29/5/10

Interponen tercera queja ante la CNDH por emboscada en San Juan Copala

· Activista de la Unión Finlandesa por la Paz acusa omisiones del gobernador Ulises Ruiz
· Mononen, quien iba en la caravana humanitaria el 27 de abril, también acudió a la CIDH

Ángeles Cruz Martínez / La Jornada 29/05/2010

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió ayer la tercera queja por los hechos ocurridos el pasado 27 de abril en la región triqui de Oaxaca, cuando una caravana de observadores nacionales y extranjeros sufrió una emboscada, en la cual dos personas fueron asesinadas: el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Alberta Cariño.

Meri Marjaana Mononen, coordinadora de la Unión Finlandesa por la Paz, quien también formó parte del grupo de activistas que pretendía llegar al municipio autónomo de San Juan Copala, se presentó en la CNDH para iniciar su queja en contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por las omisiones en que ha incurrido para garantizar la seguridad y la vida de los integrantes del grupo de observación de los derechos humanos.

En entrevista, la activista expresó su preocupación por la conducta del mandatario estatal, pues en lugar de asumir su responsabilidad ha solicitado la expulsión de los observadores. Mononen resaltó la importancia de la actividad de las organizaciones civiles que, al llegar a las comunidades sin avisar, tienen la posibilidad de constatar la realidad que viven las personas en cuanto al respeto a sus garantías fundamentales.

En el caso de San Juan Copala, el grupo de observadores pretendía verificar las condiciones en que se encuentran los indígenas triquis, luego que desde noviembre pasado la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) instaló un cerco para impedir el acceso al municipio.

Jesús Alfredo López García, presidente del Protectorado de México para los Derechos Humanos, quien acompañó a Mononen, señaló que Ruiz Ortiz carece de facultades para interceder en asuntos migratorios y mucho menos para pretender desconocer los tratados internacionales que ha suscrito México en materia de protección a las garantías fundamentales.

Recordó que la CNDH recibió dos quejas previas por los hechos de San Juan Copala. Una fue transferida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, ante la presunción de que en el ataque en contra de los observadores participaron elementos del Ejército Mexicano.

La segunda fue presentada por los trabajadores de la revista Contralínea Érika Ramírez (reportera) y David Cilia (fotógrafo), quienes también formaban parte de la caravana humanitaria.

Explicó que Mononen pudo presentar su queja hasta ayer, porque antes viajó a Costa Rica, para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los hechos ocurridos en la región triqui.

El abogado López García también comentó que ha recibido llamadas telefónicas de una empleada de la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, para decirle que en esa oficina estaban enterados de que se presentaría la queja de Mononen en la CNDH, lo cual no se vería como un gesto de buena voluntad.

El clima de violencia en la región se agudizó con el asesinato del líder comunitario Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, el pasado 20 de mayo. Ramírez, quien había sufrido dos atentados, fue uno de los precursores de la autonomía de esa localidad y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, una de las organizaciones defensoras de esa iniciativa.

Beatriz Alberta Cariño era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos.

De Arizona y crisis

Matteo Dean /La Jornada 29/05/2010

La ya mal afamada SB (Senate Bill) 1070 aprobada en el estado de Arizona y que entrará muy probablemente en vigor el próximo 29 de julio, despertó, justamente, hartas protestas tanto en Estados Unidos como en México y otros países directa o indirectamente afectados por la medida normativa. Los contenidos de dicha ley y las facultades que otorga a las fuerzas de seguridad del vecino país del norte hablan por sí solos de la inteligencia de las personas que la aprobaron. No es de inteligencia pero que es necesario hablar. Ella faltó a los legisladores de Arizona. Hay que hablar más bien de la tendencia que esta legislación marca y de las reacciones a ella, las que también señalan una peligrosa pauta.

Por un lado, en efecto, dicha ley no es ninguna novedad. Sería interesante enumerar la larga lista de normativas restrictivas para la vida digna de los ciudadanos migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países. Una larga serie de medidas restrictivas, punitivas, discriminantes que matan tanto en esta frontera norte como en la europea, que discriminan y estigmatizan tanto en el desierto estadunidense como en la capitales de Europa. Miles de muertos cada año, cientos de expulsados y deportados todos los días son las consecuencias de dichas normativas que desde hace años pueblan el imaginario reprimido del ciudadano migrante.

Sin embargo dicha ley despertó particular malhumor y enojo en la comunidad nacional e internacional. ¿Será porque es absurdo que sea sólo la apariencia la causa de un alto policiaco? ¿Será porque la ley establece –negro sobre blanco– una vez más en la historia el perfil racial como elemento discriminatorio entre culpable y no culpable? ¿O será sólo porque se le faculta a todo policía interpretar el papel del policía migratorio?

Todo lo anterior y mucho más. Y sin embargo sorprende el vasto abanico de reacciones y sectores que se hicieron protagonistas de las mismas. Tras poco más de un mes de la aprobación de la SB1070, comienza finalmente a despegarse el panorama, pues no dejaba de rechinar la maquinaria propagandista realizada por ciertos sectores institucionales, quienes logran ver la paja en el ojo ajeno pero bien ciegos están cuando se les señala el tronco que existe en su propio ojo.

El 22 de marzo pasado, 11 organizaciones mexicanas reportaban frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el holocausto de migrantes que se da cotidianamente de este lado de la frontera. En los distintos informes se señalaban abusos sexuales, tortura física y sicológica, homicidios, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y sexual, esclavitud, tráfico de órganos, impunidad como las características de la política migratoria al sur del río Bravo. Entre todas, emergía una denuncia tremenda: miles de migrantes secuestrados. Los funcionarios de gobierno llamados a responder negaban todo, obviamente.

La verdad entonces es otra y se está demostrando justamente en estos días. El llamado al boicot sirvió para ilusionar y concentrar la atención de muchos. Pero no para quienes piensan que, pase lo que pase, el libre mercado es asunto que no se discute. Cueste lo que cueste, evidentemente: ya sea la vida o la dignidad del ser humano. Las visitas electorales de quienes tienen la visa y están amparados por la investidura popular y van allá a decir que sí haremos algo, dudamos se adaptarían a las incomodidades del río Suchiate. Así como son risibles las tímidas declaraciones de Obama, quien entre un chiste y otro poco supo hacer hasta ahora en cuanto a la aclamada reforma migratoria.

La verdad es también, y sobre todo, que esta ley no hace otra cosa que responder al sentir común de la gente de Arizona y de muchos otros lados, como bien lo sabe la gobernadora Jan Brewer quien, tras firmar la ley, vio subir 14 puntos el consenso del electorado del estado (para las elecciones del 4 de noviembre). En suma: la legislación es pésima porque pésima es la opinión pública. Difícil decir o contrario a menos que tengamos algún otro cínico interés electoral o seamos racistas.

Es necesario preguntar, más bien, por qué la aclamada reforma migratoria no llega. El yes we can de Obama chocó con la realidad de un Congreso federal dominado por el sentimiento racista de sus integrantes. Claro, una reforma migratoria como las propuestas hasta ahora (ya lo dijimos: La Jornada del 8 de abril de 2010) pagaría límites estructurales que no pueden satisfacer al movimiento migrante de forma cabal. Pero, al menos, permitiría cierto nivel de debate en las sociedades involucradas. Y sin embargo no es así y sigue ganando (fácilmente) la salida reaccionaria y derechista a la crisis económica.

Si la apuesta de Obama era la de probar a superar la crisis apostando a los sujetos biopolíticos de la misma, es decir los precarios, los trabajadores autónomos y flexibles, migrantes y entonces móviles, esta idea recoge aún pocos consensos. Por el contrario, se aprueba socialmente la política de atacar a los más expuestos. El enojo, la frustración, el rencor social encuentran de tal manera un fácil desahogo en el conflicto horizontal que se viene creando entre los pocos con algún privilegio –por ejemplo, el derecho a votar una gobernadora de derecha– y los muchos sin derecho alguno. Quienes están arriba, en las sillas del poder, continúan allí. Por el momento.

Laura Castellanos. Periodista denuncia hostigamiento

Soy periodista independiente, autora del libro México armado (1943-1981) y Corte de caja, entrevista con el subcomandante Marcos, y escribo en la revista Gatopardo. Recurro a este espacio para denunciar la intimidación creciente sobre mi ejercicio periodístico, enfocado particularmente en movimientos radicales y guerrilleros. He sido víctima de vigilancia, intervención telefónica y cibernética, y en días pasados, aprovechando mi ausencia por un viaje de promoción de mi obra, ingresaron a mi departamento por el balcón. No fue un acto de delincuencia común, pues no sustrajeron nada de valor. Se dirigieron al baño y defecaron y orinaron, además de que manipularon mis objetos de uso personal. Dejaron abierta la ventana del baño y del balcón para que fuera ostensible su paso. Lo único que sustrajeron fue la libreta de reportera que tenía al lado de la computadora. Al día siguiente un hombre en bicicleta con apariencia castrense rondó mi edificio, y al ser descubierto ocultó su rostro.

