciembre en la comunidad de Banavil, cuando medio centenar de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con armas de fuego a cuatro familias simpatizantes del EZLN y las echaron de sus viviendas y del poblado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) emitió hoy una acción urgente, en la que asienta que “las agresiones ocurridas el 4 de diciembre tuvieron como resultado la muerte de Pedro Méndez López (priísta); la desaparición de Alonso López Luna; el desplazamiento de cuatro familias ‘acusadas’ de ser simpatizantes zapatistas; la detención de Lorenzo López Girón, herido de gravedad y acusado de lesiones calificadas; la detención arbitraria de Francisco Santiz López, base de apoyo del EZLN, quien se encontraba en un lugar distinto a los hechos, y lesiones a seis personas más”.

Según testimonios obtenidos por el Frayba, la mañana del día mencionado llegaron al domicilio de Alonso tres mujeres "con palos y piedras" y lo golpearon a él y su familia. "Acto seguido, cerca de 50 hombres del PRI sacaron a Alonso y lo siguieron golpeando. Todos venían con palos y armas de fuego. Lorenzo, al pretender defender a su padre, hoy desaparecido, recibió un balazo en el pecho y otro en la ingle".

Trasladado a un hospital en esta ciudad, Lorenzo fue detenido por policías estatales. Los testigos afirman que durante la agresión armada, los priístas "se llevaron a Alonso, quien iba sangrando". Se desconoce su paradero. El 23 de diciembre, en el ejido Mercedes, que colinda con Banavil, se encontró un brazo que la familia asegura pertenece a Alonso, ya que identificaron una cicatriz en un dedo. Policías estatales, el juez municipal y el ministerio público acudieron al lugar del hallazgo los días 26 y 28, y no encontrón el cuerpo. La familia del desaparecido alega que no realizaron "una búsqueda adecuada".

Francisco, el zapatista acusado de iniciar las agresiones, "fue detenido arbitrariamente en la cabecera municipal de Tenejapa, mientras trabajaba en su negocio de venta de fruta y verduras". Testigos de los hechos "afirman que el día de las agresiones no se encontraba en el lugar"; sin embargo, se abrió un juicio sumario ante el juez primero del ramo penal, quien emitirá su resolución en las próximas horas.

"Las falsas acusaciones y la violencia generada por el grupo de caciques del PRI de los ejidos Banavil, Mercedes y Santa Rosa, en Tenejapa, han ocasionado el desplazamiento forzado de cuatro familias simpatizantes del EZLN y la muerte de un integrante del PRI", reporta el organismo.

El Frayba destaca "las continuas y sistemáticas agresiones a bases zapatistas y simpatizantes del EZLN", y exige al gobierno del estado la búsqueda de López Luna, el esclarecimiento y sanción por la muerte de Méndez López, la libertad de Santiz López, atención médica adecuada a López Girón, medidas precautorias y cautelares para el retorno de los desplazados, una verdadera investigación de los hechos, así como desarmar y castigar al grupo caciquil.

Datan en el sitio de 2009 los hostigamientos contra los simpatizantes del EZLN que se oponen a las arbitrariedades de los caciques priístas: despojo de tierras, tala ilegal, cobro de impuestos y cooperaciones sin fundamento, allanamientos, agresiones físicas, negativa al derecho a la educación, entre otros. Las víctimas lo han denunciado ante instancias del gobierno, que "hacen caso omiso". Hasta el momento, apunta el Frayba, "no existe investigación eficaz ni castigo a los responsables, y las autoridades no intervienen para resolver la situación ni garantizan la seguridad jurídica y social en Banavil".


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Anonymous ultima advertencia, habla sobre Megaupload


Alfredo Pascual / El Confidencial 20/01/2012

Noche de cuchillos largos en internet. Anonymous -un pseudónimo globalmente empleado por grupos o individuos que sostienen defender la libertad de expresión en internet- desencadenó anoche, en respuesta al cierre de Megaupload, un hackeo masivo contra diversas webs gubernamentales y de la industria discográfica norteamericana. Con más de 27.000 ordenadores implicados y cerca de 10.000 personas tras ellos, se trata del mayor ataque informático que se recuerda, por encima incluso del registrado tras la clausura de WikiLeaks. "No tenemos nada que ocultar", ha dicho el fundador de Magaupload tras ser detenido en Nueva Zelanda.

