28/8/10

El camino a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones: ¿Tragedia o comedia?

Andrea E. García - 23-agosto-2010 - num.586
Centro de Estudios y Apoyo Laboral, San Salvador, El Salvador
Boletín CIEPAC

Primer acto: El Monopolio entra en "crisis" y se tambalea...

Actualmente la industria de las telecomunicaciones opera a través de redes de fibra óptica, una especie de cableado tan delgado como un cabello humano que funciona a través de la luz para transportar las ondas electromagnéticas, las cuales son muy similares a las ondas de radio. Desde 1998, comenzó la explosiva utilización de éste material por su alto potencial de transmisión de señales de diverso tipo (audio, video y datos) a miles de kilómetros de distancia, con muy buena calidad, por lo que a través de ella se puede dar el servicio de telefonía, de Internet y de televisión. Durante la crisis económica fue precisamente éste negocio uno de los pocos que no sólo no entró en recesión, sino que además se expandió y obtuvo ganancias millonarias. Este sector tiene una importancia fundamental para el desarrollo de cualquier país y es por ello que el manejo y la explotación de la fibra óptica se tornan en un tópico estratégico en lo económico, pero también en lo político.

Presencia de empresas de Carso Global Telecom (de Carlos Slim) en América Latina.

Al día de hoy, Teléfonos de México (Telmex) es la empresa de telefonía fija dominante en México, con una red de fibra óptica de alrededor de 110 mil km, que equivale a dos terceras partes de los 160 mil km totales que tiene el país. Telmex pertenece al Holding Carso Global Telecom, el cual también gestiona las operaciones de América Móvil, que funciona bajo diversas marcas como Telcel, Claro, Telecom, etc. Este holding es el megaoperador más grande de América Latina, tiene presencia en 17 países del continente, y otorga servicios a 204.6 millones de suscriptores.

Hace algunos años y entendiendo bien la vitalidad de las telecomunicaciones, José Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox, promovió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendiera en todo el territorio nacional una red de fibra óptica que funciona a través de 36 cables y que le costó al Estado alrededor de 4 mil millones de dólares. Recientemente se ha decidido dejar esta infraestructura pública en manos de la iniciativa privada a través de una concesión de únicamente 2 de los 36 hilos de la red, que equivalen a un poco más de 21 mil km distribuidos en tres rutas regionales: la ruta Pacífico, que abarca desde Baja California hasta Oaxaca; la ruta Centro, que cruza al país de Chihuahua a Chiapas y tiene acceso hasta Tapachula y de ahí a Guatemala; y la ruta Golfo, con salidas a la frontera norte por Nuevo León y Tamaulipas, y que llega a la Península de Yucatán y se conecta con Florida mediante cableado submarino. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes valora que esos hilos de fibra óptica se traducen en 100 millones de llamadas simultáneas o 170,000 canales digitales.

La decisión entraba también en el marco del "Proyecto Mesoamérica", antes llamado Plan Puebla-Panamá, ya que, coincidentemente en noviembre de 2006, se llevó a cabo en San Salvador el Foro Regional de lanzamiento de la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), una red de fibra óptica que los gobiernos de los países de México y Centroamérica acordaron construir utilizando la infraestructura de la línea de transmisión eléctrica del Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC). Para la construcción de esta red regional se designó a la Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA), filial de la Empresa Propietaria de la Red S.A. (EPR). Cabe mencionar que desde 2008, la Comisión Federal de Electricidad incorporó un miembro con derecho a voto en el consejo directivo de la EPR y de su filial REDCA, al hacerse del 9% de las acciones de la megaobra. La AMI, al igual que la red que montó la CFE en México, es un tendido de 36 cables de fibra óptica que permitirán la trasferencia de voz, datos e imagen.

Concesionar la red de fibra óptica de México ha sido una decisión polémica incluso antes de que se concretara. Por ejemplo, durante algún tiempo el director de la CFE Alfredo Elías Ayub se opuso, argumentando que ésta era una cuestión de seguridad nacional. Otros, sin embargo, opinan que la razón real es que el funcionario es hermano de Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim y quien también es director de Relaciones Institucionales y Alianzas estratégicas de Telmex. Entonces ¿por qué el gobierno mexicano decidió licitar ésta red?

Por un lado tenemos la explicación de carácter ideológico-político del tan citado "Neoliberalismo", que ha prosperado en parte por el auge que le han dado algunos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hemos visto que esta clase de gobiernos en la práctica se han encargado en los últimos 20 años de fortalecer el libre funcionamiento de los "mecanismos del mercado", a través de la reducción de los gastos sociales y las intervenciones económicas, la creación de un ejército de reserva de asalariados -batallones de desempleados- que permiten debilitar a los sindicatos, y un amplio programa de privatizaciones, que en conjunto han reducido la actuación del Estado. Pero también existe una explicación de carácter práctico, la cual habla del interés del gobierno mexicano por crear un competidor real que le haga frente al operador dominante y monopólico que hoy es Telmex.

Segundo acto: Esto produce una transición hacia una política de telecomunicaciones "competitiva" y "abierta" que nos lleva a la creación de nuevas reglas del juego...

Diversos organismos, como The Competitive Intelligence Unit, han seguido muy de cerca los progresos de este caso. Pese a ello, la licitación del par de hilos de fibra óptica se ha dado bajo condiciones y decisiones burdas y poco claras. Veamos un poco más de esto. Inicialmente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), estableció un preció base para la red que ascendía a 884 millones 360 mil 440 de dólares, que algunos especialistas juzgaban como precio ganga para la inversión que el Estado había hecho, mientras otros evaluaban que el precio fijado era demasiado alto para el promedio internacional. Pero quizá lo más turbio esté en la disputa que hubo entre los interesados, pues a pesar que fueron varios los candidatos, al final fue sólo un participante el que "concursó" y ganó la concesión.