Los actos de vigilancia hacia mi persona y domicilio fueron evidentes. Interpondré una denuncia en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR. No porque crea en su justicia, sino para que mi nombre quede para la posteridad, en los archivos de la ignominia. Artículo 19 afirma que 65 por ciento de las agresiones a periodistas de México en 2009 fueron perpetradas por el Estado. Hago responsable de cualquier acto contra mi integridad y la de mi familia al gobierno de Felipe Calderón. Sigo con la pluma en la mano.

Laura Castellanos

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Allanan casa de la periodista Laura Castellanos

Presa El Zapotillo: lucha local contra el despojo global

Francisco López Bárcenas / La Jornada 29.05.2010

Poco a poco, como se hacen las grandes caminatas, las que en el trayecto fijan su horizonte y construyen su camino, las luchas de los pueblos contra del despojo capitalista se van juntando para analizar sus experiencias y trazar sus alternativas. Conjuntamente, porque se han dado cuenta de que las luchas aisladas no tienen la suficiente fuerza para oponerse a los nuevos colonizadores. Los frentes de lucha son muchos: unos pelean contra las represas, otros contra las mineras y la defensa del agua, unos más contra compañías eólicas y turísticas. Pero en todos los casos hay dos elementos que los unen: la defensa de su patrimonio –territorios, tierras, recursos naturales y cultura– y su oposición a que sean empresas de capital extranjero las que indebidamente se apropien de las riquezas que deberían beneficiarlos a ellos.

En días pasados, en México se realizó un cónclave denominado Aguas, Ríos y Pueblos, en el cual los participantes analizaron las implicaciones que este tipo de obras tienen para el futuro del país y denunciaron que se ejecutan pasando por encima de los derechos de los pueblos, en beneficio de las empresas trasnacionales. Paralelo a esa actividad, en la ciudad de Madrid, España, sesionaba el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde los afectados de América Latina presentaron casos de violación de los derechos de los pueblos cometidos por empresas trasnacionales y exigieron que los integrantes del organismo se pronunciaran por la creación de un fuero especial que juzgue los daños de estas empresas en América Latina, cosa que al final sucedió.

Uno de los casos que se analizaron y resaltaron en ambos actos fue la lucha de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, en el estado de Jalisco, que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo. Se trata de una obra que los gobiernos federal y estatal, con el apoyo de la Iglesia, pretenden llevar a cabo sobre el río Verde, en pleno corazón de los Altos de Jalisco, con la intención de almacenar 912 millones de metros cúbicos, los cuales no beneficiarían a los jaliscienses, sino a la ciudad de León, en el vecino estado de Guanajuato, donde existe evidencia técnica que la falta del líquido podría tener otras soluciones, con lo cual se podría prescindir de la obra que implica –además de profundos impactos ambientales, como ha demostrado la Universidad de Guadalajara–, afectaciones a los derecho sociales y a la cultura de los habitantes de esos lugares.

Entre los agravios que los opositores a dicha presa esgrimen se encuentra uno elemental: que no fueron consultados en una obra que los afectará directamente sin aparejarles algún beneficio por ello. Pero no es el único: ellos saben que la tierra cuando es territorio engloba las tradiciones y los sueños, el pasado y el futuro, el valor histórico y cultural de los pueblos. En ese sentido, sus razones resultan profundas: quieren seguir siendo pueblos y la obra les niega ese derecho. Por eso se oponen a ella, no porque estén contra el desarrollo. Saben, como muchos ciudadanos que han padecido este tipo de obras, que las afectaciones que la obra traerá consigo serán irreversibles, que cambiará no sólo el paisaje y el medio ambiente, sino también sus formas de vida y esta misma.

Para oponerse a ello han recurrido a todo tipo de acciones, desde las legales, en tortuosos proceso judiciales, hasta las políticas y sociales. En ese proceso de resistencia se inscribe la denuncia presentada tanto en la reunión de Aguas, Ríos y Pueblos, como en el Tribunal Permanente de los Pueblos. En la segunda década del siglo XVI, después de una fuerte resistencia a la primera colonización española de los pueblos donde ahora se pretende construir la presa, Francisco Tenamaxtle, el líder que había encabezado la lucha contra las españoles al mando de Pedro de Alvarado, se entregó a los religiosos, quienes lo remitieron a España; ahí tuvo oportunidad de alegar las razones de su lucha, de la mano de Bartolomé de las Casas. Paradojas de la historia que los pueblos no olvidan su historia. Por eso en esta resistencia local contra el despojo global, Francisco Tenamaxtle se encuentra presente.

Notas relacionadas:

Tribunal Permanente de los Pueblos condena a la Unión Europea
El texto completo de la sentencia se encuentra en: www.enlazandoalternativas.org
El dossier de prensa del TPP en el siguiente enlace:
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article653

Madrid, Protestas contra la política mexicana y la visita de Felipe Calderón

28/5/10

Vídeos sobre San Juan Copala grabados ayer durante el acto político cultural

videos sobre San Juan Copala grabados ayer durante el acto político cultural: UN GOYA PALA LA LIBERTAD DE LOS 12 PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO EN C.U.

1. MARCOS ALBINO


2. FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS


3. TRINIDAD RAMÍREZ

Como registrarse en la caravana de solidaridad “Bety Cariño & Jyri Jaakkola”

Caravana de solidaridad “Bety Cariño & Jyri Jaakkola” con el Municipio Autónomo San Juán Copala
CARAVANA DE SOLIDARIDAD “BETY CARIÑO & JYRI JAAKKOLA” CON EL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JUÁN COPALA
Fuente: http://autonomiaencopala.wordpress.com

Notas relacionadas:

· Sí vamos a San Juan Copala
Red Unidos por los Derechos Humanos

· Pronunciamiento de la Asamblea Interregional de La Otra Campaña en Chiapas
La Otra Campaña en Chiapas

· Responsabilizamos al gobierno del Estado de Oaxaca del asesinato de Timoteo Alejandro
La comunidad Triqui migrante de Sonora, México

· Las raíces del conflicto en Copala
María Dolores París Pombo

España se queda atrás en la recuperación económica

El producto interno bruto (PIB) de España volverá a caer este año, es decir, -0,2 por ciento frente al -0,3 por ciento calculado en noviembre, informó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Para 2011, la OCDE fijó el crecimiento de España en el 0,9 por ciento, el mismo porcentaje que estimaba en noviembre (cuatro décimas por debajo del ofrecido por el gobierno español tras integrar el impacto negativo de su plan de ajuste).

Sólo dos países se sitúan por debajo de estas previsiones: Grecia, con un nuevo retroceso del 2,5 por ciento, y Portugal, con una subida del 0,8 por ciento.

De esta forma, las expectativas sobre España del próximo año se quedan una vez más por debajo del 2,8 por ciento previsto para el conjunto del conocido como el "club de los países desarrollados" y de la media de la zona euro (1,8 por ciento).

Para el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, las reformas que desde hace años ha aconsejado este organismo a España, en particular la de su sistema de pensiones y la del mercado laboral, son ahora "urgentes".

En definitiva, España se ha quedado descolgada de la recuperación económica de la OCDE que ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la mayor parte de sus países miembros para este año y el próximo por el tirón, más positivo de lo esperado, del comercio internacional y de las economías emergentes.

Fuente: ARGENPRESS.info

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Juez constata falsedad en declaración del principal acusador del preso de conciencia Raúl Hernández

Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla; Alfredo Sánchez Sánchez, Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla, y Julián Agustín Caro Escamilla, segundo Secretario de Acuerdos en materia penal.

• Esta inspección fue la última antes del cierre de instrucción del caso de Raúl Hernández
• Quedó en evidencia ante el Juez la inconsistencia del testimonio del testigo de cargo
• Se solicita al gobierno del Guerrero y a la PGJE que formulen conclusiones inacusatorias

Tlapa, Guerrero, a 28 de mayo de 2010- El Juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, con sede en Ayutla, realizó una inspección ocular en la comunidad me´phaa de El Camalote y verificó la falsedad en las declaraciones que hizo el principal acusador del preso de conciencia Raúl Hernández Abundio; por lo que ahora, el indígena me´phaa tiene que ser puesto en inmediata libertad.