El método empleado ha sido el DdoS, o ataque de denegación de servicio, que consiste en saturar las páginas webs con demasiadas visitas simultáneas. Los sitios del Departamento de Justicia, de la Oficina federal de Copyright o la Jefatura de Policía de Utah (cuyo logo fue sustituido por el de Megaupload) han permanecido fuera de servicio durante gran parte de la noche de ayer sin que sus responsables pudieran hacer nada por evitarlo. Ni siquiera la página del FBI, al que se le suponen unas excepcionales medidas de seguridad, ha sido capaz de resistir a los envites, al tiempo que corre el rumor de que cientos de contraseñas de la Agencia Federal podrían haber sido sustraidas. En el panorama nacional las consecuencias las sufrió la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que al tratar de acceder mostraba un error "504 Gateway timeout".

Otros grandes damnificados han sido las principales discográficas: Sony Music, Warner, EMI o Universal han sido objeto de las iras de los 'hacktivistas'. Consideradas como un 'lobby' económico en Estados Unidos, Anonymous culpa a estas compañías del cierre, en la tarde de ayer, de Megaupload. Este servicio actuaba como un gran disco duro virtual donde millones de usuarios alrededor del mundo alojaban sus contenidos, tanto legales e ilegales, como podría verse en cualquier disco duro doméstico.

Las críticas al ejecutivo de Barack Obama están arreciando ya que, de momento, todos los archivos alojados en Megaupload permanecen bloqueados, incluso aquellos que no infringen ningún derecho de propiedad intelectual. De hecho los 'hacktivistas' han conseguido crear, en tiempo récord, un clon de Megaupload, que ha tenido un servicio intermitente desde la dirección megaupload.bz.

"Somos el 99%"

Todo comenzó a primera hora de la noche. En un mensaje de Twitter, Anonymous explicaba: "Somos el 99% [máxima de los indignados] - Somos Anonymous - Esperad, habrá más #Megaupload". A partir de ese momento las webs fueron cayendo como fichas de dominó. "Coged palomitas, va a ser una larga y divertida noche", seguía informando el grupo al filo de la medianoche. Sus acciones fueron recibiendo el apoyo masivo de las redes sociales y el hastag #OpMegaUpload se convirtió en trending topic global en apenas unos minutos. Para muestra, un botón: la cuenta @YourAnonNews, que habitualmente informa de las acciones del grupo, rondaba en la medianoche los 106.000 seguidores. A las 4 de la mañana eran 196.734 los que seguían sus informaciones por la red social. Un incremento de lectores que se ha disgregado entre múltiples cuentas, dado que Anonymous no tiene una cuenta ni una página web oficiales.

Muchos internautas incluso se han aventurado a hablar de la 'I Guerra Mundial Digital', una comparación que puede resultar exagerada en primera instancia pero que toma otra perspectiva si se consideran las pérdidas a las que se expondría una compañía como Warner o Sony de tener su sitio web inoperativo por un periodo prolongado.

Barrett Brown, periodista relacionado a Anonymous, aseguraba sobre la 1 de la mañana: "Esto solo acaba de empezar. Estamos haciendo una campaña dirigida contra los congresistas demócratas que apoyan la SOPA", en relación al proyecto ley de propiedad intelectual que el gobierno de Estados Unidos planea aprobar próximamente.

"Si esto ha sucedido sin la ley SOPA, imaginad qué ocurrirá cuando entre en vigor. Será el fin del internet tal y como lo conocemos", advierte Anonymous.


Listado de principales webs atacadas (actualizado a las 03:43)

- FBI
- Universal Music Group (por su juicio con Megaupload y por ser la mayor discográfica estadounidense)
- Hadopi.fr (web sobre la ley Sinde francesa)
- Motion Picture Association America (atacada por el senador Chris Dodd, que apoya la SOPA)
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Anonymous Hackea páginas de EU por el cierre de Megaupload


Anony
mous Hackea al FBI, U.S.A. Sony Music, Warner, EMI y Universal Music


Comunicado Anonymous tras cierre Megaupload | DIFUNDELO



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Anonymous filtra los supuestos datos personales del director del FBI tras el cierre de Megaupload

Todos los datos de Robert S. Mueller y su familia han aparecido publicados en diversas redes

Eduardo Ortega - Madrid 20/01/2012

El contraataque de Anonymous y diversos hackers al cierre de Megaupload ayer por parte del FBI continúa este viernes.