Históricamente quien había hecho pública su pretensión de incursionar en el negocio de las telecomunicaciones había sido Televisa. Sin embargo, el primero en postularse como candidato fue el Grupo Salinas, a través de su empresa Iusatel. A esto y en su calidad de regulador, Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes (SCT), se encargó de eliminar la candidatura, pues a su juicio la empresa no cumplía con los requisitos necesarios.

Más tarde, la multinacional Telefónica también declaró tener intenciones en la disputa. Aunque en México sólo se conoce a esta empresa bajo su marca de móviles MoviStar, Telefónica es otra de las grandes megaoperadoras de la región, que da servicio a alrededor de 165 millones de clientes en 14 países del continente americano, ubicada en la cuarta posición de los gigantes de la industria de las telecomunicaciones, y es la única multinacional occidental en haber incursionado en el mercado asiático al comprar el 8.6% de las acciones de su competidora China Telecom.

Presencia de la empresa española Telefónica en América Latina.

La incursión de Telefónica en la disputa por la red de fibra óptica que licitó el gobierno mexicano se vio inicialmente limitada debido a la Ley de Inversión Extranjera, ya que ésta estipula que la inversión foránea en telecomunicaciones no debe rebasar el 49% del capital total. Para poder entrar en la justa la española tuvo que buscar alianzas, cuestión que no representaba un reto: se ha visto que ésta corporación ha logrado su expansión en el mundo gracias a las buenas alianzas que establece con las élites locales de los países en donde se establece. Por ejemplo, el primer país a donde llegó y con el que inició su expansión transnacional fue Chile. Ahí estableció fuertes lazos con grupos cercanos a Pinochet quien más adelante daría el Golpe de Estado y le ofrecería la concesión de las telecomunicaciones tras privatizar la industria. De esta forma y, para poderse hacer de la red de fibra óptica evadiendo la legislación, la multinacional española logra explotar la ambición de la élite de los Azcárraga y se alía con Televisa y una empresa cablera llamada Megacable.

La decisión aprobatoria de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para formar el "Grupo de Inversionistas", no fue muy bien vista por parte de algunos actores políticos como las empresas del Grupo Salinas. La gran crítica se centraba en el hecho de que se unieran la televisora más importante del país, el segundo operador de telefonía móvil más importante de América Latina (uno de los 5 más grandes del mundo), y uno de los cableros más influyentes. La CFC argumentó que no encontró en ello ningún riesgo para el mercado.

Por ello no hubo sorpresa alguna el 9 de junio pasado cuando el gobierno mexicano confirmó que la decisión de adjudicar a Televisa, Telefónica y Megacable la concesión de fibra óptica durante 20 años con posibilidad de prorrogarse hasta 30. En la conferencia de prensa, Horcasitas manifestó que el proceso se dio de "manera transparente y apegado a la legalidad", y que "fue el mercado, y no el gobierno, quien decidió que sólo hubiese un participante en la licitación". Así, el Grupo de Inversionistas deberá pagar por el beneficio únicamente 883.8 millones de pesos, sólo el 3% más de la cifra que originalmente había fijado el Indaabin, y que aunque suena impresionante, algunos analistas estiman que de haber habido competencia el preció se pudo haber elevado incluso al doble.

Tercer acto: conforme todos los actores se ciñen a las nuevas reglas, se "consolida" la "competencia en la industria"...

La concesión otorga en manos de privados la segunda red de fibra óptica más importante de México, con lo que se abre un frente de competencia real para Telmex. Las estimaciones giran alrededor de que esto se traducirá en mayor calidad en la oferta de telecomunicaciones al desconcentrarse algunos de los mercados claves. Incluso Grupo Financiero Ixe valora que un nuevo actor en el sector podría reducir las tarifas de interconexión entre un 15% y un 25%, cosa que se vería reflejada en el bolsillo de los usuarios. Aún con las grandes expectativas, al haberse licitado únicamente dos cables de la red, la concesión resultará obsoleta en 10 años, pues dos cables no serán suficientes para dar atención a la creciente demanda. Por otro lado, recordemos que México tiene ya una experiencia con la "competencia" del duopolio televisivo Televisa-TV Azteca, el cual hasta la fecha no ha devenido en mejor calidad de contenidos.

Veamos algunas aristas adicionales. Telmex ha pedido al gobierno le otorgue los permisos necesarios para operar el llamado triple play, que es la oferta de voz, datos y video a través de servicios telefónicos, de Internet y de televisión y, aunque la empresa de Carlos Slim tiene toda la infraestructura para ofrecer un servicio de calidad, el gobierno no le ha dado luz verde para poderlo poner en marcha, bajo el argumento que esto la convertiría no sólo en operador dominante sino controlador del sector. En contraste, la nueva concesión si otorga la posibilidad de ofrecer el triple play a Telefónica, compañía extranjera. Esto resulta ser una decisión contradictoria y arbitraria de parte del gobierno, además de ser sumamente susceptible, pues está abierto a que Telmex apele a su derecho de participar en el triple play y a que Iusatel, empresa del Grupo Salinas que fue descalificada de la licitación, emprenda acciones legales en contra del proceso a pesar de que ya se haya emitido el fallo.

Otro de los puntos, ahora que están tan en boga las discusiones futboleras, es aquel 10 de octubre de 2009, durante el último partido de México contra El Salvador. Esa noche mientras miles de mexicanos y mexicanas se mantenían al pendiente del marcador, el gobierno de Felipe Calderón decidió intervenir las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), para después emitir un decreto de disolución de la paraestatal alegando que resultaba ser un lastre para las finanzas públicas. Más allá de lo que se pueda o no estar de acuerdo con la lucha del SME, o en cómo procedió el sindicato a partir de su disolución, la cuestión de fondo y el análisis fino está en ver que justamente el sindicato era un obstáculo, dada la decisión gubernamental de entregar al sector privado la explotación de la red de fibra óptica, que en ese momento estaba bajo control de CFE y de LyFC.