De acuerdo a las acusaciones que hay en el expediente sobre el caso de Raúl Hernández, el testigo Fidel Remigio Mendoza, asegura que desde su domicilio pudo ver cómo Raúl discutía con el ahora occiso Alejandro Feliciano García la noche del 31 de diciembre del 2007, momentos antes de que esté a pareciera sin vida. La distancia que señaló que había entre su domicilio y la Iglesia del poblado, supuesto lugar del suceso, era de 10 metros aproximadamente.

Alfredo Sánchez Sánchez, Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla; Rubén Figueroa Rosas, Agente Titular del Ministerio Público; Julián Agustín Caro Escamilla, segundo Secretario de Acuerdos en materia penal; Rogelio Teliz García y Alejandro Ramos Gallegos, abogados del CDHM/Tlachinollan y Arnulfo Cruz Concepción, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me´pha (OPIM)

No obstante, ayer el juez Alfredo Sánchez Sánchez, acompañado del secretario de acuerdos, Julián Agustín Caro Escamilla, el titular del Ministerio Público, Rubén Figueroa Rosas, y del Comandante Regional de la Policía Estatal, Tomás Chegue Espindola, realizaron una inspección ocular -que ofreció la defensa legal de Raúl Hernández como parte de la últimas pruebas antes del cierre de instrucción-, y en ésta las autoridades judiciales constataron que el principal denunciante de Raúl mintió, pues verificaron que la distancia entre el domicilio de Remigio y la Iglesia del poblado era de 210 metros y por los accidentes geográficos del terreno y la oscuridad no pudo tener la suficiente visibilidad, como asegura en su declaración.

Esta certificación que realizó el juez, el miércoles 26, a las 11 de la noche, y en donde estuvieron abogados de Tlachinollan e integrantes de la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) resta valor probatorio al testimonio de Fidel Remigio, y en consecuencia se debe de haber el desistimiento de la acción penal contra Raúl Hernández, porque queda evidenciado una vez más, que él está preso bajo delitos fabricados y por su trabajo a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas e incluso por esta injusticia Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia.

Con esta verificación del juez, la defensa legal de Raúl evidencia por tercera vez que las declaraciones de Fidel Remigio están plagadas de irregularidades. Las otras falsedades se mostraron durante el interrogatorio de Fidel y luego su vecino más cercano, Euleterio Cruz, también en una audiencia desmintió la acusación de haber oído o visto los hechos que implicarían a Raúl Hernández Abundio en los hechos del 31 de diciembre.

A partir de esta última prueba de inspección desahogada ante el juez, la OPIM y Tlachinollan demandamos al gobierno de Guerrero para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emita conclusiones inacusatorias en el caso de Raúl Hernández para que el sea puesto en inmediata libertad.

Información de contexto

Raúl Hernández Abundio es defensor de derechos humanos del pueblo Indígena Me´phaa, desde donde ha documentado y denunciado casos por abuso militar, como la violación sexual que sufrieron, en 2002, las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares. Así como la esterilización forzada de 14 indígenas en El Camalote.

El 11 de abril del 2008, el Juez Mixto de Primera Instancia liberó órdenes de aprehensión a Raúl Hernández y otros 14 miembros de la OPIM, siendo detenidos 5 de ellos seis días. Después de un proceso jurídico irregular, cuatro de ellos lograron un amparo otorgado por un juez federal y salieron libres el 19 de marzo de 2009, no así Raúl Hernández, señalado sospechoso de ser autor material, en base al testimonio que el miércoles se invalidó.

Después de una minuciosa investigación, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia el 11 de noviembre de 2008, y numerosas organismos internacionales, entre los que destaca el Alto Comisionado de Naciones Unidas se han pronunciado por su liberación.

Además, el 22 de febrero de este año, otros 5 integrantes de la OPIM señalados como responsables de la muerte de Alejandro Feliciano, también recibieron un amparo, siendo ya 9 los amparos concedidos y Raúl Hernández el único que permanece en prisión.

Fuente: CDHM/Tlachinollan

La noche de gala de Slim y Maciel

J. Jesús Esquivel / Proceso 28/05/2010

Marcial Maciel con Carlos Slim

WASHINGTON, 28 de mayo (Proceso).- La humedad que imperaba en Nueva York la noche del 9 de junio de 2004 no opacaba el ambiente de júbilo que reinaba en el Gran Salón del Hotel Plaza, en Manhattan, donde la crema y nata del poder empresarial y económico de México y Estados Unidos, encabezada por Carlos Slim, rodeaba al entonces venerado padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

En esos años, y pese a las crecientes denuncias de actos de pederastia cometidos por Maciel, Slim, entre otros multimillonarios, se dejó empapar de las adulaciones religiosas con fines altruistas.

En el Gran Salón del Hotel Plaza de la Quinta Avenida se colocaron 50 mesas para un grupo de 500 millonarios y empresarios, quienes, junto con el líder de los Legionarios, se unieron para rendir tributo a las buenas obras de Slim en favor de la fundación Mano Amiga, encabezada y creada por Maciel, de acuerdo con documentos a los que este semanario tuvo acceso y que permiten recrear parte de lo que ocurrió esa noche en Nueva York.

Convocados por el Fondo Mundial de Educación y Desarrollo (World Education and Development Fund, WEDF), los multimillonarios y empresarios de México y Estados Unidos se dieron cita para “honrar a Carlos Slim Helú, presidente de Teléfonos de México, S.A. de C.V.”.

De acuerdo con el recuento que proporcionó a este semanario uno de los asistentes, la presencia de Maciel resultó algo inesperado para muchos.

“La sorpresa era que el padre Maciel fue quien le dio el reconocimiento a Carlos Slim”, relata el asistente a esa cena, quien habla a condición de que no se revele su identidad.

Luanne Zurlo, directora ejecutiva del WEDF y organizadora de la cena, sostiene que el acto tenía como único fin recolectar dinero para financiar la educación de niños pobres en América Latina.

“El evento no tenía nada que ver con el padre Maciel”, aclara Zurlo en entrevista telefónica con Proceso. “Nosotros (el WEDF) queríamos que Carlos Slim estuviera en la cena porque es una figura muy conocida y podría atraer a personas que donaran fondos para nuestros propósitos. Pero yo no lo conocía a él, lo invitamos por medio del padre Luis Garza Medina”.

–¿Cómo fue que apareció Maciel en la cena, quién lo invitó?

–Fue a través de la invitación que le hizo el padre Garza Medina a Carlos Slim, porque, al parecer, Maciel conocía muy bien a Slim y fue así que llegó como invitado –responde.

–Pero si no fue invitado por ustedes, ¿cómo el padre Maciel le dio el reconocimiento a Slim? –se le insiste.

–Sí. Él le dio el reconocimiento y fue el encargado de presentar a Slim en la cena; ya le expliqué por medio de quién fue invitado Maciel.

El dinero recolectado esa noche –de acuerdo con la directora ejecutiva del WEDF fueron aproximadamente 800 mil dólares– muestra el poder e influencia que tiene sobre empresarios y millonarios el dueño de Telmex; pero también, que las denuncias de pederastia, que en esos años ya pesaban sobre Maciel y algunos sacerdotes de los Legionarios de Cristo, no hacían mella en los corazones altruistas y piadosos, como el de Slim.

Zurlo explica que ella y algunos integrantes de la mesa directiva del WEDF se enteraron, tres semanas antes de la cena, de las denuncias de pederastia contra Maciel y los Legionarios. “Fue por medio de un artículo que publicó la prensa”, comenta.

–¿Por qué no hicieron nada para “desinvitar” a Maciel cuando se enteraron de las denuncias?

–No podíamos hacer nada. Las denuncias las conocimos por la prensa.

Los dueños del dinero

Por su poder económico e influencia política, el grupo de los 500 invitados que se reunieron esa noche de 2004 pudo haber sido calificado como el dueño de medio planeta. La lista de invitados –este semanario tiene copia– la encabezó Sanford I. Weill, presidente de Citigroup, a quien, por cierto, le tocó pronunciar el discurso previo a la entrega del reconocimiento.

El apartado de “líderes de la cena”, como señala la invitación, lo formaban Louis C. Camilleri, presidente de Altria Group; Gustavo A. Cisneros, copresidente de America Online Latin America; Theodore J. Forstmann, socio mayoritario de la compañía Forstmann Little; (el ahora fallecido) Jack Kemp, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos; Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México; Brad Martin, presidente de Saks Incorporated; Dionisio Garza Medina, presidente de Alfa; Renata Camargo Nascimento y Luiz Nascimento; Jaime Chico Pardo, vicepresidente de Telmex; Henry Paulson, entonces presidente de Goldman Sachs y más tarde secretario del Tesoro de Estados Unidos en la presidencia de George W. Bush; Sanford Weill, presidente de Citigroup; y Edward E. Whitacre Jr., presidente de SBC Communications.