Si ayer a última hora Anonymous tumbaba varias páginas web relacionadas con la ley SOPA y con el cierre del famoso servidor, este viernes han filtrado a través de Twitter y de diversas páginas web todos los supuestos datos personales del director del FBI, Robert S. Mueller, y su familia: su mujer, sus hijas, su yerno y otros miembros.

Los datos que han hecho públicos en la Red alcanzan casi todas las esferas personales de Mueller y su familia: decenas de direcciones de varias ciudades de Estados Unidos, códigos postales, teléfonos y correos electrónicos.

Pero la filtración de los supuestos datos personales alcanza presuntamente también a amigos de sus hijas.

Ataque masivo

La página web del FBI ya fue atacada ayer masivamente por Anonymous en respuesta al cierre por parte de la agencia federal de Megaupload, pero no fue la única.

Anonymous también logró tumbar durante un tiempo -en el que consideran el mayor ataque de su historia- la web del Departamento de Justicia de EEUU, la de la Casa Blanca, la de la industria musical de EEUU (RIAA), la de la discográfica Universal -y su filial francesa-, la industria del cine de EEUU (MPAA), la web de la ley Hadopi -que luchaba contra las descargas en Europa-, la web de la oficina de EEUU para el copyright, las de las discográficas Vivendi, BMI y Warner, la de la Federación Belga contra la piratería y la del senador de EEUU Chris Dodd.

A estas horas, las de la RIAA, la de Universal internacional y la de la ley Hadopi aún siguen caídas.

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Anonymous ultima advertencia, habla sobre Megaupload


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20 de ene. de 2012

Pronunciamiento en contra de los sucesos violentos ocurridos en san José del Progreso, Oaxaca


Ciudad de México a 18 de enero de 2012.

A las organizaciones populares del país

A los periodistas y representantes de los medios de comunicación

A la opinión Pública Nacional e Internacional

A las 12 am del miércoles 18 de enero de 2012, el presidente municipal de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC.) de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional.

Los habitantes de esa región han padecido gran escasez del recurso hídrico durante los últimos diez años, para lo cual diferentes vecinos de la región de Ocotlán han desarrollado, con recursos propios, diversas actividades y obras para la recuperación exitosa del mismo. Organizándose en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan (COPUVO). En el momento en que se pretendía iniciar la instalación de obras en el espacio de las viviendas de esa la comunidad, los vecinos manifestaron su desacuerdo. Al momento de solicitar la paralización de las máquinas, sin intermediar ni decir nada, el presidente municipal, su hermano (que es un contratista de esta obra) y el mencionado regidor dispararon en el espacio público y a quemarropa contra la población, hiriendo de gravedad al ciudadano Bernardo Méndez Vásquez (con un balazo que le atravesó completamente el cuerpo en el centro de abdomen y otros balazos que le arrancaron algunos dedos de sus dos manos), así como a la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez (que recibió un balazo en una pierna). Ambos vecinos de la comunidad fueron gravemente heridos y ya se encuentran internados en un Hospital de la ciudad de Oaxaca.

Al momento, Bernardo Méndez Vásquez se encuentra en estado de coma con posibilidad de perder la vida. A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad ya cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo hoy es el día en que este se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso. El conflicto en San José del Progreso no es nuevo. El día 14 de Marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de 2 meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad, como consta en las diversas publicaciones periodísticas oaxaqueñas del momento. Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán—, como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina.

En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera. Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento (la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”), que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales. Se acusa a esta “asociación civil” de intimidar, golpear y amenazar a los pobladores de las comunidades que exigen el cierre de la mina.

Los opositores al proyecto minero exigen, desde hace más de dos años, que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos de transparencia. También denuncian que en ningún momento hubo consulta pública alguna sobre el proyecto y la empresa Minera Cuzcatlán se ha negado en todo momento a transparentar sus operaciones ante las comunidades. Los habitantes de San José del Progreso no merecen estas agresiones, no merecen estas autoridades y no merecen este tipo de “Asociaciones Público-Privadas”.

En todo el país, la minería se está convirtiendo en un foco de conflicto permanente y pone en peligro, además de a los pobladores, a la soberanía ambiental y económica del país. Por todo lo anterior, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales nos sumamos a las exigencias irrenunciables:

¡¡¡ Expulsión a todas las mineras canadiense de nuestro país, aplicación inmediata del artículo 33 Constitucional por atentar contra nuestra Soberanía, nuestra Paz social y contra la Integridad y la Vida misma de los mexicanos !!!