De hecho, curiosamente hace unos días la subcontratista multinacional más grande del mundo Manpower declaró que la Copa Mundial de Fútbol podría reducir la "competitividad" de los trabajadores hasta en un 20%, por querer estar siguiendo los partidos durante horas laborales. Basándose en ello Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en México, señala que los patrones deben ser flexibles para permitir a sus empleados ver los partidos, e incluso sugiere instalar televisores en los centros de trabajo. Mejor si los trabajadores se preocupan de la disputa de 11 tipos por un balón, que ocuparse de cuestiones relativas a la relación laboral misma.

Una vez preparado el escenario para exacerbar la emoción y el fanatismo, el Presidente de la República viaja a Sudáfrica (con un inmenso equipo al cual también se le cubren gastos del erario público), el día 11 de junio para presenciar el partido inaugural del Mundial. Tan sólo unas horas después de haberse concretado la concesión de la red de fibra óptica al Grupo de Inversores. ¿Tarjeta Roja al gobierno? Una vez más pareciera que se está tratando de desviar la atención de los mexicanos y evitar que la población viera cómo una enorme inversión del Estado pasó de manera muy turbia a manos de unos cuantos capitales privados.

Un par de cosas más, sólo por no dejarlas de lado. Desde su llegada a México, Telefónica se ha distinguido por pisotear los derechos de los trabajadores simulando que tiene una relación laboral sana, a través de una organización llamada Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes de la República Mexicana. El Sindicato es regenteado por Ramón Gámez Martínez, famoso pederasta(1) que persigue la INTERPOL y a quien algunos conocen como el "Zar de los Contratos de Protección Patronal". Los principales sindicatos globales y la Confederación Sindical Internacional CSI, mantienen una campaña contra los "Contratos Colectivos de Protección Patronal" por considerarlos una práctica bastante arraigada en México que se ha convertido en uno de los atentados más graves a la libertad sindical. Y son precisamente los empleados mexicanos de Telefónica en sus diferentes centros de trabajo que sufren de la falta de representación de ésta inexistente organización, que a su vez permite y encubre los abusos que acomete la empresa, en cuestiones como el no pago de vacaciones, utilidades, horas extras, entre otras. El punto resulta pertinente si recordamos que en campaña electoral Calderón se auto proclamó el "presidente del empleo". Los escasos empleos que ahora están surgiendo -entre ellos los generados por Telefónica en México- carecen de condiciones dignas para los trabajadores, son inestables y no cuentan con seguridad social ni económica.

Finalmente, no podemos dejar de lado el flagrante tráfico de influencias que se dio en este caso. Las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes en las que manifiesta que "se cumplieron los preceptos contenidos en el artículo 134 de la Constitución sobre honradez, transparencia, eficacia y economía", encubren el turbio manejo del asunto. Con razón se dio la cálida felicitación del Presidente Regional del Telefónica al Presidente Calderón.

Francisco Gil Díaz, presidente ejecutivo de Telefónica en México y Centroamérica.

Pero ¿quién es este hombre tan complacido con las autoridades mexicanas? Este personaje ha sido acusado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) de México por abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en un juicio de amparo; es famoso por haber convocado a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero, para meses más tarde y de manera polémica, otorgarle los permisos para operar como agentes aduanales a seis familiares en línea directa e indirecta, de acuerdo con documentos públicos. Este hombre, hoy Presidente Ejecutivo de Telefónica en México y Centroamérica, no es otro que Francisco Gíl Díaz, el mismo que, como ya hemos dicho, sugirió la construcción de la red, ahora concesionada a Telefónica. El mismo que ha sido imputado de utilizar el cargo para ejercer terrorismo fiscal en contra de quienes consideraba sus enemigos, así como de negociar en beneficio del grupo español "Telefónica", que en un periodo gozó de ser la única empresa con Tasa Cero en el cobro de IVA en los servicios de larga distancia internacional.

¿Trágico o cómico?

El esquema de "competencia" que se dio en México por la licitación de la fibra óptica de la CFE se torna en una cuestión relevante para la agenda política y económica regional, pues en ella se comienzan a perfilar cuáles serán las tendencias en las que se ubiquen tanto América Móvil de Carso Global Telecom y Telefónica de España, pues ambas están interesadas en la explotación de la Autopista Mesoamericana de la Información. Actualmente el progreso de las negociaciones para saber quien la explotará y en qué tramos se encuentra al 90%. A pesar que el proceso se ha mantenido bajo total discreción, algunas tendencias geográficas se han dejado ver. Por ejemplo, actualmente Managua Nicaragua es la sede de la oficina de administración de la empresa Red Centroamericana de Fibras Ópticas, encargada de la construcción de la AMI, mientras en Guatemala está la Comisión Reguladora y en El Salvador el ente Operador de Vigilancia. Precisamente en un principio el responsable de impulsar la Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones era el Comisionado Presidencial de El Salvador, el ex Viceministro de Relaciones Exteriores, Lic. Eduardo Cálix, quien además coordinaba también el Foro de Altas Autoridades de Telecomunicaciones de la Región.

Telón; aplausos.

Andrea E. García es colaboradora de CIEPAC, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autonóma de México. Actualmente radica en San Salvador, El Salvador, donde es parte del equipo del Centro de Estudios y Apoyo Laboral cooperando en programas de investigación y capacitación sobre derechos laborales, con afiliados de diferentes organizaciones sindicales de la región Centroaméricana.

Referencias consultadas:

Notas

  1. En 2005 Ramón Gámez es denunciado por 3 jóvenes que aseguraron ser víctimas de corrupción sexual, quién con ayuda de su secretaria particular Virginia Leticia Rico Arce y las hermanas Verónica y Elsa Serrano (cajera del Wall-Mart ubicado en Fray Servando Teresa de Mier), ofrecía dinero a jovencitas para que mantuvieran relaciones sexuales con él. Posteriormente y tras varias protestas, Gámez fue sentenciado por unanimidad a 16 años y 9 meses de cárcel, sin embargo éste se encontraba prófugo de la Justicia. Es hasta Octubre de 2006 cuando Gámez fue localizado en Estados Unidos, ya que trataba de tramitar una credencial para conducir. Actualmente se encuentra prófugo. Hay que destacar que según la revista Proceso, durante los 8 meses que duró la investigación del caso, la PGJDF asegura que recibió llamadas de funcionarios, legisladores y secretarios de Estado que intercedían por el acusado, quién fue fichado con el número FDS/48T3/141/05-03. Otros detalles en La Jornada del 27 de abril de 2005:
    http://www.jornada.unam.mx/2005/04/27/045n1cap.php

Celebrando la dependencia: el maíz a las trasnacionales

Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.

Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento figuran otras 90,000 hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en la consulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

Amnistía Internacional recibe con agrado la liberación del preso de conciencia Raúl Hernández


Amnistía Internacional (AI) recibe con agrado la liberación del preso de conciencia Raúl Hernández quien lleva más de dos años encarcelado en el estado de Guerrero, detenido bajo cargos fabricados y hace un llamado a que se revise completamente su procesamiento infundado y que reciba una compensación completa por su encarcelación injusta.

Raúl Hernández fue arrestado injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1° de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero. Sin embargo, las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl Hernández no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato no se tomaron en cuenta. Amnistía Internacional ha hecho campaña por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.

Durante las diligencias llevadas a cabo, el juez realizó una investigación de la escena del crimen la cual confirmó que la evidencia de los testigos en la cual se establecía que Raúl Hernández estuvo presente durante el asesinato, es infundada.

Amnistía Internacional considera que el caso contra Raúl Hernández es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades.

“Con frecuencia, las autoridades han manipulado el sistema de justicia penal para castigar a quienes promueven el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y alzan su voz para exigir sus derechos” Ha dicho hoy Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

“El injusto y prolongado encarcelamiento de Raúl Hernández es emblemático de la persecución sistemática de que ha sido víctima la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá, en Guerrero, y de las constantes agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en México”, puntualizó Herrera.

Herrera agregó que “El gobierno mexicano debe desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos”.

El caso de Raúl Hernández ilustra la vulnerabilidad en que se encuentran quienes defienden derechos humanos en México, quienes además de detenciones indebidas y encarcelamiento por cargos penales falsos, enfrentan acosos, intimidaciones, amenazas e incluso homicidios.

Información adicional:

El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona, cuatro de ellos salieron al presentar un amparo. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.

El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato.

Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx.

Para solicitar entrevistas con Raúl Hernández pueden ponerse en contacto con Teresa de la Cruz al teléfono 757 106 60 95

Información relacionada:

27/8/10

Gana española Iberdrola contrato de red eléctrica en Jalisco por 70.1 mdd.

· CFE le adjudicó dos líneas de 220 km. y 2 subestaciones asociadas a la nueva hidroeléctrica La Yesca.

Notimex

Madrid. Iberdrola Ingeniería se adjudicó un contrato de redes eléctricas en el estado de Jalisco por 70.1 millones de dólares, informó hoy el diario español Expansión.

Se trata de dos líneas de más de 220 kilómetros de longitud y dos subestaciones asociadas a la nueva central hidroeléctrica de La Yesca, con un alto grado de dificultad orográfica, adjudicadas por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México.

Iberdrola Ingeniería obtuvo los contratos en un consorcio en el que también participan Siemens Innovaciones y Eléctricas de Medellín.

La presa hidroeléctrica La Yesca, de 750 megavatios de potencia, se ubica a 105 kilómetros al noroeste de Guadalajara, entre los estados de Jalisco y Nayarit.

El año pasado Iberdrola Ingeniería se adjudicó su mayor contrato en México, donde tiene varios proyectos por un importe de 160 millones de dólares, para ampliar y modernizar las infraestructuras eléctricas de los estados de Veracruz y Chiapas.

Notas relacionadas:

Proyecto hidroeléctrico de Calderón provoca caos en Jalisco
Más imágenes de la destrución y otras barbaridades ambientales: clicar aquí
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Proyecti La Yesca

Identifica el INAH un nuevo gobernante maya

· Son ya 14 los dignatarios registrados de Toniná

Los investigadores descifraron los jeroglíficos encontrados en un fragmento escultórico.
Foto: INAH


La Jornada

Toniná, Chiapas, 23 de agosto. El nombre de un gobernante maya, que hasta ahora no figuraba en la línea dinástica de Toniná, en Chiapas, fue identificado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a partir de que descifraron una serie de jeroglíficos hallados en un fragmento escultórico.

Con K’awiil, que significa señor de Po’, nombre original de Toniná, aumentan a 14 los dignatarios registrados del linaje de esa urbe prehispánica enemiga de Palenque.

El epigrafista Carlos Pallán Gayol, director del Acervo Jeroglífico e Iconográfico Maya (Ajimaya), del INAH, explicó que el trozo de piedra contiene inscripciones en las que se lee el denominativo de K’awiil, referido como señor divino de Po’, que podría significar blanco en una antigua lengua mixe-zoqueana.

Emblemas de alto rango

Las recientes investigaciones y trabajos de registro de monumentos realizados en la zona arqueológica de Toniná permitieron detectar en dichos vestigios escultóricos el nombre del gobernante, que tiene como signo principal la cabeza de K’awiil, dios del relámpago, seguido por otro signo que podría guardar cierta semejanza con Yopaat, deidad de las tormentas.

Pallán precisó que se infiere el alto rango de este personaje a partir del emblema que ostenta, el título de señor divino de Po’, cuyo uso era exclusivo de los gobernantes. Es posible que corresponda a un individuo masculino, lo cual difiere de los nombres de tres señoras antes identificadas como Ix Winik Timak K’awiil (madre del gobernante 9 de Toniná); Ix Muyal Chan K’awiil, de origen extranjero, e Ix K’awiil Kaan, quien parece haber gobernado en el sitio en 722 dC.

