21/9/12

Obstruye gobierno atención médica al profesor Patishtán: Frayba

El organismo de DH denunció que el adherente de 'la otra campaña' ha perdido el 90% de su capacidad visual.


Hermann Bellinghausen
La Jornada 21/09/2012

México, DF. Mientras el gobierno federal mantiene en el limbo la liberación del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, preso en el penal de San Cristóbal de las Casas, el gobierno de Chiapas sigue incumpliendo con su obligación de proporcionar atención médica al activista, quien ha perdido la vista casi por completo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) manifestó “indignación” ante la “ineficiente actuación del Estado mexicano” ante el “preso político” (tras 12 años en la cárcel, la defensa ha demostrado su inocencia, como lo reconoció el gobernador Juan Sabines Guerrero hace un par de años) quien ha denunciado su situación de salud en incontables ocasiones. “El Estado ha obstruido en todo momento la atención médica pertinente, adecuada y eficaz”, denunció el organismo.

En días pasados, un oftalmólogo “de confianza” del docente, activista de los derechos humanos y adherente de la otra campaña realizó nuevos estudios de campos visuales, valoró la pérdida progresiva de su agudeza visual y encontró una “grave discapacidad”, ya que ha perdido el 90 por ciento de la función. El especialista sostuvo que el padecimiento no es de origen oftalmológico, sino un problema que debe ser atendido “de forma urgente por un neurocirujano”.

Patishtán ya no puede realizar sus actividades cotidianas. En un testimonio indica: “Desde el 6 de septiembre no sólo he sentido que se me cierra la visión por los lados, siento como si se estuvieran fundiendo las luces”. La semana anterior, añade, “ya no pude leer la Biblia ni pude ver el teclado con el cual acompaño los cantos de las celebraciones (es ministro de Eucaristía en el penal)”. “Ya tampoco puedo escribir”.

El Frayba apunta que en 2010, tras una revisión superficial, un médico institucional diagnosticó “erróneamente” glaucoma. Ese mismo año estuvo internado seis meses en el Hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, “sin haber sido atendido de manera profesional ni eficaz”. Se trató, de hecho, de una medida propagandística del gobierno de Chiapas para aparentar que cumplía sus obligaciones, acusó.

En mayo de 2011, las autoridades tuvieron conocimiento de que “el patrón de pérdida campimétrica orientaba más hacia una atrofia óptica descendente que al diagnóstico de glaucoma”. Se le realizó una tomografía cuyo resultado se ocultó al médico que lo atendía. Posteriormente, “con motivo de su traslado forzado y arbitrario a un Cefereso en Sinaloa”, no se dio seguimiento a la atención médica iniciada. Ante las denuncias por parte de Patishtán, se le realizaron estudios y se le diagnosticó, erróneamente otra vez, neuropatía óptica isquémica.

El Frayba exige al gobierno “que cumpla con las medidas cautelares otorgadas este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que las adopte sin dilación”. 

Carta a la SCJN

En tanto, dentro de la cuarta etapa de la campaña mundial por la libertad de Patishtán y de Francisco Sántiz López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se dio a conocer una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demandando su libertad inmediata.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que suscriben la petición exponen que “con motivo de la sentencia de sesenta años de prisión impuesta al profesor indígena, solicitamos al máximo tribunal que admita la interposición del incidente de reconocimiento de inocencia presentado por la defensa.

Los suscritos consideran que “por el interés que ha irradiado este asunto a nivel nacional e internacional, se pueden fijar criterios trascendentes e innovadores a partir de las interpretaciones recientes” sobre el alcance de las garantías plasmadas en la Carta Magna y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, “que ha venido desarrollando el Poder Judicial a la luz del paradigma de la reforma constitucional en materia de derechos humanos”.

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