¡¡ Repudio total a la violencia y a la complicidad de gobiernos al servicio de empresas mineras!!! ¡¡¡ NO a la minería en las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca!!!

Además exigimos: Castigo a los culpables y que se garantice la atención médica al compañero Bernardo y a la compañera Abigail. Al gobierno federal, estatal y municipal: Que cualquier proyecto que afecte la vida de nuestras comunidades tendrán que ser consultados y decididos a través de nuestras Asambleas Comunitarias. Que se suspenda toda actividad relacionada con la minería en el municipio de San José del Progreso, ya que hasta el momento no ha habido respuesta a las demandas de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por lo que el conflicto social interno en la comunidad no se ha solucionado y exigimos al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, les conceda una audiencia específica para tratar los asuntos relacionados con la minería en territorio estatal y con la violación a la soberanía municipal que recae en el derecho de sus pobladores de determinar lo que mejor conviene a sus intereses. El respeto a la decisión de los habitantes de los municipios de Magdalena Ocotlán y San Matías de no permitir el paso del ducto de aguas tratadas y contaminadas para la explotación minera del proyecto San José del Progreso.

ASAMBLEA NACIONAL DE AFECTADOS AMBIENTALES

19 de ene. de 2012

Carmen Aristegui - Carlos Fuentes y Su Perspectiva Para 2012

Carmen Aristegui - Carlos Fuentes y Su Perspectiva Para 2012 1/3


Carmen Aristegui - Carlos Fuentes y Su Perspectiva Para 2012 2/3



Carmen Aristegui - Carlos Fuentes y Su Perspectiva Para 2012 3/3



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Anonymous ataca sitios en represalia por cierre de Megaupload

Anonymous contraataca para defender Megaupload

Fuente:

Hace unas horas luego de darse a conocer la funesta noticia del cierre de Megaupload, el grupo hacktivista Anonymous realizó el que quizá sea uno de sus más grandes e inmediatos ataques, esta vez contra sitios clave:

El gobierno tira #Megaupload? 15 minutos después #Anonymous tira los sitios del gobierno y la industria. #Esperen.

¿Cuáles son los sitios afectados? Los de Universal Music, RIAA (la industria disquera), MPAA (la industria del cine), el Departamento de Justicia, el FBI y más que vienen en camino. Se dice en Twitter que unas 5.635 personas (y contando) están usando LOIC para realizar el ataque. En otras palabras, el ataque es un DDoS, no un hack a esos sitios ni nada parecido sino un ataque distribuido de denegación de servicios que les inunda de tráfico de red al grado de hacer imposible el acceso.

Poco a poco los sitios están regresando a la normalidad. La verdad es que #opmegaupload es apenas el inicio de algo más grande, de mayor impacto incluso que el “apagón” contra #SOPA registrado ayer. Seguimos al tanto.

Fotogalería. La "operación represalia" de Anonymous (Paginas atacadas)

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Estas
son las 142 compañías que apoyan SOPA

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Anonymous ataca sitios en represalia por cierre de Megaupload

El grupo de hacktivistas Anonymous aseguró haber atacado sitios oficiales del gobierno de EE.UU. y de sellos musicales, en represalia por el cierre de las oficina del sitio de internet para compartir archivos Megaupload.com

La cuenta de Twitter @youranonnews lanzó una advertencia poco después de la noticia del desalojo: "¿El gobierno baja Megaupload? 15 minutos después Anonymous baja sitios de gobierno y de sellos musicales"#esperennos

El operador de Anonymous, Barret Brown, aseguró a la agencia de noticias rusa Russia Today que el ataque a justice.gov "fue en represalia por Megaupload".

Los sitios del departamento de Justicia de EE.UU. y de Universal Music Group se encuentran fuera de servicio. No han dado ninguna declaración oficial.

Más información:

Megaupload está fuera del aire por acusaciones del FBI

por

Después de ser demandado por Universal, Megaupload salió del aire por acusaciones del FBI.

No sirvió de nada toda la publicidad invertida en el video en que artistas salían defendiendo Megaupload: el FBI ha acusado a siete personas vinculadas con la empresa y cuatro han sido arrestadas en Nueva Zelanda, según reporta The Wall Street Journal.

No se preocupe por buscar Megaupload.com, pues el sitio web no está en funcionamiento. Lo que hace pensar que este hecho terminará con el servicio que servía para compartir archivos, pues recibió acusaciones de infringir derechos de autor.