El director del Ajimaya explicó que en coordinación con el doctor Juan Yadeun, encargado del Proyecto Arqueológico Toniná, se ha reconstruido la línea dinástica de esta antigua ciudad maya.

“Se trata de un listado que, tras incorporar la nueva evidencia que brinda el nombre glífico de K’awiil, aumentaría a 14 posibles gobernantes, todos asociados con el título de señor divino de Po’”, y cuyos periodos en el poder abarcan cuatro siglos, de 501 a 909 dC, aproximadamente.”

Pallán anotó que en dicha lista también se incluyen algunos sacerdotes de alto rango que desempeñaron un papel político importante, como Aj Ch’aaj Naah y K’elen Hix, quienes asumieron el control efectivo de Toniná durante momentos difíciles de su historia, como aquel que siguió a la derrota militar ante Palenque, en 687 dC.

Gobernantes de Toniná referidos en inscripciones

Apodado “Cabeza de reptil”, gobernó hacia 514 d.C., también parece combinar el nombre de un ave (Kohkaj?, nombre posible)

K’inich? Sawan B’ahlam Yaxuun Tihl, apodado “Sotz’ Choj”, gobernó hacia 568 d.C.

Chak B’alu’n Chaahk, murió hacia 589 d.C.

K’inich B’ahlam Chapaht, gobernó desde 615 d.C., y fue contemporáneo de K’inich Janaahb’ Pakal, el célebre rey de Palenque.

Yuhkno’m? Wahywal?, derrotado y posiblemente sacrificado por Palenque en 687 d.C.

K’inich B’aaknal Chaak, el gobernante más poderoso de Toniná se entronizó en 688 d.C. Triunfó sobre Palenque y sus aliados en al menos tres distintas campañas militares.

K’inich Chuwaaj? K’ahk’, usó el título de “joven príncipe”, ya que parece hacer sido entronizado con sólo dos años de edad, en 708 d.C. Su ejército logró derrotar a Palenque en 711 d.C. y capturar a su gobernante K’an Joy Chitam II.

Señora K’awiil Kaan, murió en 722 d.C.

K’inich Yich’aak Chapaht o “Garra de Ciempiés”, asumió el poder en 723 d.C. hasta al menos 739 d.C.

Kawiil Yopaat?, es aún difícil ubicar al tentativo nuevo gobernante, dentro de la secuencia dinástica del sitio, pues se ignoran las fechas en que ejerció el poder, aunque una posibilidad sería entre 739 y 762 d.C.

K’inich Tuun Chapaht lideró los destinos de la urbe hacia 762 d.C. Bajo su mando, Palenque fue nuevamente derrotado.

K’inich ¿? Chapaht, gobernó hacia 787 d.C.

K’inich Uh Chapaht, gobernó alrededor de 837 d.C.

Un gobernante más del que se desconoce su nombre asumió el poder entre 901 y 909 d.C.

Con infromación de Milenio i Diario Maridiano 90

Migrantes: de la esperanza al terror

Contralínea 27/08/2010

El caso de las 72 personas asesinadas a mansalva y a sangre fría en San Fernando, Tamaulipas, no es aislado. Se trata de una de las más extremas muestras de lo que ocurre todos los días. Totalmente vulnerables, los migrantes deben padecer tratos crueles y degradantes, explotación, abusos sexuales, trabajos forzados, tortura y muerte. Pero también deben padecer la indolencia y la corrupción de las autoridades en un país en el que es cada vez más difícil distinguir entre los delincuentes y los encargados de detenerlos.

Contralínea presenta una serie de reportajes que documentan el drama de la migración en su trayecto por México.

Crimen organizado trastoca relación México-Guatemala

14 Mar 2010 … Autor: Nydia Egremy. Sección: Línea Global. … Aunque México despenalizó la migración indocumentada y concede cada vez más formas migratorias para que …

Pedro Pantoja, la batalla por los migrantes

24 Ene 2010 … Autor: Ana Lilia Pérez. Sección: Sociedad. … Se supo de ellos por la denuncia pública de Pedro Pantoja Arreola…

Inseguridad en Frontera Sur, fracaso de autoridades

11 Oct 2009 … Los migrantes, lejos de ser el problema, son las víctimas de las fallidas políticas económicas, sociales y de seguridad de los países de la…

Migrantes, viaje al infierno del secuestro

30 Ago 2009 … Mientras Felipe Calderón gasta millonarios recursos en la guerra contra el narcotráfico y militariza el país, Los Zetas hacen del secuestro …

Migrantes en la indefensión

15 May 2008 … Los programas bilaterales entre México y Estados Unidos, derivados de la ASPAN, omiten garantizar la seguridad de los migrantes…

Empleo precario, migración y desempleo: la oferta laboral calderonista

May 2008 … Describe que el promedio de educación de los emigrantes es de 10 años y que de cada 20 emigrantes, uno es médico…

El destierro de los indeseables

La convicción que tienen los migrantes mexicanos de encontrar un trabajo digno y una mejor calidad de vida en los Estados Unidos, es el caldo de cultivo que …

Peligrosa ruta de migrantes centroamericanos

El reloj marca las 22:00 horas y el cansancio y el sueño se apodera de los migrantes centroamericanos que esta noche se congregan en un poblado cercano al …

Desplazados por el hambre

16 Dic 2007 … Desplazados por el hambre. Contralínea. Me’phaa, nu’saavi y nahuas abandonan por decenas de miles La Montaña de Guerrero…

Abuso y agravio a migrantes indígenas

Los migrantes que cuentan con documentos reciben del gobierno federal un apoyo de mil 200 pesos; mientras que el gobierno del estado iba a otorgar becas, …

Miseria y exilio en San Martín Peras

San Martín Peras es el primer expulsor de emigrantes en Oaxaca y, de acuerdo con … El 50 por ciento de los pobladores de San Martín Peras sonemigrantes, …

Trata de blancas en Centroamérica

… acto desesperado, fue a buscarla a Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y México, desafiando su realidad de mujer pobre, migrante y analfabeta…