Entre los personajes del mundo empresarial y político de México que destacaron esa noche en la gala se encontraban Pablo Garza, Juan Pablo Lankenau, René y Jimena Lankenau, Carlos Bremer, Francisco Garza Zambrano, José Kuri Harfush, Javier Larraza, Alfonso de Angoitia, Arturo Sarukhán (entonces cónsul en Nueva York), María Asunción Aramburuzabala, Alejandro Soberón, Mario Epelbaum, Luis Carrillo, Arturo Elías (ya fallecido), Johanna Slim de Elías, Vanesa Slim de Hajj, Daniel Hajj, Fernando Romero, Soumaya Slim de Romero, Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit, Alfonso Salem, Christian de Salem, Marco Antonio Slim Domit, Julián Slim Helú, Roberto Slim Seade, Magdalena de Slim y Ximena Serrano de Slim, entre otros.

La invitación distingue otros tres grupos. El de “patrocinadores” lo formaban CompUSA (desaparecida), Credit Suisse First Boston, Discovery Funds, Goldman Sachs and Co., Grupo Santander, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Orlando Muyshondt y Charlotte and Eugene Zurlo.

El clan de “donantes-patrocinadores” lo componían: Anheuser-Busch Companies; Bear, Stearns and Company; Mary Bourque and Donny Bovers; Capital Group; Cingular Wireless (desaparecida); Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton; Coca-Cola Company, Kimberly-Clark de México; Merrill Lynch; Edmond J. Safra; Saks Incorporated; Telcordia Technologies y Wachovia Securities.

El último bloque, el de “amigos”, era: Bloomberg, Citigroup Global Markets; James J. Cramer; Cravath, Swaine & Moore LLP; HBO Latin America Group; ING Financial Markets; Kerry; Merill Lynch Latin America; Equity Sales; Carien and Wiet Pot y UBS.

Encima de cada una de las sillas la organización dirigida por Zurlo puso un sobre –para la donación– con dos folletos: uno en inglés (“un regalo de esperanza”) y otro en español (Plan Padrino de la organización Mano Amiga).

El folleto en español tiene la leyenda “Apadrina un niño. Dale una mano hoy al hombre del mañana”. Además, junto a la foto de un menor, tiene impresa una frase atribuida a Maciel, con el objeto de ablandar los bolsillos de los millonarios: “Brindar educación a un niño es arrancarlo de esa forma del subdesarrollo que es la ignorancia. La educación es el mayor regalo que podemos hacerle; es lo que, andando el tiempo, ellos apreciarán más”.

El volante también explica: “Fundada por los padres Legionarios de Cristo, Mano Amiga es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial es ofrecer educación integral de calidad para niños y jóvenes de escasos recursos”.

El folleto en inglés ofrecía un menú para que los asistentes eligieran qué tipo de donación querían hacer. Las opciones eran: donar 25 mil dólares para construir un salón de clases, 5 mil para cubrir el salario de un maestro, mil 200 para becar a dos estudiantes, 600 para becar a uno, 50 para el financiamiento de la educación de un estudiante o 25 dólares para la compra de útiles escolares.

La forma de pago era opcional: cheque o tarjeta Visa o MasterCard.

“El gancho para que la gente donara esa noche fue la sorpresa de que Maciel sería la persona que entregaría el reconocimiento a Slim. Funcionó. Se juntó bastante dinero en la cena”, subraya la fuente de este semanario.

En la mesa de honor se sentaron Carlos Slim Helú, Marcial Maciel, Dionisio Garza Medina y su esposa, Gustavo y Patricia Cisneros, Luis Camargo Nascimento y su esposa, Brad Martin, Joan y Sandy Weill, Luanne Zurlo y Lenise y Randall Stevenson.

“Del dinero que se recolectó, nosotros dimos parte a cinco escuelas de Mano Amiga en México y otras más en Perú y Brasil”, dice Zurlo.

–Mano Amiga fue creada por Maciel, ¿cómo afirma que no conocían a ese sacerdote? –se le insiste.

–Nosotros damos directamente dinero a la junta local de directores de escuelas de Mano Amiga. Nunca dimos ni destinamos dinero directamente a Maciel –aclara la directora del WEDF.

El jueves 13 de mayo, el diario estadunidense The New York Times publicó el artículo “El legado de un sacerdote sobrevive y divide en México”, en el que los autores, Elisabeth Malkin y Marc Lacey, destacan que la relación entre Maciel y Slim data de hace décadas y que, por encima del escándalo de pederastia que pesa sobre el prelado fallecido en 2008 y los Legionarios de Cristo, el dueño de Telmex seguirá aportando dinero a las instituciones creadas por éstos.

“Arturo Elías Ayub, yerno y portavoz de Slim, dijo que el dueño de Telmex ha donado un buen monto de dinero a la red de universidades para pobres de los Legionarios y planea continuar haciéndolo (porque) nos gusta la manera en que educan los Legionarios.”

El artículo del New York Times, diario del cual Slim también es inversionista, acota que en 2004 fue la última vez que ambos aparecieron juntos públicamente, “mucho después de que surgieran las acusaciones (de pederastia)”.

En México, los narcos "mantienen relaciones estables con el sector oficial": The New Yorker

La redacción / Proceso 27/05/2010

MÉXICO, D.F., 27 de mayo (apro).- El cártel de La Familia Michoacana vino a llenar el vacío creado en México por la desconfianza pública hacia la policía y los tribunales, señala un texto de la revista estadunidense The New Yorker, que aparecerá publicado en su edición del próximo lunes 31.

Escrito por William Finnegan, el reportaje titulado “Silver or lead” (Plata o plomo) apunta que en la última década el tráfico de drogas floreció en México y que “sus practicantes (los narcos) mantienen relaciones estables con el sector oficial”.

Según Finnegan, la elección de Vicente Fox en el 2000, “cambió el status quo entre narcotraficantes y el gobierno”.

El autor del texto estuvo dos meses en la zona de influencia de La Familia Michoacana, donde pudo constatar el poder “omnipresente” que tiene ese grupo criminal en todo el país.

En su visita a Zitácuaro, por ejemplo, lo primero que encontró al llegar a esa localidad fue el cuerpo desmembrado de un hombre joven que quedó en medio de la intersección principal. “Fue un ejemplo de lo que llaman cadáver de mensajería”, añade.

Y menciona que al lado de los cuerpos mutilados generalmente aparecen “mensajes de terror” escritos a mano “suficientemente claros”, como uno que decía: "Usted consigue lo que usted se merece".

La Familia Michoacana, agrega, es un grupo del crimen organizado “cuyas depredaciones impregnan la vida de la región”, luego de que el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra a los traficantes de drogas en el país cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006.

De acuerdo con The New Yorker, más de 23 mil personas han muerto desde la declaración de guerra de Calderón. La inseguridad, apunta, se ha vuelto envolvente, y la población mexicana debe cuidarse cada vez más del secuestro, la extorsión, la tortura, el desempleo…

Y, mientras, anota, las grandes organizaciones del crimen organizado, que “se han diversificado de manera rentable”, siguen ganando miles de millones de dólares. En Michoacán, agrega, una estimación reciente encontró que entre 5 y 8% de los negocios legítimos participan de alguna manera con La Familia.

Entre las organizaciones criminales de México, precisa, La Familia ha ganado un lugar preponderante, y recuerda que ganó la atención nacional en septiembre de 2006, cuando cinco cabezas rodaron sobre la pista de baile en un club nocturno de Uruapan, Michoacán.

El periodista de la prestigiada revista señala que entrevistó a un alto funcionario estadunidense en la ciudad de México, quien le dijo que "La Familia se parece cada vez más a una insurgencia y menos a un cártel."

Además, ofrece un resumen sobre otros cárteles mexicanos de la droga, incluido el de Sinaloa y Los Zetas, organización esta última, dice, que antes había ocupado Michoacán.

Condena AI el sistema de procuración e impartición de justicia en México

· Demanda modificar el fuero militar y castigar a quienes persiguen a activistas
· Cuestiona que autoridades no condenen de manera contundente abusos contra centroamericanos

Víctor Ballinas / La Jornada 28/05/2010

Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI), sección México, aseveró ayer que son muchas las deudas en materia de derechos humanos que tiene Estado mexicano, pero es el sistema de procuración e impartición de justicia el que ha sido el cuello de botella prácticamente en todos los temas de máxima preocupación para ese organismo.