Los cargos que el FBI ha puesto contra estos cuatro empleados tienen que ver con piratería en línea, pero los delitos suenan a algo mucho más grave: conspiración para infringir derechos de autor, conspiración de chantaje, lavado de dinero e infracciones criminales al derecho de autor.

La agencia se encuentra trabajando con otras alrededor del mundo en especial en búsqueda de documentos bancarios que impliquen a los acusados, que enfrentarían cárcel hasta por 50 años.

Todo esto sucede en el marco de la polémica Ley SOPA, aunque los investigadores del FBI aclaran que esto no tiene nada que ver ,pues esta investigación lleva alrededor de dos años. También Megaupload enfrenta una demanda que Universal le hizo por el video en YouTube, que todavía no se ha decidido.

¿Qué pasará con Megaupload ahora que está en medio de esta investigación con el FBI? Si desaparece, ¿será solo la muerte de un servicio, o el inicio de la caída de los sitios conocidos como ‘cyberlockers’?

Notas relacionadas:

Megaupload es cerrado por el FBI

Megaupload cierra, acusados por el FBI

Músicos apoyan a Megaupload, foco de piratería según la industria

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Anonymous hackea webs de Gobierno en EU

La página del FBI fuera



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Acción Urgente. Vigilancia y Hostigamiento en contra de Integrante del Comité Hasta Encontrarlos

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíe una carta redactada por usted para que llegue lo más rápidamente posible, en español, en inglés o en su propio idioma a los correos electrónicos siguientes:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, correo@cndh.org.mx, contacto.despacho@michoacan.gob.mx, contacto.segob@michoacan.gob.mx, pgje@michoacan.gob.mx, mgarciaru@michoacan.gob.mx, presidencia@cedhmichoacan.org.mx oacnudh@hchr.org.mx, urgent-action@ohchr.org, msekaggya@uhrc.ug, mission.mexico@ties.itu, appeals@fidh-omct.org, ahurt@amnesty.org, InfoDesk@ohchr.org, omct@omct.org, vivoslosqueremos@hotmail.com, hastaencontrarlos@gmail.com

ACCIÓN URGENTE

Vigilancia y hostigamiento en contra de la Sra. Ma. Elena Barajas Mejía, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y madre de Pedro Jiménez Barajas, desaparecido desde el 15 de junio del 2011 en Michoacán.


Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Dr. Alejandro Poiré Romero

Presidente de la República

Secretario de Gobernación

Mtro. Leonel Godoy García

Lic. Rafael Melgoza Radillo

Gobernador del Estado de Michoacán


Secretario de Gobierno

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Marco Antonio Tortajada Zamora

Presidente de la CNDH

Presidente CEDHM

J. Jesús Montejano Ramírez

Manuel García Ruiz

Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán

Srio. de Seguridad Pública de Michoacán

Javier Esteban Hernández Valencia

Navanethem Pillay

Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU

Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU

Sr. Santiago Cantón

Sr. Eric Sottas

Secretario Ejecutivo de la CIDH

Director de la OMCT


U.1/ 18 de enero de 2012/H.E

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, el Comité Cerezo México y el Comité Monseñor Romero con domicilio para oír y recibir comunicaciones en Calle Benemérito de Yucatán numero 90, Colonia, Felipe Carrillo Puerto. Morelia, Michoacán. C.P 58120, con número telefónico Cel. 4434110040 y Cel. 4431728182 y correo electrónico: vivoslosqueremos@hotmail.com solicita su intervención urgente ante la:

Vigilancia y hostigamiento en contra de la Sra. Ma. Elena Barajas Mejía, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y madre de Pedro Jiménez Barajas, desaparecido desde el 15 de junio del 2011 en Michoacán.

Hechos:

Según información recibida por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos en Morelia, Michoacán:

El día 21 de diciembre del 2011 aproximadamente a las 21:40 hrs, una camioneta 4x4, negra, con vidrios polarizados, sin placas, se estacionó frente al domicilio de la señora Ma. Elena Barajas Mejía, dicha camioneta permaneció aproximadamente 10 minutos con las luces encendidas y los cristales arriba, por lo que se dificultó observar quienes estaban adentro, minutos después la camioneta se mueve y se queda parada afuera de una tienda que se encuentra en la esquina de la misma calle del domicilio de Ma. Elena Barajas Mejía, durando aproximadamente otros 10 minutos con las luces encendidas y los cristales arriba, después se retiró y, aproximadamente, a las 22:00 hrs, el hijo menor de la señora Ma. Elena de nombre Guillermo Jiménez Barajas, junto con un amigo, se dan cuenta de que la misma camioneta está dando rondines en la calle de su domicilio quedándose parada en las diversas equinas de esta calle, durando 5 minutos aproximadamente en cada esquina. A las 22:30 hrs la señora Ma. Elena sale de su domicilio con toda su familia para resguardarse en otro lugar por temor a que por la noche o madrugada se metieran a su casa y se los llevaran para desaparecerlos o ejecutarlos.