Tráfico de cubanos, gran negocio

Mientras prospera el diálogo binacional, la Asociación Cívica Cubano-Mexicana, la Casa del Balsero y del MigranteCubano y Capítulo México, continúan su …

Desplazados por la violencia silenciosa

Además del niño de Ayotzinapa, durante este 2007 han muerto otros tres emigrantes oriundos de la Montaña en los campos de cultivo de verduras exóticas que …

Xenofobia y racismo en política migratoria

El gobierno mexicano reproduce con países de Latinoamérica la misma política de exclusión y racismo que practica el gobierno de Estados Unidos con los migrantes mexicanos…

Mexicanos en el patíbulo

Se ha vuelto activista en contra de la pena de muerte y organiza, desde ciudad Rodeo, Durango, una asociación en defensa del migrante…

Alerta sanitaria en la Frontera Sur

A orillas del Suchiate migrantes y lugareños defecan, se bañan o beben de esa agua ante la falta de servicios sanitarios, el mismo uso que le dan al agua …

Carta póstuma de un emigrante

… Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante, señala: “Nos …

La estación de la tortura

Migrante en la Estación Migratoria de Iztapalapa … de las pocas organizaciones no gubernamentales de defensoría para los derechos de los migrantes, a la …

Pandemias, flagelo de migrantes

Además de sufrir persecución despiadada, discriminación racial y en algunos casos la muerte, los migrantes hacia Estados Unidos regresan a México plagados …

Los paramilitares del Sur

La violencia de estas bandas contra los migrantes rebasa los límites de la razón”. … “El migrante por todos los medios es maltratado en México…

Fuente: Contralínea

Masacre en Tamaulipas, síntoma del fracaso de Calderón: Amnistía Internacional

Gloria Leticia Díaz / Proceso 27/08/2010

MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.

“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.

En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.

AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.

La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.

Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.

Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.

Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.

Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.

En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.

Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.

Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.

Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.

10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.

Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".

Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.

En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Condena de organizaciones internacionales

En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.

En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.

“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.

Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.

Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.

“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.

“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.

Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.

Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.

Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)

Rancho El Huizachal, ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron ejecutados 72 migrantes

72 migrantes ejecutados

Bodega donde se encontraron los cadáveres


EPR evalúa revisar la tregua

Contralínea 27/08/2010

En dos comunicados emitidos el 26 de agosto de 2010, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) señala que sobre la sociedad mexicana el gobierno federal ejerce violencia disfrazada de “guerra” contra el narcotráfico. También denuncia que “mercenarios” que combatieron en Irak y Afganistán se encuentran en México realizando labores de contrainsurgencia.

La guerrilla con mayor presencia en los estados de la república mexicana también solicita a la Comisión de Mediación que informe cuáles han sido las respuestas del gobierno mexicano ante las demandas de presentación con vida de sus militantes desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Evalúa revisar la tregua que ha mantenido con el gobierno mexicano.

Por considerarlo de interés público, Contralínea publica de manera íntegra los dos últimos comunicados del EPR.


Primer comunicado

Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

A los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos

A las organizaciones sociales, políticas y revolucionarias

¡Hermanas, hermanos, camaradas!

La guerra entre los poderes fácticos, desde el gobierno la llaman hoy, guerra contra la delincuencia organizada, es exigida y respaldada por los diferentes grupos de poder económico y político, las cúpulas del ejército federal y de las diferentes fuerzas policíacas federales que hipócritamente dicen combatirla, porque en realidad lo que todo ciudadano ha ido comprobando es que dicha guerra constituye una agresión permanente contra el pueblo, configurándose como terrorismo de Estado.

Los “éxitos y avances” de los que se vanagloria el gobierno federal sólo son un ardid mediático para ocultar la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo, en la cual se ha asesinado impunemente a cuanto ciudadano se cruce en sus operativos “antricrimen” o contra cualquier persona señalada como opositor al gobierno ilegítimo; falsa guerra que ha arrojado el asesinato impune de miles de ciudadanos justificados eufemísticamente como “daños colaterales”, el encarcelamiento de ciudadanos inocentes incriminados y presentados como presuntos delincuentes, la desaparición forzada de miles de ciudadanos, unos por motivos políticos y la gran mayoría por motivos sociales víctimas de la criminal forma de “administrar y procurar la justicia”, que viola sistemáticamente derechos constitucionales y humanos.

La estrategia policíaco-militar contra la delincuencia organizada insistentemente se ha pretendido justificar con un lenguaje policíaco-militar doloso para cubrir el proceder impune de las fuerzas represivas y eludir la responsabilidad en la comisión de delitos y crímenes de Estado tanto de elementos de tropa como de oficiales y mandos, entre ellos, la del jefe supremo de las fuerzas represivas.

Ante el ensanchamiento de facto del fuero militar propiciado por la ilegitimidad de Calderón y la ambición de la cúpula castrense, el ejército federal exige a su ilegítimo protector legalizar todo lo que ha estado haciendo y se avale jurídicamente todo cuanto se propone desde la cúpula militar, como es el hecho de pretender supeditar las leyes constitucionales y penales a las leyes castrenses, es decir, se pretende legalizar una dictadura militar para ponerse en ella como elementos indispensables para “poner orden en el país”, porque desde su lógica fascistoide “la vida de nuestro pueblo, es difícil y delicada”.

Citábamos en otros comunicados que la guerra contra la delincuencia organizada es el pretexto y objetivo para encontrar y destruir a las fuerzas revolucionarias para legitimarse, el gobierno federal bajo este marco está haciendo un brutal ensayo, y en este ensayo ha intensificado la creación y utilización de grupos paramilitares dirigidos por oficiales del ejército federal, la marina y por todo tipo de mercenarios de Estados Unidos como los que utilizan en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que participa directamente la inteligencia israelí a quienes no les importa tener relación con criminales e individuos de la más baja ralea que pertenecen a grupos policíacos, al ejército federal o a la armada de México para asesinar o desaparecer a luchadores sociales que saben que su perfil como individuos es insobornable y cooptar a otros que les han servido como delatores utilizando la calumnia, el desprestigio y al final el asesinato de los luchadores sociales consecuentes.