Al presentar el capítulo México del informe mundial de AI de 2010, El estado de los derechos humanos en el mundo, Herrera destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a las otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan años importantes de su vida.

De la misma manera, subrayó Herrera, se actúa ahora en Campeche contra los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, quienes cumplieron 13 días en huelga de hambre en la prisión donde los tienen recluidos desde hace 10 meses.

En el tema migratorio, dijo, las autoridades han reprobado adecuadamente la ley Arizona, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pero se han escuchado pocos pronunciamientos en los cuales se reconozca con la misma contundencia que en México se cometen abusos graves y generalizados contra centroamericanos.

La evidencia recuperada por AI es escandalosa: las y los migrantes que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios.

Refirió que el caso del defensor Raúl Hernández, preso de conciencia, recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, “significa una importante deuda más en materia de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. Su injustificada detención prolongada ya por más de dos años ha sido motivo de un llamado reciente por parte del Congreso de las Unión al procurador general de justicia del estado de Guerrero para que revalore las pruebas en su contra.

AI espera que este órgano de investigación presente conclusiones no acusatorias en favor de Raúl Hernández una vez terminado el periodo de instrucción, reconociendo con ello su inocencia, abundó Herrera.

Subrayó que la rendición de cuentas no será una realidad en nuestro país mientras no se modifique el fuero militar para garantizar que todo abuso contra un civil cometido por las fuerzas armadas sea investigado y juzgado por la justicia civil.

Añadió: la justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra las y los migrantes irregulares en el país, a quienes hostigan y persiguen a defensores, a quienes agreden en ocasiones hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados.

Notas relacionadas: Clica AQUÍ

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas

· Desde el levantamiento zapatista se busca debilitar las bases del movimiento, documenta

Elio Henríquez / La Jornada 28/05/2010

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de mayo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Cdhfbc) aseguró que está documentado y probado que la estrategia contrainsurgente en Chiapas sigue aplicándose, 16 años después del levantamiento zapatista.

Se utilizan ampliamente recursos políticos, sociales, judiciales, sicológicos y mediáticos para justificar su accionar y su implementación, señaló en su informe anual el organismo que fundó y preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García.

Sostuvo que en Chiapas la Iniciativa Mérida ha contribuido a agudizar el conflicto armado no resuelto y si bien la “estrategia contrainsurgente derivada del ‘plan’ se tramó desde las cúpulas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en este último periodo se ha consolidado como política de Estado”.

Esta estrategia, continúa, se ha enfocado a debilitar las bases sociales sobre las que se sostiene la insurrección armada, además de a legitimar las arbitrariedades de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.

Los rostros de la contrainsurgencia, dijo, los configuran una gama de actores cuya intervención en el escenario de guerra ha dejado al descubierto su verdadero rol, como instituciones gubernamentales de inteligencia civil y miliar, fuerzas armadas y policiacas mixtas, grupos paramilitares, operadores políticos de gobierno, dependencias oficiales y medios masivos de comunicación.

Represión

En el informe, presentado por Ruiz García, además de Diego Cadenas, director del organismo, y por Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos, manifestó que el incremento de la represión y criminalización evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil.

El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación ilegal de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos, aseveró.

El Cdhfbc también expresó que la intrusión del gobierno mexicano en los espacios sociales para ejercer control y su interés por apropiarse del territorio de los pueblos, se deben a intereses fácticos dirigidos a beneficiar a las altas esferas del poder político y económico. Para ello el gobierno está implementando una política que desarrolló a través de una estrategia contrainsurgente y acciones represivas con vertientes políticas, culturales, sociales, judiciales y sicológicas.

La lógica del gobierno consiste en criminalizar a las personas, movimientos sociales o comunidades que se organizan y se oponen al sistema económico, indicó.

Abundó: En Chiapas la imposición de este sistema de exclusión se ha traducido en muertes violentas, desplazamientos forzosos, cateos ilegales e incursiones militares y policiacas a comunidades, vinculación de defensores y líderes sociales con supuestas organizaciones delincuenciales.

Según el Centro de las Casas, al defender su autonomía, territorio y recursos naturales, las comunidades y organizaciones representan un obstáculo a los intereses del gobierno mexicano que busca implementar proyectos que considera de gran visión, como el México 2030, que contempla la privatización de la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera.

Ruiz García dijo que se tiene que acompañar a aquellos que sufren violaciones a sus garantías para que haya no solamente el reconocimiento de esos derechos sino el cambio de las situaciones dentro de las cuales se violan.

Añadió: no solamente es la constatación de cosas que pasaron y se han sufrido sino las expectativas de un cambio al denunciar esas violaciones. Esperamos de esta manera ir contribuyendo poco a poco a la construcción de una nueva sociedad donde haya justicia, verdad y fraternidad.

Notas relacionadas: Clica AQUÍ

27/5/10

Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles

Amnistia Internacional

· Ejecuciones, desaparición forzada y tortura, entre los delitos denunciados
· En México sigue muy arraigada la impunidad, revela en su informe anual

La organización detalla en su informe el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares en tareas policiacas · Foto Ap

Víctor Ballinas / La Jornada 27/05/2010

En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.

La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que en México continúa muy arraigada la impunidad en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 siguen paralizadas.

AI mencionó que familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos.

Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro.

Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción.

Por otra parte, AI precisa que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.

Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.

Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por casos confirmados de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.

La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.

En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia.

La Sedena reconoció en mayo del año pasado que se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio.

De igual manera, enfatiza que en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura.

Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.

Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.

En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban.

AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.


Procuración de justicia, cuello de botella para México: AI
Víctor Ballinas / La Jornada 27.05.2010

· Está pendiente, entre otros temas, que la PGR explique las razones por las cuales se encarceló injustamente a las tres indígenas ñañú.

México, DF. Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional, sección México, aseveró que “son muchas las deudas en materia de derechos humanos que el Estado mexicano debe enfrentar, sin embargo, en definitiva el sistema de procuración e impartición de justicia es el cuello de botella de todos los temas de máxima preocupación para esta organización".

Un día después de haberse dado a conocer el informe anual mundial, la representación en nuestro país de ese organismo precisa que entre otros pendientes, la Procuraduría General de la República debe explicar sus razones por las que acusó injustamente a Jacinta, Teresa y Alberta, mujeres ñañú que fueron excarceladas por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Información relacionada:

· Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero
Abel Barrera Hernández* / La Jornada 27/052010
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/27/index.php?section=opinion&article=020a2pol

· Soldado violador podrá quedar libre tras ser juzgado por tribunal militar
Jesús Aranda / La Jornada 27/05/2010
La justicia del DF lo habría condenado a 10 años de prisión
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/27/index.php?section=politica&article=013n3pol

· Focos rojos en cinco naciones de AL; los gobiernos escatiman esfuerzo
La condena contra Fujimori, de los pocos avances en la región
Armando G. Tejeda / La Jornada 27/05/2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/27/index.php?section=politica&article=003n1pol

· Las potencias mundiales, lejos de ser un ejemplo
Armando G. Tejeda / La Jornada 27/05/2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/27/index.php?section=politica&article=003n2pol

· Reclaman ONG erradicar la desaparición forzada de personas
Llaman al Estado a castigar a culpables y reparar daños
Gabriel León Zaragoza / La Jornada 27/05/2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/27/index.php?section=politica&article=012n2pol

Presenta Frayba Informe de DDHH Chiapas 2009

Presentan del Balance Anual en las instalaciones del Frayba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME 2009

Capítulo 1

EJERCICIO DEL DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN

Los pueblos indígenas y campesinos demuestran que la autonomía es un camino que se construye, se reinterpreta y se resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias. La autonomía se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos en contraposición a la lógica del sistema capitalista y su ideología de desarrollo basada en la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales. Proyectos impulsados por este sistema, como el Proyecto Mesoamérica con sus programas de infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza.

Con los proyectos de infraestructura, el gobierno tiene la intención de despojar de la tierra a los pueblos y comunidades, en su mayoría indígenas, bajo el discurso del “desarrollo”. Sin embargo, su concepto de desarrollo supone la venta para el turismo de la gran diversidad biológica y cultural del Estado de Chiapas, de la cual se beneficiarán inversionistas internacionales y nacionales. Su estrategia consiste en convertir la tierra en mercancía, reduciendo a los pueblos y comunidades a mera servidumbre del turismo “alternativo”, “desarrollista” y otros conceptos que implican un nuevo modelo de colonización.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y otras de sus dependencias, ha obviado el problema relacionado con la tierra y ha fomentado conflictos en diferentes regiones del Estado, por ejemplo, otorgando tierras recuperadas a peticionarios afines a su proyecto de privatización valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).