El día 15 de enero del 2012, aproximadamente a las 19: 00 hrs, el joven Guillermo Jiménez Barajas (hijo menor de la Sra. Ma. Elena) y un amigo caminaban sobre la calle de su domicilio, aproximadamente a unos 30 metros de su casa. Su hermana Elena, al salir de su domicilio, alcanza ver que una camioneta negra con vidrios polarizados, con números rojos a un costado y con la insignia 4x4, sin placas, iba siguiendo a los dos jóvenes. La hermana corre tras Guillermo al ver que un hombre fornido, de porte tipo militar, alto, tez clara, casquete corto, intenta bajar de la camioneta, pero que, al escuchar el grito de la hermana, el hombre cierra la puerta del vehículo y se marchan apresuradamente.

Es importante mencionar que Guillermo Jiménez Barajas tiene 17 años y Elena Jiménez Barajas se encuentra en el 5to mes de embarazo, ambos son hijos de la Sra. Ma. Elena Barajas Mejía.

El día 18 de enero de 2012 integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para interponer la denuncia sobre los dos hechos de hostigamiento en contra de Ma. Elena Barajas Mejía y su familia. Fueron atendidas por el Secretario Particular del Procurador, quien no quiso tomar denuncia ni comparecencia alguna sobre los hechos referidos bajo el argumento de que no se podía presentar la denuncia porque no hay hechos constitutivos de delito, ni delito que perseguir y que, en este caso, no se podía hacer nada, Por lo que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” , ante la negativa de levantar la denuncia, entregó un documento dirigido al Procurador del Estado de Michoacán: J. Jesús Montejano Ramírez para hacer de su conocimiento los actos intimidatorios en contra de Ma. Elena Barajas y su familia. Documento en el cual se le pide que se tomen las medidas necesarias para que se garantice la integridad física de Ma. Elena Barajas y su familia, al igual que la de todos los integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

Antecedentes:

El día 19 de diciembre del 2011 el diario “El Universal” publicó un reportaje[1] de la periodista Laura Castellanos, en el cual el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” denuncia algunos de los casos de desapariciones forzadas que tiene registrados y, en dicho reportaje, se recrea una entrevista realizada a la Sra. Ma. Elena en la cual denuncia la desaparición de su hijo Pedro Jiménez Barajas quien se encuentra desaparecido desde el 15 de junio del 2011. Dos días después de esta denuncia sucede el primer hostigamiento.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” es una organización integrada por familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada, su principal objetivo es exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país y realizar acciones de concientización y denuncia sobre estas prácticas.

En el estado de Michoacán el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” ha denunciado y exigido a las autoridades respuestas ante el grave incremento de desapariciones forzadas.

Contexto:

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” forma parte desde el 2010 de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, iniciativa que agrupa a 64 organizaciones de derechos humanos preocupadas por el incremento alarmante de casos de desaparición forzada en México. El Comité participó en la elaboración del informe sobre la desaparición forzada en México 2011, el cual fue presentado por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, así como ante el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2011. También colaboró en la elaboración del Manual: ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada? 2010.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan al gobierno mexicano:

1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Ma. Elena Barajas Mejía y sus hijos Guillermo Jiménez Barajas y Elena Jiménez Barajas, así como la todos los integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de hostigamiento e intimidación, y pedimos que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional» (Art.1) y a «garantizar la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art. 12.2);

4. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.

A los organismos nacionales internacionales de protección de los derechos humanos que:

En la medida de sus atribuciones externen al Gobierno Mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

Por las organizaciones:

Cristina Erandeni Paredes Lachino

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

[1] Morelia: alarma por desapariciones de jóvenes pobres
http://chacatorex.blogspot.com/2011/12/morelia-alarma-por-desapariciones-de.html
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Comisión de Difusión de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada

Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables
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