Dentro de esta estrategia contrainsurgente están algunos partidos políticos que son los que negocian con el Estado y delimitan oportunistamente hasta dónde puede llegar éste; son quienes permiten que hoy las fuerzas represivas no realicen ninguna aprehensión, sino que dan carta blanca para que asesinen a presuntos elementos de la delincuencia organizada que podrían salvar la vida pero, que por ser extraditables podrían delatar a los oligarcas que están detrás de ellos, a sus lava dólares y a políticos reconocidos que son parte orgánica de la delincuencia, esa es la razón por la que llegan a asesinar y no a aprehender, en un intento por evitar que se acumule el expediente público de los nexos del Estado mexicano con el crimen.

Necesariamente para hacer estas acciones mandan a soldados, ya sean infantes de marina, ejército o policía federal por delante como carne de cañón, éstos que van por delante son parte de la gente del pueblo que no pudo obtener un trabajo decoroso, que han truncado su carrera o que es un emigrante de las zonas rurales a las ciudades que ante la necesidad de comer se enrolan en estas fuerzas castrenses, por lo tanto, cuando ven que además de ir en punta son humillados, vejados y pagados con sueldos bajos se da la deserción, mientras sus generales y sus oficiales prooligarcas y reaccionarios se enriquecen escandalosamente y disfrutan de placeres inimaginables utilizándolos a ellos como instrumentos para encubrirlos en sus tropelías.

Y no sólo deserta la tropa, también los oficiales con grado de mayor, capitán, teniente, subteniente, etc., para engrosar las filas de la delincuencia organizada, a quienes el ejército le será más difícil destruir ya que éstos aprendieron y están aprendiendo todas las formas de guerra contrainsurgente y que más tarde utilizan tácticas y estrategias de guerra irregular contra sus ex compañeros, hecho que explica los muertos del lado del Estado, mismas que son ignoradas porque acostumbran ocultar las bajas o informan en el parte oficial que fueron “cocineros” los que murieron, como lo han hecho cuando se han enfrentado con las fuerzas insurgentes.

Cualquiera que platicase con militares o policías, que han pedido su baja en sus respectivas corporaciones, escucha de viva voz que es ahí donde aprenden a consumir todo tipo de droga, donde aprenden a extorsionar, asaltar, secuestrar y a violar toda norma jurídica, en donde son adoctrinados contra la población civil y los luchadores sociales a quienes se les tipifica como delincuentes o terroristas, es ahí donde reciben la orden de “matar a todo lo que se mueva”.

Al señor Calderón no le importa que las fuerzas del ejército y la armada sean despiadadas con la ciudadanía, al contrario, los ensalza como héroes así maten, asesinen, torturen y desaparezcan gente inocente u opositores a su régimen, los estimula repitiéndoles siempre que todo lo que hagan gozará de fuero y de impunidad, bajo la lógica que son héroes, cuando todos sabemos, entre ellos los militares honestos, que en esos crímenes de Estado no hay honor ni gloria que festejar.

Calderón tanto ha perdido el juicio que está haciendo mañosamente un llamado a formar un frente único contra la delincuencia organizada, llamado que persigue la salvación de su administración y repartir entre todos los que cogobierna los costos de su concepción policíaco-militar como política de gobierno, con la cual sólo pueden estar de acuerdo los partidos de derecha, los grandes y medianos empresarios, el clero reaccionario, los dirigentes charros, los monopolios de la comunicación y los políticos de oficio progobiernistas, que festejan y defienden de manera histriónica cada medida del ilegítimo, como es la actual iniciativa contra el lavado de dinero que sólo es una cortina de humo para encubrir a los grandes inversionistas ligados a la delincuencia y criminalizar aún más a quienes por años de manera honrada han hecho un modesto capital que no lo ponen en manos del rapaz y parasitario sector financiero.

Desde la institucionalidad burguesa se valida toda medida de terrorismo fiscal, de acciones policíaco-militares, de medidas de control policíaco de la población, de fiscalización en el consumo y adquisiciones de medicamentos y otros bienes materiales, pero muy pocos oficialmente plantean desde el poder Legislativo hacer un frente unitario para obtener la libertad de los presos políticos y para lograr la presentación con vida de los luchadores sociales, víctimas del delito de desaparición forzada, delito ante el que los más críticos de este sistema y de este régimen también han callado en la exigencia de hacer un juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

Políticos de oficio que a pesar de los reclamos populares, en su mayoría se muestran complacientes con las iniciativas y propuestas del ilegítimo al mostrar indiferencia y oídos sordos a las peticiones y exigencias de organizaciones populares, de organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales y de ciudadanos sin partido que sí demandan la presentación con vida de los desaparecidos y la libertad de todos los presos políticos, así como el regreso inmediato de las fuerzas policíaco-militares a sus cuarteles.

Eso lo sabe perfectamente bien el señor Calderón y como se dice el jefe supremo de las fuerzas armadas toda la responsabilidad recae sobre él, sobre los legisladores y el poder judicial que encubren las atrocidades del ejército federal y que son quienes pudieran legalizar un golpe de Estado, presionados por el imperialismo norteamericano para que acepte la tesis imperialista del “Estado fallido”, para que descaradamente se siga violando nuestra soberanía y asegurar el establecimiento de dos o tres bases militares norteamericanas dentro de nuestro territorio como lo ha hecho ya en Colombia, que para ese propósito cuenta con mucho recurso humano qué ocupar como son los hijos de los migrantes o los jóvenes que están en su país legal o ilegalmente que hablan el español e idiomas diferentes como son el náhuatl, zapoteco, mixteco, tlapaneco, etc.

No se debe omitir el hecho de que la mayoría de los agentes de migración que están supuestamente defendiendo la frontera norteamericana de los inofensivos emigrantes, que llegan en pos del falso sueño americano, agentes que por lo regular son hijos de migrantes de habla hispana que fueron tratados y siguen siendo tratados como subhumanos, que hoy sirven al monstruo imperialista, no les quedó otra manera de vivir y ser “aceptados” por la sociedad anglosajona que ser de la migra o parte de las fuerzas armadas americanas, se vuelven resentidos y en lugar de reclamarle a su gobierno que los ha tratado de esa manera, desquitan su odio racial con los migrantes hispanoparlantes hasta el grado de meterse a matar a nuestros hermanos dentro de nuestro territorio.

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, viene a demostrar el doble rasero de este gobierno con respecto al problema global de la expatriación de mano de obra superbarata hacia las economías más desarrolladas de las que emigran, al exigir timoratamente respeto a los derechos de nuestros hermanos en territorio norteamericano, al mismo tiempo que a quienes en esa misma pretensión nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos de llegar “al norte” son criminalizados, perseguidos, vejados y tratados con tanta crueldad inhumana como se hace con los presos en prisiones norteamericanas.

La masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, no es un hecho aislado, ni desvinculado de los grupos paramilitares que entran en la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada, porque curiosamente cada vez que el tema de seguridad va a ser tratado, siempre hay un “incidente” que persigue seguir apuntalando la tesis de la indispensabilidad del ejército en las calles. El principal responsable de esta matanza es el gobierno de Calderón y es parte del terrorismo de Estado.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!

¡Por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!

¡Por la revolución socialista!

¡Vencer o morir!

¡Por nuestros camaradas proletarios!

¡Resueltos a vencer!

¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO (PDPR)- COMANDANCIA GENERAL DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (CG-EPR)

Año 46.

República mexicana, a 26 de agosto de 2010


Segundo comunicado

Al pueblo de México

A la Comisión de Mediación

Y mientras el gobierno ilegítimo trata de hacer creer al pueblo mexicano que algo está haciendo a nombre la seguridad nacional, nosotros de la mano del pueblo organizado no olvidamos, no olvidaremos y continuamos firmemente buscando a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que con otros luchadores sociales son víctimas de la detención-desaparición forzada por motivos políticos, que junto con los desaparecidos por motivos sociales son miles de ciudadanos que están en esta infame condición, realidad producto de una política de “limpieza social”, que aunque no lo acepten plumas “prestigiosas” por sus intereses inconfesables, en México se vive un terrorismo de Estado que poca diferencia tiene con las dictaduras que existieron en Sudamérica.

Entre este panorama de criminalización contra nuestro pueblo y ante la pregonada democracia que exaltan los políticos de oficio y sus representados, la oligarquía, preguntamos: ¿Qué prebendas más ganarían, de las ya satisfechas, los partidos políticos con el señor Calderón por no juzgar a los responsables de estas desapariciones forzadas? Como son el general Alfredo Oropeza Garnica, el aún gobernador criminal Ulises Ruiz, Manuel Moreno Rivas, Manuel Vera Salinas y Jorge Franco?

¿Cómo es que la dirigencia nacional del PRD sabiendo que Manuel Vera Salinas tiene responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros compañeros, así como de muchos más luchadores sociales desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca le da protección por medio de su ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo Greg Sánchez, entonces presidente municipal de Cancún, nombrándolo jefe de policía y tránsito? ¿Quiere decir, entonces, que en lugar de hacer una denuncia por este delito es su protegido? ¿Qué más podemos esperar con esta actitud?

El gobierno de Calderón por su ilegitimidad criminaliza por todos los medios el descontento popular y reprime masiva y selectivamente toda expresión de descontento y organización fuera de los marcos coorporativizantes, provocando con sus medidas fascistoides un mayor encono social, al tiempo que allana el camino para instaurar legalmente un Estado policíaco-militar, que no es otra cosa que una dictadura con un rostro civil en el Ejecutivo. En ese contexto se inscribe la actitud de este gobierno que busca negociar con las cabezas del crimen organizado para que entre ambos junten fuerzas para enderezarlas en contra del movimiento insurgente, para tratar de destruirnos físicamente.

La historia reciente del país nos recuerda que gobiernos anteriores priistas tenían negociación con el crimen organizado y sus titulares para combatir a los grupos revolucionarios de ese tiempo, por poner algunos ejemplos eran Nazar Haro y el general Acosta Chaparro, el primero hoy “super” asesor de oligarcas y cúpula policíaco-militar, que en su medio solían preguntar a algunos integrantes del crimen organizado y a subalternos si habían hecho tal o cual acción delictiva, y éstos al negarlo ocasionaban que el gobierno declarara después de un supuesto trabajo de inteligencia que habían sido fuerzas insurgentes los responsables de tales acciones.

Desde esos tiempos priistas el crimen organizado facilitaba casas de seguridad y sicarios para que asesinaran, pero previamente torturaran a luchadores sociales y miembros de las fuerzas insurgentes cuando la época de la guerra sucia. Con el arribo el panismo al gobierno federal esta práctica no sólo se retomó si no que la ha intensificado.

Ante este desolador panorama para nuestro pueblo y sus organizaciones hemos respetando la tregua unilateral solicitada por la Comisión de Mediación a pesar de la falta de respuesta oficial a la Comisión de Mediación; a pesar de que en diferentes partes del país se han instrumentado operativos contrainsurgentes de búsqueda y captura de nuestros militantes; a pesar de la indiferencia, silencio y complicidad de la mayoría de los integrantes del poder Legislativo; a pesar del ambiente represivo contra nuestro pueblo y la agresión policíaco-militar contra éste que legitima una respuesta del conjunto del movimiento revolucionario por el anhelo de libertad y justicia de nuestro pueblo que pide el actuar revolucionario.

Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo que dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!

¡Por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!

¡Por la revolución socialista!

¡Vencer o morir!

¡Por nuestros camaradas proletarios!

¡Resueltos a vencer!

¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!

Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario CG-EPR

Año 46

República mexicana, a 26 de agosto de 2010.