En Chiapas, los gobiernos federal, estatal y municipal utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales de la región. La represión contra los pueblos que históricamente han poseído la tierra donde se han desarrollado culturalmente ha aumentado, y los derechos a la libre determinación y al territorio de los pueblos indígenas se están violando de manera sistemática.

En los 21 años de trabajo de este Centro de Derechos Humanos hemos documentado que la estrategia de despojo utilizada contra los pueblos indígenas de Chiapas tiene como objetivo final la imposición de la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades. Sin embargo, a pesar de esta estrategia los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio.

Durante el período que reporta este Balance, la participación de diferentes pueblos y organizaciones en espacios estatales, regionales y nacionales ha generado mayor articulación, solidaridad e intercambio de experiencias para fortalecer los procesos de defensa de los derechos a la tierra y territorio. Además, organizaciones y personas, tanto nacionales como internacionales, han expresado su apoyo a las comunidades y organizaciones cuyos derechos han sido violados realizando acciones de difusión y denuncia en sus lugares de origen, como charlas, divulgación de información, debates, proyecciones de películas y documentales, manifestaciones, acciones de cabildeo, etc.

En relación al medioambiente, a nivel nacional la lucha contra el calentamiento global y la protección ambiental ha generado nuevas políticas en los Estados que están propiciando “alternativas” anunciadas como “ecológicas y sociales”, como los agrocombustibles y el maíz transgénico. En este sentido, los gobiernos federal y estatal apoyan proyectos de monocultivo para agrocombustibles sosteniendo que son una oportunidad para el desarrollo económico y social de las comunidades de los estados más pobres como Chiapas.

En el actual contexto de globalización, el cultivo del maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. El objetivo consiste en que los pueblos pasen a depender de las empresas transnacionales para su alimentación y sobrevivencia y se inserten en la lógica capitalista consumista. Estas alternativas son un peligro para el medioambiente así como para los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la consulta, a la tierra y al territorio.

Este Centro ha confirmado en el 2009 cómo el gobierno mexicano ha continuado con el patrón violatorio a los derechos humanos del desplazamiento interno. En la Biosfera Montes Azules, desde los años 90 los gobiernos federal y estatal han implementado desalojos a comunidades indígenas que llevaban décadas asentadas en la región. Durante el periodo que se reporta se documentaron y denunciaron dos nuevos desalojos. Estos hechos forman parte de la estrategia oficial de despojo, exclusión y discriminación bajo el argumento de “conservación del medio ambiente”, pero cuyo interés real es la inversión nacional e internacional en los ámbitos del turismo y la investigación. El Estado mexicano sigue promoviendo el despojo y la incertidumbre jurídica, lo cual afecta seriamente la posibilidad de que los pueblos indígenas forjen un proyecto de vida digna.

La autonomía es el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias formas de organización, gobierno y proyecto de vida. Sin embargo, en México los pueblos se enfrentan a grandes dificultades en la construcción y ejercicio de su autonomía debido a la negación del Estado mexicano a reconocerlos como sujetos de derecho.

Ante las demandas de autonomía de la población indígena, el Estado mexicano se ha limitado a ofrecer subvenciones paternalistas mediante programas de gobierno que crean dependencia y que utiliza en un sentido mediático para el control político y contrainsurgente.

La libre determinación implica que los pueblos asuman el control de su territorio, de la procuración y administración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos naturales de sus territorios.

Los sucesos ocurridos durante este año demuestran que el gobierno pretende llevar a cabo sus planes de privatización y globalización pasando por encima de la vida y el respeto a los pueblos indígenas, valiéndose de sus grupos e instituciones afines para lograr tal objetivo. Como consecuencia, los intereses económicos externos contribuyen a reprimir el derecho a la autonomía, un derecho integral cuyo ejercicio afecta todos los ámbitos de la vida comunitaria.

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Capítulo 2

CRIMINALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El gobierno mexicano está implementando una estrategia coercitiva y de control hacia cualquier forma de inconformidad social en lo económico, social y político, que pone en evidencia su estrategia de imposición con la implicación de los poderes de la unión en complicidad con los poderes fácticos del Estado. Por un lado modifica las leyes para suavizar y facilitar el acceso de las empresas transnacionales a los recursos, y por otro endurece las leyes penales con el fin de reprimir cualquier obstáculo a estos intereses.

Un ejemplo son las reformas legislativas al artículo 27 constitucional y a las leyes secundarias que derivan de éste, modificadas con la finalidad de sintonizar con un marco jurídico adecuado para facilitar el despojo territorial de los pueblos, lo cual implica un retroceso de las conquistas sociales conseguidas gracias a la Revolución Mexicana.

La violencia generada con motivo de la lucha contra el narcotráfico permitió abrir el abanico legislativo óptimo para la construcción de un gobierno represor. Esto se observa claramente en las reformas a los artículos 14, 16 y 21 constitucionales que enduren las leyes penales, y su replicación en las legislaciones y reglamentos de las entidades federativas. Los poderes ejecutivo y judicial, a través de sus órganos de procuración y administración de justicia, aprovechan estas reformas legislativas como argumentación legal para perseguir, arraigar y encarcelar a integrantes de movimientos sociales, sobre todo a quienes trabajan por la defensa y reivindicación de los derechos al territorio.

El gobierno mexicano violenta los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos criminalizando su labor, señalándolos como presuntos delincuentes subversivos, hostigándolos mediante vigilancia, o integrándolos en informes que filtran a los medios de comunicación con la finalidad de desacreditar la defensa de los derechos humanos.

Esta afirmación la confirma el informe del 2009 sobre la situación de las y los defensores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, donde en su capítulo V considera que los riesgos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos se deben a los siguientes factores:

“Incremento de la violencia e inseguridad que representa la actuación del crimen organizado; la falta de claridad en la legislación sobre seguridad por parte del Estado mexicano, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Campañas de desprestigio donde los prejuicios que aún existen en torno al trabajo de los y las defensores de derechos humanos los clasifica como delincuentes o protectores de estos; el uso de las autoridades locales de los medios de comunicación para descalificar el trabajo de los defensores y poner en duda su trabajo.

El mensaje de impunidad en donde, de los 128 casos de presuntas agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, únicamente en dos ocasiones se ha procesado judicialmente a los probables responsables, resultando en un nivel de impunidad del 98.5%.”

A pesar de los hechos de hostigamiento y tortura señalados, las defensoras y defensores de derechos humanos continúan con su labor de acompañar y defender el ejercicio pleno de los derechos humanos en Chiapas.

Por otra parte, las personas que son privadas arbitrariamente de la libertad por agentes adscritos a los órganos de procuración y administración de justicia se vuelven vulnerables a actos de coerción y tortura por parte de la policía, de funcionarios del Ministerio Público y de funcionarios judiciales.

En Chiapas este problema se ve agravado por la dificultad de obtener pruebas médicas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por la falta de investigación y protección por parte del poder judicial una vez los detenidos denuncian los abusos. Los médicos forenses que evalúan la condición física de los detenidos son empleados del Ministerio Público, órgano al cual pertenecen los agentes frecuentemente responsables de cometer los abusos. Como resultado, los informes realizados por tales médicos no son confiables. Además, cuando un acusado desea impugnar las pruebas forenses del Ministerio Público, el juez concede menor peso probatorio a los estudios o exámenes de médicos o especialistas privados que a los realizados por los servicios forenses oficiales, por lo que es prácticamente imposible para un acusado aportar pruebas de tortura evidentes y claras para que el tribunal investigue.

La política de combate al narcotráfico implementada por el titular del ejecutivo federal en contra del crimen organizado no ha quedado sólo en el plano militar, sino también en el ámbito jurídico al decretarse la reforma constitucional de junio de 2008. En dicha reforma se incorporó como figura jurídica constitucional el arraigo que, de acuerdo con el discurso oficial, se aplicará exclusivamente a los miembros de la delincuencia organizada y bajo el más estricto control judicial. Sin embargo, tal y como señala la Organización Mundial contra la Tortura, esta figura jurídica crea un “subsistema de excepción para las personas acusadas de formar parte de la delincuencia organizada, lo cual limita sus derechos procesales”, y además “facilita que sean acusados miembros de movimientos sociales, incluidos defensores de derechos humanos, como participantes de la delincuencia organizada”, lo cual se demuestra en los casos documentados por este Centro en el 2009.

Todo lo anterior ha derivado en un incremento de la represión y criminalización que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil. El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación arbitraria de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos.

Este Centro de Derechos Humanos condena la represión y la criminalización de la protesta social como vías para atender las demandas sociales y de justicia de los pueblos y de las organizaciones sociales. Por ello, este Centro insta a los gobiernos estatal y federal a buscar vías de solución pacificas y dialogadas a las demandas sociales sin poner en riesgo el ejercicio pleno de los derechos humanos, el cual es parte integral de la denuncia y defensa de los procesos y contribuye a construir alternativas de vida más justas y verdaderas.

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Capítulo 3

LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS

La lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos ha sido una dura batalla por la memoria, contra la violencia y contra la discriminación de un sector de la población no minoritario dado que más de la mitad de la población mundial son mujeres.

Los instrumentos internacionales más importantes de las Naciones Unidas en relación a los derechos de la mujer son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la CEDAW, por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, donde los Estados parte reconocen la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW). En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y un año después creó el mandato de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer.

En 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó en la agenda internacional y en los documentos sobre derechos humanos el concepto de violencia por razón de género al instituir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), creándose en el mismo año la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer al interior de ese organismo. La Convención Belém do Pará indica de manera clara que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Al suscribir estos acuerdos internacionales, el gobierno mexicano se vio obligado a reconocer la violencia ejercida en contra de las mujeres y, como consecuencia, a legislar al respecto, emitiendo en el 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, esta ley tiene limitaciones en cuanto a prevención e investigación de los delitos, rehabilitación y resarcimiento de las víctimas, y sanción a las autoridades omisas o negligentes responsables de que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas queden impunes.

En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el estado de Chiapas, no cuenta con un reglamento ni con mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación. En los municipios estas leyes no se aplican ni siquiera en el plano discursivo.

Las reformas al artículo 4 de la Constitución del estado de Chiapas, así como las adiciones a los Códigos Civil y Penal del estado realizadas en diciembre del 2009, tienen serias deficiencias en su armonización con la normatividad internacional relativa a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, tal y como ha sido denunciado por diferentes grupos de mujeres de la sociedad civil.

El gobierno mexicano no ha asegurado plenamente y de manera efectiva los derechos de las mujeres, por lo que el reconocimiento de estos derechos humanos sólo se encuentra en los instrumentos jurídicos pero no en la realidad. Por ello, los movimientos de mujeres trabajan para adecuar la legislación de manera que garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

El sistema patriarcal dificulta que las mujeres asuman una vida independiente y valorada socialmente. Cuando surgen situaciones de violencia contra la mujer en la familia se genera un estado de vulnerabilidad, el cual se agrava cuando la mujer mantiene una relación de dependencia con el hombre agresor, por lo que no puede abandonarlo fácilmente. Aun existe una idea distorsionada de la intimidad familiar que justifica al agresor. Este círculo de violencia y de impunidad cuenta con el apoyo social dado que todavía son aceptadas estas prácticas agresivas y violatorias de los derechos de las mujeres. El círculo se cierra cuando las normas jurídicas que deben aplicarse en estas situaciones son inadecuadas o cuando se utilizan sin la sensibilidad y perspectiva de género necesarias. Las leyes son concebidas por un poder legislativo permeado por los prejuicios machistas y patriarcales imperantes.

Pese a esta cultura dominante, el empoderamiento de las mujeres para defender el respeto a sus derechos es cada vez mayor, lo cual constituye un símbolo de esperanza. El simple hecho de que las mujeres denuncien cada vez con más frecuencia todo acto que fomente la violencia hacia ellas es una muestra de valentía que va rompiendo con el círculo vicioso.

En Chiapas, el Código Penal históricamente no ha tipificado la violencia contra la mujer como delito, poniendo en peligro su integridad y fomentando el desistimiento de la queja cuando la interponen. Este vacío en el Código Penal chiapaneco es discriminatorio y permite la impunidad ya que proporciona argumentos a las instituciones de procuración de justicia para no visibilizar esta violación del derecho a una vida libre de violencia. En el Código Penal el delito de violencia familiar cubre el vacío del delito de violencia contra la mujer, lo que demuestra que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas no cuenta en la práctica con mecanismos que hagan posible su aplicación.

Aunado a lo anterior, la impunidad es el principal problema que se observa ante las denuncias interpuestas por mujeres ya que el Estado mexicano no realiza eficazmente sus deberes de investigación, prevención y sanción. Asimismo, no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresados en diversas observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales como la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Convención Belém do Pará, la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing. Este Centro de Derechos Humanos ha documentado que en las denuncias presentadas por mujeres en situaciones de violencia doméstica o familiar, tanto los jueces como el Ministerio Público, al dictar sentencia o consignar, minimizan el daño psicológico en su valoración de los derechos violentados y no lo consideran como parte del tipo penal o de la reparación del daño.

Por otra parte, la autoridad procuradora de justicia a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones, por considerarlas menores o simplemente porque la sobreviviente de violencia, al desconocer sus derechos, no los solicitó. Cuando el perpetrador de la violencia es un servidor público se acentúan estas omisiones.

La ineficacia del sistema judicial, su inadecuada aplicación de los preceptos nacionales e internacionales y la discriminación que se ejerce contra las mujeres, demuestra violencia institucional. La violencia es tolerada de una manera sistemática por los órganos del Estado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas considera que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas internacionales. El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de las mujeres implica una necesaria transformación social y de las relaciones entre hombres y mujeres. Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, nuestras acciones en contra de ésta deben empezar en nuestro entorno más próximo.

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Capítulo 4

ROSTROS DE LA CONTRAINSURGENCIA EN CHIAPAS

Para la implementación de la Iniciativa Mérida en México, el gobierno de Estados Unidos entregó 1,300 millones de dólares para “combatir” la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, lejos de alcanzar los objetivos propuestos, el “apoyo” del país del Norte se ha traducido en la militarización de la vida civil, el incremento de la violencia y, de facto, en la normalización del estado de sitio.

En ese contexto, defensores de derechos humanos y activistas sociales han denunciado que la Iniciativa Mérida genera la cobertura necesaria para aumentar la criminalización de la lucha social y la defensa de derechos, reforzando la guerra integral de desgaste en los estados del sureste de México.

En Chiapas, la iniciativa Mérida ha agudizado el Conflicto Armado Interno no resuelto. Si bien la estrategia contrainsurgente derivada de este “plan” se tramó desde las cúpulas de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), en este último periodo se ha consolidado como política de Estado para intentar legitimar la acción de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.

Distintos son los esfuerzos e intentos de los gobiernos federal y estatal por vincular a las organizaciones insurgentes, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sociales, con células, grupos o carteles del narcotráfico. Tal parece que la estrategia contrainsurgente comenzó a ejecutarse en los estados del Norte de México, para ir extendiendo el escenario de “normalización” de la violencia a lo largo de todo el país hasta alcanzar el “teatro de operaciones” de los estados del sur, zona donde el gobierno mexicano intenta dar una salida violenta al conflicto armado bajo el argumento del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Este “plan” que ya comenzó a operar en Chiapas ha sido documentado por este Centro de Derechos Humanos y en el año 2009 observamos patrones que configuran las estrategias de la contrainsurgencia y los rostros de sus actores, cuya intervención en el escenario de la guerra ha dejado al descubierto su verdadero rol. Hablamos de:

• El trabajo de “inteligencia” civil y militar: los documentos titulados “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”, “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas” y “Ficha informativa de José Chema (a) ratón” a los que ha tenido acceso este Centro de Derechos Humanos, dan cuenta de las tareas de persecución, espionaje, vigilancia e intervención telefónica y de correo electrónico dirigidas a integrantes de organizaciones civiles y sociales en Chiapas, confirmando la implementación de la estrategia contrainsurgente mencionada al asociar a “grupos delincuenciales” con organizaciones de derechos humanos y líderes de movimientos sociales.

• El descontrol militar: con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, las fuerzas armadas han asumido tareas de seguridad pública violando la Constitución mexicana y varios tratados internacionales. Esta supuesta “lucha” se ha transformado en una guerra del gobierno mexicano contra todo aquel que no demuestre ser inocente, y sus costos humanos han demostrado su fracaso. Esta guerra iniciada en el Norte de México repercute hoy en los estados del Sur, donde el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas ha traído como consecuencia un incremento alarmante de violaciones graves a los derechos humanos y ha puesto al descubierto el interés por el control del territorio como estrategia para imponer un Estado de excepción.

• La reacción paramilitar: aunque el Estado mexicano no ha reconocido la existencia de grupos civiles armados, paramilitares y de corte paramilitar en Chiapas, innumerables testimonios dan cuenta de las acciones que estos grupos han cometido en complicidad y con la protección de autoridades de distintos niveles de gobierno. En el documento “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas”, con membrete de la Secretaría General de Gobierno, se reconoce que estos grupos se han sostenido “bajo el rubro y disfraz de apoyos para proyectos productivos (…) provenientes de recursos públicos (de la federación y el estado) como la Secretaría del Campo y la Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas”.

• Los recursos políticos: las instituciones oficiales y los servidores públicos no han cumplido con su función de garantizar el “desarrollo social”, así como la procuración y administración de justicia. Este Centro de Derechos Humanos ha documentado cómo distintos funcionarios del gobierno han contribuido a polarizar conflictos sociales con el objetivo de debilitar la organización civil y pacífica de quienes reivindican sus derechos colectivos.

• Des-información en medios: a través del Instituto de Comunicación Social, el gobierno estatal ha hecho “uso” de los medios de comunicación para difundir información tergiversada, anulando así su función social de informar con veracidad a la opinión pública y reduciendo las posibilidades de diálogo, reconciliación y transparencia para la resolución de asuntos enmarcados en el Conflicto Armado Interno no resuelto. El discurso oficial coincide con lo que establece el Plan de Campaña Chiapas 94’, donde figura como objetivo que “el Gobierno del Estado junto con otras autoridades debe aplicar censura y control sobre los medios de difusión masiva”.

Durante el 2009, estos son algunos de los patrones documentados que configuran la estrategia contrainsurgente. En ese sentido, un apoyo fundamental ha sido la denuncia y postura que asumen distintas personas, comunidades, colectivos, grupos, instituciones y organismos de derechos humanos solidarios para desenmascarar los nuevos rostros de este plan, disfrazado bajo el pretexto de un supuesto estallido social en el año 2010. Así, se pretende ocultar la estrategia contrainsurgente tras la política oficial utilizando el eje discursivo de la “lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La aplicación de la política contrainsurgente a través de los distintos niveles de gobierno agrava el incumplimiento de las obligaciones de los gobiernos federal y estatal de garantizar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. En Chiapas, las violaciones a los derechos humanos son cada vez más preocupantes y los responsables materiales e intelectuales gozan de impunidad mientras el gobierno mexicano proyecta en el exterior una imagen de país respetuoso de los derechos humanos, una simple cortina de humo para ocultar su política interna.

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Capítulo 5

LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA DESDE LA MEMORIA HISTÓRICA

El sistema de justicia en México se encuentra al servicio de los intereses de los poderes dominantes, en la práctica no existe la separación de poderes, y la justicia se acuerda o se ordena desde las altas esferas de la clase política. Por motivos como estos, los pueblos construyen su propia justicia en el recordar y no olvidar. Esta es la base de su lucha para alcanzar una vida digna, para exigir que no se repitan violaciones a los derechos humanos como los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chiapas, y para recordar a los responsables, a las víctimas y a los sobrevivientes, así como las causas de las violaciones.

Los pueblos combinan herramientas jurídicas y políticas para contar su historia, para defender su visión sobre sí mismos y para socializarla de tal modo que el pasado continúe siendo en el presente un elemento movilizador que fortalezca su ánimo y espíritu en la búsqueda de la verdad, la justicia y la transformación social.

Trabajar sobre la memoria histórica implica recuperar las experiencias de resistencia de los pueblos, comunidades y organizaciones para contrarrestar las dinámicas de dominación y para construir una justicia verdadera que no olvida. Recordar a las víctimas y sobrevivientes constituye un principio determinante para entender el contexto social de Chiapas, escenario de un Conflicto Armado Interno no resuelto.

Durante el periodo que reporta este Balance se han realizado diversos eventos con estos objetivos. Uno de ellos fue el convocado en diciembre por la Sociedad Civil Las Abejas en Acteal, el Foro de Conciencia y Esperanza: Construyendo la Otra Justicia. En él se reflexionó sobre la justicia, se fortalecieron vínculos con otras organizaciones y se intercambiaron experiencias desde la memoria histórica. La Justicia verdadera, con palabras de Las Abejas, no es venganza, sino el testimonio de los ancianos, la sabiduría transmitida de generación en generación por los antepasados que es una fuerza muy poderosa para construir otra justicia, una justicia que toca la conciencia. Este evento se realizó pocos meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgara amparo a 29 hombres (en agosto y octubre) señalados por las personas sobrevivientes como los paramilitares responsables materiales de la Masacre de Acteal.

También durante este periodo, y por primera vez desde la presentación de la demanda por la Masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos integrantes de Las Abejas entablaron conversaciones directas con miembros de la CIDH para exponer la urgencia de que ésta se pronuncie sobre la admisión del caso. Asimismo, la organización fue acreditada como miembro institucional de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, integrado por organizaciones que trabajan en la difusión de valores de paz, democracia y justicia.

Representantes de la Sociedad Civil Las Abejas acudieron también en marzo de 2010 a El Salvador para intercambiar experiencias con sobrevivientes de la guerra civil en aquel país. En sus relatos encontrando patrones comunes en las políticas y estrategias utilizadas por los dos estados, como la guerra psicológica implementada con el objetivo de atemorizar y neutralizar cualquier tipo de libre expresión considerada inconforme.

Otro evento destacado del año fue el Primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad que tuvo lugar en junio en el Caracol IV “Torbellino de Nuestras Palabras”, ubicado en el ejido Morelia. En él igualmente se intercambiaron experiencias para fortalecer las redes de denuncia y romper con el aislamiento. Se señaló a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos, y se recordó a las víctimas y sobrevivientes de las mismas para que la sociedad no olvide, sin dejar de formular querellas en instancias nacionales e internacionales contra los culpables y cómplices de la represión al pueblo y la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Por la Justicia y Contra la Impunidad fue el nombre del Foro celebrado en Oaxaca para compartir estrategias entre organizaciones de diversos estados. En el marco del Foro se exigió el cese a las violaciones de garantías individuales y se establecieron mecanismos de condena pública para sancionar a quienes violentan los derechos humanos.

Durante el año se han realizado otros dos encuentros importantes. En agosto, el pueblo de Masojá Suchjá, municipio de Tila, se reunió para recordar la segunda mitad de los años 90, época en que el grupo Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) operó impunemente generando desolación en las comunidades con muertes, desapariciones y desplazamientos forzosos. El otro encuentro se desarrolló.

En Palenque, en el marco del tercer aniversario de la masacre en la comunidad Viejo Velasco perpetrada por pobladores de Nueva Palestina y aproximadamente 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva. Un mes antes, el Equipo Argentino de Antropología Forense había dado a conocer un dictamen pericial que evidencia las deficiencias en la investigación y la responsabilidad del Ministerio Público en el proceso de levantamiento de las osamentas de los dos presuntos desaparecidos, encontradas en julio de 2007.

Por otra parte, en un artículo publicado en agosto del 2009, la investigadora Kate Doyle dio a conocer documentos desclasificado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), los cuales confirman la presencia paramilitar en los Altos de Chiapas como parte de la política contrainsurgente establecida en el manual Plan de Campaña Chiapas 94 que tenía como objetivo acabar con la organización zapatista, sus simpatizantes y sus legítimas demandas.

Recordamos también en este Balance a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la zona Norte de Chiapas a manos de los paramilitares de Paz y Justicia que, como siempre hemos sostenido y lo confirman documentos del gobierno del estado, gozaron del respaldo e involucramiento de las autoridades de gobierno.

Finalmente, a pesar de los sucesos ocurridos, de que el sistema de justicia en nuestro país ha sido absolutamente ineficaz y violatorio de los derechos humanos, y de que el Estado mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a las numerosas violaciones a los derechos humanos propiciando con ello la impunidad, los pueblos se organizan para contar su histórica y, a partir de ella, iniciar nuevos procesos hacia una defensa social integral de sus derechos y la conquista de una verdadera justicia.

Presentación Balance Anual (resumen. Chiapas Indymedia)

A manera de introducción. En este Balance realizamos un análisis de las violaciones a los derechos humanos que este Centro ha documentado desde abril de 2009 a marzo de 2010. En él damos cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otro tema importante que abordamos en este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que nos oponemos al despojo y destrucción del medio ambiente y a la falta de respeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.
También hacemos públicos en este documento dos informes:
“Grupos Subversivos y Delictivos con presencia en Chiapas”, con membrete de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, y “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”, con membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado.